El gobierno publicó la norma que oficializa el acuerdo entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) para aplicar rebajas de hasta el 25 por ciento del salario neto para los trabajadores suspendidos a raíz de la cuarentena. La resolución 397 del Ministerio de Trabajo anticipa que serán homologadas, previo control de legalidad, las presentaciones conjuntas que efectúen sindicatos con personería gremial y empresas para rebajar salarios. Así, abre la cancha para que se generalicen situaciones que ya venían creciendo día a día, con los sectores de comercio y hoteleros, metalúrgicos y textiles a la cabeza. Son rubros que no están exceptuados de la prohibición de realizar actividades y por tanto tienen a todo su personal suspendido de manera forzosa. Buena parte del sector empresarial va a recibir un subsidio de aproximadamente el 50 por ciento de la nómina salarial, dejó de pagar contribuciones patronales y pospuso el pago de impuestos nacionales y provinciales. A esos paliativos, ahora se suma el recorte de hasta el 25 por ciento del salario normal.

“El monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral no podrá ser inferior al 75 por ciento del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado”, indica el texto firmado por la UIA y la CGT, que forma parte del anexo de la resolución oficial. Ese texto es el modelo que deben presentar ante el Ministerio de Trabajo empresas y gremios que acuerden rebajas salariales para mantener el empleo. “Solamente en esos casos o cuando se establezca un porcentual mayor, la autoridad de aplicación homologará en forma automática los acuerdos que se presenten”, dice la cartera laboral.

En casos en donde el recorte salarial sea más alto, el Ministerio no cierra la puerta a la aprobación, aunque aclara que “serán sometidos a consideración de la autoridad de aplicación a fin de evaluar su procedencia, de acuerdo a la situación del sector o la empresa”. El acuerdo para rebajar salarios puede ser aplicado para la totalidad de la nómina salarial, aunque no opera para los casos de trabajadores “que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento”.

Desde Trabajo justifican la medida diciendo que en este contexto de paralización absoluta de buena parte del aparato productivo, el objetivo principal es evitar que haya despidos. Los acuerdos de suspensión junto al abanico de medidas de apoyo a las empresas y a los hogares, serían un vehículo posible para evitar el quiebre de la relación laboral, que complicaría mucho más una futura reactivación. El canal político adoptado para una medida de este calibre, que es antipática para la mayoría, fue el acuerdo entre la UIA y la CGT. Por otro lado, se critica al gobierno por avalar una decisión que implica el recorte directo de poder adquisitivo en un contexto de aumento de la vulnerabilidad social y franco deterioro del mercado laboral.