Las operaciones exigiendo algo así como la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner –supuestamente para que venga, por fin, la lluvia de inversiones– chocan con el hecho concreto de que CFK siempre estuvo a derecho, no hay hipótesis de que se fugue, ni tiene hoy capacidad de interferir en las causas. Estaba previsto que este viernes el juez Claudio Bonadio le dictara el procesamiento en la causa-colectora denominada Los Sauces, pero algunos dicen que en el juzgado no pudieron terminar el escrito. Las versiones más politizadas señalan que se concretará esta semana, más cerca de la movilización del 24 de marzo. Hay otras cinco causas que rozan a la ex mandataria, pero en ninguna aparece el peligro inminente de una detención. Y, además, ni siquiera CFK perdería su derecho a ser candidata –si así lo desea– en caso de detención. La Cámara Electoral se guía por la norma establecida en el Pacto de San José de Costa Rica que prevé que ninguna persona puede ser impedida de ser candidata a menos que tenga una condena. Incluso están los que piensan que la condena debe ser firme. Hoy por hoy, y hasta dentro de al menos un año, Cristina sólo tiene procesamientos, no condenas (ver aparte).
Semana
En la resolución en la que concedió la eximición de prisión a Florencia Kirchner, el juez Bonadio mencionó el artículo 210 del Código Penal, que pena a quien integra una asociación ilícita. En la llamada a indagatoria en la causa Los Sauces se acusaba a todos los imputados de pertenecer a una organización, pero no se hacía referencia concreta a la figura penal. En ese expediente, Bonadio consideró que incluso los inquilinos de los inmuebles de Los Sauces –Lázaro Báez, Cristóbal López, dos mutuales y otros particulares– son integrantes de la asociación ilícita, aunque tanto Máximo como Cristina Kirchner fueron señalados como los jefes, lo que elevaría la pena mínima a cinco años. La figura, diseñada originalmente contra los sindicatos y partidos de izquierda, es considerada inconstitucional en tanto intenta penar al que supuestamente integra un grupo y no pone todo el peso en el delito que habrían cometido.
En Comodoro Py circulaba la versión de que Bonadio podría ordenar la detención de la ex mandataria apoyándose en la pena como jefa de la asociación ilícita, pero el magistrado lo desmintió en off the record. En realidad, CFK siempre estuvo a derecho y no tiene ninguna capacidad de entorpecer la investigación: todas las oficinas fueron allanadas varias veces insólitamente por orden de dos jueces, Julián Ercolini y Bonadio. Ambos se llevaron toda la documentación, lo que produce una situación inédita: uno de los magistrados utiliza como prueba en contra de los Kirchner la falta de los contratos que, en realidad, se llevó el otro magistrado.
Todo el expediente es de evidente ilegalidad porque Los Sauces era parte de la causa Hotesur. Bonadio fue eyectado de ésta última por irregularidades, pero aprovechó una denuncia de Margarita Stolbizer para meterse otra vez. Y hoy se produce la increíble situación de que ambos jueces investigan si detrás de los contratos de alquiler se esconde una coima.
Bonadio concretó cuarenta allanamientos en los cuales siempre se encontró que los once inmuebles estaban ocupados por los respectivos inquilinos. Uno de ellos, Cristóbal López hizo un detallado análisis demostrando que los valores de los alquileres fueron los de mercado, comparando el costo del metro cuadrado de la oficina que le alquiló a los Kirchner con el costo en otros edificios. Según una pericia contable que se hizo, los alquileres se pagaron con cheques y los cheques se depositaron en dos bancos.
Aún así, nadie duda que esta semana habrá procesamiento para Cristina y para casi todos los imputados, como suele hacer Bonadio con los funcionarios del anterior gobierno.
Original
La causa original, llamada Hotesur, engloba todos los alquileres de las dos sociedades familiares de los Kirchner, incluyendo los departamentos y oficinas de Los Sauces y el hotel Alto Calafate, de Hotesur. Este es el expediente del que fue expulsado Bonadio por convocar testigos sin notificar a las partes, impedir que las defensas vean la causa, ordenar una pericia sin que los imputados puedan designar perito, terminar la pericia y no tomarle declaración al profesional y otras irregularidades.
El juez Julián Ercolini ordenó ahora una pericia completa que originalmente partía de 33 preguntas, 14 de las cuales están referidas a Los Sauces: por ejemplo, cuáles fueron los pagos de Báez y Cristóbal López, que conclusiones salen de los balances de Los Sauces, cuánto personal activo y pasivo tiene la empresa. O sea que Ercolini y Bonadio investigan lo mismo, la misma documentación, casi los mismos testigos.
La pericia ordenada por Ercolini tardará unos dos meses más ya que el fiscal Gerardo Pollicita pidió una ampliación. De manera que todavía no habrá definiciones en este expediente. Por ahora, las polémicas más serias surgen de la contabilidad: el contador Víctor Manzanares argumenta que en sociedades familiares como las de los Kirchner no hay que inscribir en el libro Diario todas las operaciones y que existen antecedentes que convalidan esa forma de llevar los libros contables. De todas maneras, todos los alquileres y pagos se pueden rastrear a partir de los depósitos bancarios.
Lo concreto es que esta causa está lejos de una definición.
Obras
Hasta ahora, CFK fue procesada en dos causas: la de obra pública y la llamada dólar-futuro. La de obra pública está referida únicamente a las obras viales de Santa Cruz, un expediente asombroso en todos los aspectos:
- No surgió de una pericia sino de un estudio hecho por autoridades macristas de Vialidad.
- No se investigó toda la obra pública, sino únicamente las de Santa Cruz y en especial las adjudicaciones a Lázaro Báez.
- El estudio macrista de Vialidad ni siquiera detectó irregularidades, más bien fue elogioso con el trabajo de las empresas de Báez.
- Lo más llamativo es que CFK no era gobernadora de Santa Cruz sino presidenta. Y no fueron procesados los gobernadores –responsables de adjudicar y controlar la obra pública en su provincia– ni los jefes de gabinete, que firmaron las extensiones presupuestarias a raíz de modificaciones en las obras o aumentos de precios.
- Y aún más grave es que casi la principal acusación es que a Santa Cruz se le otorgó el doce por ciento de la obra vial, más que otras provincias. La realidad es que Santa Cruz ocupa casi el once por ciento de la superficie del país, lo cual hace bastante proporcional la adjudicación. En todo caso, se trató de una decisión política, en que las obras figuran en los presupuestos que se votaron en el Congreso. Esto ya convierte la causa en esencialmente política, porque no hubo obras pagadas y no terminadas, las adjudicaciones fueron por licitación, Vialidad no estableció la existencia de sobreprecios ni aparecieron otras irregularidades.
Todos los imputados apelaron el fallo del juez Ercolini y la Sala I de la Cámara Federal convocó a una audiencia para tratar el recurso el 30 de marzo. De manera que en este expediente puede haber novedades recién a mediados o fines de abril.
Dólar
La causa dólar-futuro, en la que CFK tiene un procesamiento confirmado, condena a una política económica: la operatoria de dólar futuro dispuesta durante el gobierno de Cristina para evitar una corrida cambiaria y una devaluación que –según alegan los imputados– hubiera producido un fuerte golpe en el salario real. La evidencia es que después el gobierno de Mauricio Macri concretó la devaluación y derivó en una pérdida para la mayoría de la población.
La causa es esencialmente política, además, porque a ninguno de los funcionarios –Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los directores del Banco Central– se los acusa de haber ganado dinero con la operatoria. Justamente quienes sí hicieron ganancias fueron hombres del gabinete de Macri, que en su papel de empresarios compraron dólar-futuro y luego, ya en el gobierno, aumentaron la cotización.
CFK ha dicho que quiere que el juicio oral se haga cuanto antes porque quiere responder con una alegato político a lo que fue una acusación política de Bonadío. El magistrado se consideró en condiciones de establecer, por ejemplo, cual es el valor natural del dólar, tomando en cuenta su cotización en Nueva York.
Hoy por hoy, varios de los imputados apelaron a la Cámara de Casación, que tendrá que resolver esos recursos. Sin embargo, mientras tanto Bonadío elevará la causa a juicio. Posiblemente lo haga durante el mes de abril. La lógica indica que el juicio oral se haría en 2018, ya que los tribunales orales tienen otras prioridades, como los juicios en los que hay detenidos y los juicios por delitos de lesa-humanidad. Sin embargo, la política domina todo el fuero federal y resultó asombrosa la movida para ubicar cuanto antes juicios como el que se le seguirá a Guillermo Moreno por las chucherias anti-Clarín: se elevó a juicio en noviembre y se intentó hacer en febrero, aunque ahora podría quedar para el mes próximo.
Memorándum
Es otra causa política en la que se enjuicia a CFK y al ex canciller Héctor Timerman –ambos defendidos por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort– por el tratado firmado con Irán y que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso. Como en casi todos los casos que tienen que ver con la ex presidenta hay dos expedientes que tratan sobre lo mismo y que tramitan en dos juzgados distintos. Bonadio instruye una causa por traición a la patria, en la que incluso están denunciados todos los diputados y senadores. Y Ariel Lijo instruye lo que fue la denuncia original de Alberto Nisman, presentada unos días antes de morir.
Más allá de algunos vericuetos, lo cierto es que Lijo pedirá la unificación de ambas causas y le exigirá a Bonadio que se aparte. Todo indica que Bonadio no aceptará ese pedido y deberá resolver la Cámara.
Mientras tanto, Lijo derivó la instrucción al fiscal Pollicita quien, por ejemplo, pidió un entrecruzamiento de todas las llamadas de CFK, lo que significa producir miles de planillas pero que, además, sólo pueden conducir a armados en base a especulaciones: que la ex presidenta habló con tal para beneficiar a los iraníes, sin que haya ninguna elemento de prueba concreto. Pollicita también pidió que se tome declaración al ex titular de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, quien ya señaló en The Wall Street Journal y en PáginaI12, que nunca hubo ninguna gestión del gobierno argentino para levantar las capturas con alertas rojas o de favorecer a los sospechosos iraníes por cualquier via. Se supone que el testimonio de Noble debería demoler la acusación política, pero es un expediente en el que ponen el acento no sólo el gobierno de Macri, sino también la derecha norteamericana e israelí, la AMIA y la DAIA.
El mensaje es que debe ser condenado cualquiera que se salga de la política internacional dictada por los poderosos e intente firmar acuerdos con Irán, pese a que lo mismo hicieron hace más de un año Estados Unidos –en tiempos de Barak Obama–, Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido.
Sea como fuerte, es un expediente que recién empieza y cuya instrucción va a demorar meses.
Revoltijo
Como se ve, existe una calesita judicial que se mueve al compás de la política y en la que parece no haber ningún problema si dos, tres o más jueces tienen el mismo objeto procesal, algo que –según los juristas memoriosos– no registra antecedentes.
El carrousel hace pensar, por ejemplo, que el procesamiento por Los Sauces no se hizo el viernes porque se concretará más cerca del 24 de marzo, justito cuando se haga la marcha. Son especulaciones que demuestran que está extendido el pensamiento de que el aparato judicial-político-mediático trata de compensar con alguna tapa las malas noticias cotidianas.
