Un tribunal mendocino hizo lugar al pedido de la denunciante

No podrán trasladar al cura denunciado

La mujer dijo que aunque el abuso ocurrió hace mucho, decidió presentar la demanda porque el cura volvió a acosarla.

La justicia de Mendoza ordenó al arzobispado de esa provincia evitar el traslado del sacerdote Daniel Alberto Sardá, quien está siendo investigado en una causa por abuso sexual pero enmarcada dentro de la ley que castiga hechos de violencia de género, confirmaron este jueves voceros eclesiásticos y de la querella. La decisión fue tomada por la jueza civil y comercial María Eugenia Ibazeta, a cargo del juzgado número 3 de Mendoza, quien en un escrito presentado en el arzobispado pidió que "proceda a evitar el traslado del sacerdote Daniel Alberto Sarda fuera del radio de este tribunal mientras dure la presente causa".

En un comunicado difundido este jueves, el arzobispado confirma la decisión de la jueza pero aclara que los términos de la denuncia "nos resultan desconocidos porque nunca fuimos notificados de demanda alguna".

Según contó a la prensa el abogado Carlos Lombardi, representante de la denunciante, "los hechos ocurrieron cuando ella era adolescente y aunque ahora es una mujer adulta, preferimos hacer una denuncia civil porque hay que respetar su tiempo para enfrentar una causa penal". Lombardi es representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de la Argentina. 

La demanda fue presentada a principios de marzo contra Sardá, cura en la localidad de El Algarrobal y capellán auxiliar en un penal de mujeres. Según consignan medios de prensa locales, la denunciante decidió dar los pasos legales a partir de que el sacerdote, tras un encuentro casual en la calle, comenzara a acosarla y "se lo encontrara, como por casualidad, en todos lados y a todas horas". La situación se le hizo insostenible. La causa recién se activó en la última semana cuando comenzó a funcionar otra vez el Poder Judicial de Mendoza, tras la suspensión dispuesta por la pandemia de coronavirus.

La medida judicial responde a un pedido de la denunciante, ya que es habitual que los sacerdotes investigados por abuso sean trasladados a otras jurisdicciones, tal como ocurrió con los curas del Próvolo, denunciados en Verona, Italia, y en La Plata, hasta que finalmente fueron condenados por hechos cometidos en el instituto de Mendoza.

De acuerdo a lo que explicó Lombardi, la demanda es por daños derivados de violencia de género, que en este caso sería el supuesto abuso que sufrió la joven, enmarcado dentro de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Además, de un resarcimiento económico por "los daños psicológicos y morales derivados de los abusos", la mujer pidió a la justicia que el sacerdote evite acercarse a los lugares que ella frecuenta, precisó Lombardi. Es de que acuerdo a lo que contó el abogado, la mujer decidió iniciar la causa luego de haberse cruzado con el sacerdote. "Fue entonces cuando revivió su trauma", dijo.

Edgardo Fretes, vocero del arzobispado aseguró que "indudablemente no hay elementos para acusar al sacerdote porque de lo contrario hubieran hecho una denuncia penal". Y se quejó porque hasta el momento ni el sacerdote ni los abogados del arzobispado "han visto la causa, ni siquiera sabemos el nombre de la víctima", quien aparece mencionada sólo por su nombre y no su apellido.

Sardá, mendocino y de 57 años, fue ordenado sacerdote en 1992. Actualmente, el cura se desempeña como vicario parroquial en las capillas Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes y la Medalla Milagrosa, todas en El Algarrobal, una localidad en el departamento de Las Heras. Además, integra el Equipo para la Formación de los sacerdotes y es capellán auxiliar en la Unidad III del Penal de Mujeres y del Régimen Abierto de Mujeres (RAM).

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