Fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial

Deberán sacar presos de Piñero

El tribunal dio plazos para eliminar la sobrepoblación. El problema se agudiza: comisarías y alcaidías no tienen vacantes para absorber traslados.
La Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero tiene un excedente de 500 detenidos.La Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero tiene un excedente de 500 detenidos.La Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero tiene un excedente de 500 detenidos.La Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero tiene un excedente de 500 detenidos.La Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero tiene un excedente de 500 detenidos.
La Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero tiene un excedente de 500 detenidos. 
Imagen: Andres Macera

La Corte Suprema de Justicia provincial ordenó que no haya sobrepoblación de presos en la cárcel de Piñero, que tiene una capacidad para 1.448 detenidos y a fines de febrero pasado superaba los 2 mil. En ese sentido, el máximo tribunal le dio un plazo de 15 días al Poder Ejecutivo para que disponga una "propuesta programada" que limite la población carcelaria, "con traslados si es necesario". También estableció otro plazo de 180 días para que provincia y Nación acuerden un mecanismo dar cumplimiento al convenio vigente que limita a 50 los alojados por delitos federales en penitenciarías santafesinas (hay más del doble).

Los ministros de la Corte hicieron especial hincapié en la situación generada por la pandemia, que se agrega al problema original que motivó el trámite judicial, y por lo tanto recomendaron a las autoridades penitenciarias seguir al pie de la letra todos los protocolos necesarios para evitar contagios. 

La decisión de la Corte en la práctica obliga a reordenar todo el circuito de presos alojados en territorio provincial. Si bien este fallo atañe exclusivamente a la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, lo rige el cumplimiento de derechos que son generales y por lo tanto sienta un precedente para cualquiera de los demás centros de alojamiento. 

La situación se agrava si se tiene en cuenta que semanas atrás, el Ministerio de Seguridad adoptó una resolución unilateral por la cual comunicó que no acepta nuevos presos mientras sus instalaciones (alcaidías y comisarías) tengan su capacidad completa. Esto obligó al Servicio Penitenciario a desalojar instalaciones bajo la órbita de Seguridad y trasladar el excedente a sus dependencias.

La Corte resolvió sobre un recurso de queja e inconstitucionalidad del Servicio Público de la Defensa Penal, que llegó a la Corte atacando una resolución del juez de Cámara Javier Beltramone. El camarista había suspendido la ejecución de un fallo de primera instancia del juez Gustavo Pérez de Urrechu de 2017, quien había hecho lugar a un habeas corpus presentado por el anterior defensor General, Gabriel Ganón, en 2015. Pérez Urrechu ordenaba lo que la Corte ahora indica: adecuar la cantidad de presos a la capacidad de las instalaciones.

En ese sentido, voto a voto los distintos ministros revocaron la decisión del camarista Beltramone. Además hicieron una advertencia sobre "la desnaturalización del instituto del habeas corpus" con decisiones judiciales que lo terminan convirtiendo en un espacio que se extiende indefinidamente en el tiempo y, lejos de hacer cesar la afectación de derechos constitucionales que se pretende, terminan agravando y potenciando la lesión de los mismos.

Si bien el juez Falistocco señala que la adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad no va a solucionar el problema de sobrepoblación, es uno de los mecanismos que se recomiendan. El voto de Daniel Erbetta, por ejemplo, indica que, "previo análisis de cada caso particular", debe analizarse la adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad, tanto en la etapa de investigación y juicio como en la etapa de ejecución penal.

En ese sentido recomienda medidas como la prisión domiciliaria con monitoreo digital u otras formas para personas que no representen un riesgo procesal significativo, condenados por hechos de baja lesividad o no violentos, próximos a cumplir la pena o con penas menores a tres años, con especial acento en mujeres embarazadas o madres privadas de libertad con hijos o hijas menores de edad a cargo, inmunodeprimidos o enfermedades crónicas. Deja aclarado que estas medidas deben utilizarse con extrema prudencia y carácter restrictivo en casos de delitos graves. En definitiva, ni asesinos, narcotraficantes, violadores, entre otros.

Así las cosas, ahora es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, del que depende el Servicio Penitenciario, y seguramente apoyándose en el intercambio a través de la Mesa Interjurisdiccional que aborda esta problemática, el que debe proponer una salida a un callejón que parece tener soluciones limitadas, condicionadas por la negativa del Ministerio de Seguridad de recibir nuevos detenidos; la sobrepoblación existente en las cárceles; y las dificultades históricas para que Nación se haga cargo de los presos federales alojados en la provincia, ya que la construcción de la Cárcel Federal de Coronda es un objetivo que lleva décadas y está a medio camino.

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