El 54% de los periodistas de Salta tiene haberes por debajo del salario mínimo vital y móvil, de $16.875, y solo un 10% cobra de acuerdo a las remuneraciones previstas en el convenio colectivo del sector. Además, el 78% de los trabajadores encuestados aporta a la economía familiar, y tres de cada diez periodistas no se encuentran formalmente registrados, lo que conlleva un impedimento para acceder a otros derechos, como obra social, vivienda y aportes previsionales.

La información se desprende de un sondeo realizado por el Sindicato de Prensa de Salta (Siprensal) cuyos resultados fueron difundidos ayer en un comunicado bajo el título "El sueldo del periodista apenas alcanza la línea de indigencia". 

"Se detectó un gran número de trabajadores que apenas superan la línea de ingresos que permite la subsistencia de sus familias. El análisis cuantitativo y cualitativo además arroja el bajo acceso a beneficios sociales", reseñó el Sindicato, que también recordó que por convenio colectivo el ingreso inicial de un periodista debería ser de $24.341, pero "solo un 10% cobra acorde a la norma salarial".

El gremio destacó que se llega a una idea más completa de la situación del colectivo de trabajadores de prensa si se tiene en cuenta que el ingreso mínimo previsto por el Indec para que una familia de tres personas supere el nivel de pobreza es de $35.647. El Sindicato explicó que lanzó el sondeo, vía online, en vísperas del día del periodista con el propósito de "conocer parámetros cuantitativos e indicadores cualitativos respecto a la situación socio económica del colectivo de trabajadores de prensa" y reunir así más elementos para plantear metas y tareas. 

El Sindicato destacó que si bien no puede "desconocer las características extraordinarias del momento histórico difícil que nos toca atravesar a todos como sociedad", tampoco puede menos que movilizarse ante "esta cruda realidad para trabajar más y mejor, en pos de buscar mejores condiciones de vida para el colectivo de les trabajadores de prensa de Salta, cuya realidad es fruto de una arrastre de decisiones de organizaciones y empresas que dejan de lado la integridad y dignidad del trabajador, para privilegiar sus intereses".

El derecho de informar  

La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) puso el eje en la función social de los y las periodistas en un comunicado que inició recordando al periodista Luciano Jaime, asesinado en el marco del terrorismo de Estado el 14 de febrero de 1975, poco tiempo después de que narrara las circunstancias del crimen político del canillita Eduardo Fronda.

"Las y los periodistas de Salta reivindicamos este 7 de junio de 2020 el ejercicio del oficio como testimonio de lo que nosotros mismos observamos, en especial las variadas violencias que sufren quienes habitan la provincia; y reclamamos mayor libertad para informarlo sin presiones", sostuvo APeS.

Y reseñó: "Vemos niñas y niños wichís morir en el Chaco (salteño) porque sus comunidades fueron expulsadas de sus territorios a lugares improductivos por lo que se ven imposibilitados de alimentarlos. Exigimos mayor libertad para testimoniar una de los más grandes dramas de la historia de Salta y para buscar sus causas", reclamó.

Sobre la violencia contra las mujeres, la Asociación sostuvo que "no son casos aislados, sino que responden a mandatos patriarcales que se inician en violencias aún invisibilizadas" y "aspiramos a dar cuenta de la cultura que los legitima y a señalar a sus detentores". 

"Vemos también crecer la pobreza en la provincia y la falta de políticas públicas destinadas a los sectores históricamente vulnerabilizados, y que se manifestó en los últimos días en la toma de terrenos en el sur de la capital salteña. Queremos libertad para investigar por qué la tierra queda en manos de pocos", insistió la organización.

También criticó el decreto provincial 255, que amplía facultades a la Policía de Salta para detener hasta por 60 días a quienes violen normativas sanitarias referidas a la pandemia del coronavirus. "Usamos la mayor de nuestras libertades para reclamar a la Justicia que derogue la norma, que amenaza directamente al periodismo", enfatizó.

Asimismo señaló que desde el inicio de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio "en la provincia se cercenó el derecho a la libertad de expresión y de prensa, negando la participación de las y los periodistas a las conferencias pese a haber sido declarada una actividad esencial por el mismo Presidente de la Nación Argentina".

Y reclamó también por la inequidad en la distribución de la pauta publicitaria oficial. "Vemos cómo, en medio de una situación de recesión y crisis económica, el Gobierno recortó la pauta oficial, sabiendo que es el principal ingreso de periodistas free lance y de pequeños medios de comunicación, atentando contra la posibilidad del libre ejercicio del oficio. Reclamamos públicamente una pauta transparente que haga posible un ejercicio libre y responsable de nuestro oficio". En el mismo sentido, denunció que hay funcionarios municipales y provinciales que "usan recursos públicos como forma de presión a periodistas".

Y tras afirmar que "las voces públicas de ciudadanos y ciudadanas son el mejor método para preservar y construir sus derechos" y que los periodistas suman sus voces "para la construcción de un efectivo Estado de derecho en Salta", reivindicó la libertad de expresión "para contribuir a una Salta más igualitaria, que vele por los derechos de los sectores oprimidos y que no se muestre indiferente ante las múltiples violencias ejercidas por los grandes grupos de poder".