Viajarán desde Rosario de la Frontera para exponer sus denuncias

Familiares y víctimas de violencia policial se reunirán con Diputados

La reunión será con la Comisión de Derechos Humanos. Expondrán denuncias realizadas contra policías y solicitan que haya respuestas de los distintos poderes ante la violencia institucional.
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Familiares y víctimas de atropellos policiales de Rosario de la Frontera se reunirán con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Van a denunciar la violencia institucional de la Policía de la zona en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Reclaman que haya una investigación y respuestas de los tres poderes del Estado. La reunión será hoy a las 9.30.

El vecino Pablo Arroyo es uno de los familiares que asistirá a Diputados. Pide al gobernador Gustavo Sáenz y a las autoridades del Ministerio de Seguridad que tomen medidas ante la violencia policial. También espera respuestas de la justicia. El hombre relató que su hijo, Agustín Arroyo, de 20 años, fue golpeado por efectivos del 911, quienes lo detuvieron por incumplir la cuarentena el pasado domingo 24 de mayo. "Los que hiceron todo esto fueron del 911 junto a un policía rural", especificó el padre. El hombre dijo que tienen identificados por los apellidos a dos efectivos.

Explicó que su hijo estaba con la novia en la casa de un amigo y éste le prestó el auto para llevar a la chica a su hogar. En el camino, se cruzó con la camioneta de la Policía, el joven habría seguido conduciendo 5 cuadras "y lo persiguieron". Cuando paró y "quiso llamar al dueño del auto", lo alcanzó la Policía y lo bajó del móvil.

"A mi hijo le pegaron con guantes que tenían aparentemente un nudillo de plástico, lo tiraron al suelo boca abajo. Uno se arrodillaba y lo golpeaba en las costillas, la panza, la espalda, detrás de la oreja. Lo golpearon en el ojo, no sabe si le pegaron una patada o con un puño, todavía le lagrimea", relató el padre.

La novia del joven fue demorada también y la subieron a otro móvil, ella "fue maltratada verbalmente" y "escuchaba que Agustín pedía que no le peguen", dijo Arroyo. A la chica la llevaron después a la revisación médica en el hospital. "A Agustín lo tuvieron alrededor de media hora en el móvil pegándole. Le pusieron la capucha de la campera para ingresar al hospital y le decían que no mire a la cámara, lo llevaron de espaldas y agachado", contó Arroyo.

El padre expresó que no pensó ver golpeado a su hijo, cuando "le dieron la libertad a las 3 o 4 horas, estaba irreconocible. La madre se descompuso", relató. 

Radicaron la denuncia en la Comisaría 31, donde habían detenido al hijo. Arroyo dijo que allí un policía le informó que tenía derecho a denunciar. Después quiso hacerlo en la Fiscalía de Derechos Humanos de Metán pero dijo que no se la quisieron tomar y le indicaron que estaba en funcionamiento la de Rosario de la Frontera. El padre radicó allí la demanda. También contactó al secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, quien lo derivó a Asuntos Internos de la Policía. Fue atendido por el titular, Enrique Cornejo Costas, quien le tomó la denuncia y se comprometió a investigar la situación. Arroyo dijo que le llevó las denuncias de dos personas más. 

Arroyo indicó que hasta el momento no tuvo novedades sobre alguna medida que se haya tomado con los policías. 

Ante mediios locales, Arroyo sostuvo que el comisario encargado del 911 "dijo que mi hijo iba a alta velocidad, que estaba en estado de ebriedad, que tenía 1.8 en la prueba de alcoholemia, que pasó el semáforo en rojo y que cuando lo bajaron del auto, quiso golpear a un policía, que se cayó y se golpeó la cara", contó. "Agustín recordó que un hombre le hizo soplar la pipeta 4 veces y que le hicieron firmar un papel teniendo los ojos hinchados", añadió el padre.

Dijo que las lesiones fueron constatadas el 27 de mayo por un médico legal de la Policía. Al joven le hicieron una infracción por incumplimiento de la cuarentena. Para retirar el auto del amigo tuvieron que pagar mil pesos.

El hombre dijo que esta violencia les provocó mucho miedo. "Esto nos cambió la vida, cuando me voy a trabajar tienen que quedar en casa de (otros familiares)", sostuvo. Según él, "son más de 10 los casos" de violencia policial que se hicieron públicos en la localidad.

Otro de los denunciantes que se presentará en Diputados es Julio Padilla, un chofer de 33 años. El 2 de mayo alrededor de las 20.30, se encontraba frente a su casa atendiendo a un compañero de trabajo por cuestiones laborales y cuando se estaban despidiendo llegó un móvil policial. Se bajaron tres policías, quienes les advirtieron que les iban a labrar una infracción. Les pidieron los permisos para transitar. Padilla buscó los papeles en su domicilio y los presentó. 

El hombre relató que cuando fue a hablar con los efectivos se "bajó el barbijo", y le llamaron la atención. Luego de un "entrecruce de palabras", dijo que "lo tiraron al suelo, le colocaron las esposas, comenzaron a patearlo" y le tiraron "gas pimienta en la cara". Su esposa, su hermana y sobrinos presenciaron los hechos. Los policías lo "metieron en la caja del móvil policial, donde continuaron las agresiones verbales, físicas y le tiraron más gas". 

Padilla dijo que luego lo llevaron a la Comisaría 31, donde en una celda los policías lo hicieron arrodillar y que se quedara con las manos en la nuca. Allí lo dejaron y después volvieron para llevarlo a la revisación médica en el hospital. Al regreso lo volvieron a encerrar y después lo soltaron sin mostrarle "ningún papel" sobre su privación de la libertad. El hombre denunció que fue amenazado por los efectivos, manifestó miedo ya que le habrían advertido que "donde lo vean lo van a agarrar".

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