"Cuando la gente recibe dinero, consume e invierte, no va a guardarlo en una cuenta offshore en Panamá", resume Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la Cepal, un organismo que propone la implementación del ingreso universal varios años antes que la crisis causada por la pandemia lo convierta en una política urgente. En diálogo con PáginaI12, responde cuáles son los beneficios de este instrumento y  en qué se diferencia de otras políticas de asignación que aplican los gobiernos de América Latina.

- Para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Ingreso Universal?

- El ingreso básico universal significa un pago individual a todas las personas de un país de manera constante en el tiempo y sin condiciones. Esa es la definición de libro. Ahora bien, en la realidad puede tomar muchas formas. En la Cepal venimos debatiendo el tema hace años y nos vimos en la necesidad de intervenir proponiendo un Ingreso Básico de Emergencia como forma de ordenar lo que estaba pasando en el continente. Muchos países estaban adoptando medidas de transferencia limitadas o de corto plazo. Nuestra propuesta específica trata de un ingreso por 6 meses para la población bajo la línea de pobreza, alrededor de 215 millones de personas en Latinoamerica, por un monto promedio de 143 dólares per cápita. En términos monetarios, implicaría un 2,1 por ciento del PBI de la región.

Sin embargo, aprovechamos para sostenerlo en el largo plazo, dada la profundidad de la crisis social y económica que se avizora. En este contexto y sobre una base en la que más de la mitad de la población del continente trabaja de manera informal, proponemos una universalización de los sistemas de protección social. La forma que este Ingreso Básico Universal tome en cada país, dependerá de la situación particular, pero creemos necesaria su implementación de forma progresiva y gradual. 

- ¿En qué medida sería esta herramienta superadora a los programas de asignación focalizada? 

- El Ingreso Básico no necesariamente reemplaza al sistema de protección social, sino que es una medida adicional. Hay que dar cuenta que la experiencia de la región con programas de transferencia focalizada y condicionada han sido muy buenas. Sin ir mas lejos,  la Cepal estimó que en 2017 la AUH redujo un 10 por ciento la pobreza y un 15 la indigencia en Argentina, además de generar un impacto positivo en el acceso a la educación. Sin embargo, estos programas no son perfectos. 

Una renta universal implicaría, en primer lugar, mitigar los errores de la exclusión de muchas personas que, al estar tan fuera del sistema, muchas veces no se encuentran en los registros oficiales y no perciben los ingresos. La forma en que los países calculan el nivel de pobreza es distinto y con esta crisis, muchos se dieron cuenta que faltan registros oficiales mas exactos de pobreza. Además, las politicas focalizadas y condicionadas pueden generar muchas veces desincentivos a la formalización por miedo a perder beneficios.

Por otra parte, la condicionalidad de las políticas de protección social en general (es decir,  otorgar un monto de dinero con la condición de que la persona esté buscando trabajo, o vaya al colegio, etc. ), tiene su parte positiva pero también acumula críticas desde el ámbito de los derechos humanos y también desde una perspectiva de género.  Por el lado más filosófico, al condicionar a las personas el mensaje puede ser leído como que se tienen que merecer una ayuda cuando la renta universal es una cuestión más solidaria y punto. Desde el punto de vista del género, las condicionalidades suelen recaer en más trabajo sobre las mujeres: ya sea ir a las reuniones o actividades para el caso de las prestaciones para niños por ejemplo.

Por último, una ventaja más política de la renta universal es que los sectores de clase media, que se perciben en general más desprotegidos por no recibir muchas de las asistencias, puede crear coaliciones ciudadanas más sólidas para un Estado de bienestar. 

- ¿Y no podría esta medida ser redundante para los ciudadanos con ingresos altos?

- Es importante considerar un sistema impositivo progresivo para que, aunque todos reciban un mismo monto, quien tiene más dinero, devuelva más.

- ¿Hay algún país que ya haya aplicado esta política?

La idea pura con las características de general, no condicionada y permanente no existe en ninguna parte del mundo, pero la pandemia abrió la cancha para introducirlo en la agenda pública. Las medidas más cercanas son en Alaska, Estados Unidos, que distribuye cada año a todos sus ciudadanos las ganancias por la actividad petrolera. También en Finalndia y en algunos casos a nivel local como California. 

La renta básica que se anunció en España es una medida más cercana al IFE que a una renta universal. En varios países se utiliza el nombre, pero la realidad es que hay focalización y condicionamiento, dos de los principios básicos de esta idea de la que estamos hablando.

- ¿Cómo podemos pensar el financiamiento de esta política?

Una de las estrategias, además de rever el sistema tributraio, es ser más rigurosos con la elusión y evasión fiscal, que es alrededor de 6,7 por ciento del PBI de la región. No es poca plata, porque por ejemplo las transferencias de ingresos tipo IFE que están aplicando varios países significan apenas un 0,7 por ciento del PBI.