El fin de semana el trabajo con una máquina volvió a alertar a los campesinos que disputan la posesión de las tierras ubicadas en la banda norte del Río Blanco del departamento Orán. El alerta tuvo que ver sobre todo porque se continuaban realizando tareas pese a la orden emitida por la Secretaría de Ambiente de la provincia de suspender provisoriamente todo trabajo en el lugar.

“No es un desmonte”, afirmó el abogado Javier Molina, quien representa a Daniel Cornú, denunciado a su vez por los campesinos. Agregó que su representado, además, “no fue notificado formalmente” de la suspensión.

Según Molina, Cornú cuenta con un boleto de compra-venta a su favor. Esta operación se habría hecho en 2013 con la firma Río Zenta SRL (que aparece en la Dirección General de Inmuebles como titular registral de las tierras). Pero el abogado aseguró que esa venta se aprobó en una asamblea de socios de la empresa (con domicilio en Buenos Aires) en 2017.

Molina afirmó que su representado, tras comprar la tierra, tiene el derecho de realizar los trabajos necesarios para instalarse. Aseguró que lo único que se hizo fue “reabrir” un camino para ensancharlo, y limpiar las tierras “de vegetación baja”. La representación legal a su cargo es desde hace un mes, período en el que, sostuvo, no se realizó desmonte alguno.

Cornú cuenta con un permiso provisorio para extraer áridos. Esto confirmó la versión de los campesinos que dieron a conocer la situación, sobre la intención de Cornú de instalar una cantera en ese lugar. “Se le dio un permiso provisorio que expresamente dice ‘la presente constancia no habilita actividades mineras de extracción hasta que se cumplimente con la normativa legal ambiental correspondiente’”, indicaron desde la cartera de Producción y Desarrollo Sustentable. Es a esta estructura donde pertenece la Secretaría de Minería que emite los permisos. Las autoridades de Ambiente consideraron que sigue firme la disposición de suspender la transformación de los montes de esta zona, que son considerados de alto valor ambiental. Dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) está categorizada como roja, es decir que no se debería desmontar.

Molina, por el contrario, aseguró que según un informe de impacto social elaborado por dos profesionales (contratados a su vez por Cornú), se determinó que el camino ensanchado es para llegar al lugar donde el empresario quiere disponer la cantera, un requisito que también estaría establecido para continuar las vías administrativas para obtener el permiso final. Sería en ese lugar, de cien metros por cien metros aproximadamente, donde se desmontó. Esta deforestación fue registrada en el sistema de teledetección de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Molina afirmó que con el fin de conocer fehacientemente la situación en la zona se inició ante la Justicia una investigación preliminar para luego conocer cómo seguir adelante con otras actuaciones legales para zanjar la disputa por las tierras.

Añadió que los campesinos fueron denunciados por Cornú tras enfrentamientos que involucraron el uso de armas de fuego. En el marco de la causa la fiscala a cargo habría enviado una inspección ocular en la que no se vio “explotación alguna” de las tierras, o animales de cría, dijo Molina.

Los campesinos, en tanto, ya ampliaron las denuncias dado que durante el fin de semana las máquinas volvieron a trabajar en el lugar en el que, denunciaron, se realizó el desmonte. Los trabajos continuaron pese a las disposiciones de suspensión que Ambiente informó a través de la página oficial del gobierno provincial.