La denuncia penal contra los arzobispados de Rosario y de Santa Fe por el presunto delito de “usurpación de autoridad pública” al comenzar a recibir informes de abusos sexuales, se amplió ayer. El abogado Carlos Ensinck hizo una primera presentación  por entender que este tipo de hechos debe darse a conocer a la Justicia Penal y ahora agregó la existencia de la publicación de un procedimiento que se conoció como “Vademécum sobre cuestiones procesales ante casos de abuso sexual de menores, cometidos por clérigos", que fue publicado el 16 de julio, en el marco de la decisión de que "se tomen denuncias" en la Iglesia. En la ciudad de Santa Fe también amplió la presentación teniendo en cuenta notas periodísticas acerca de que ya habría llegado un caso al arzobispado; y planteó que las autoridades clericales del mismo reconocieron que las personas que están a cargo de recibir los informes "no están capacitadas".

Ensinck planteó que en uno de los artículos dice que "las normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por los derechos estatales. Es decir que no puede ir en contra de las leyes argentinas; por eso, si es un delito, primero tiene que pasar por la ley argentina". 

El vademécum "establece los pasos a seguir en las causas penales" destinado, en primer lugar, "a los ordinarios y a los profesionales del derecho que se encuentran ante la necesidad de aplicar de forma concreta la normativa canónica referida a los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos".  Recordó que "el fin de la Iglesia está establecido en sus Catecismo y no se encuentra en él la toma de denuncias e investigación penal de abuso sexual y encubrimiento". 

Insistió con que "la Iglesia no tiene competencia" y habló de una "implementación equivocada" del sistema de recepción de informes.  "El informe se puede plantear desde un abuso de autoridad o de poder, pero el delito de abuso sexual no lo pueden plantear como toma de denuncia ellos mismos: hay que hacerlo en la Fiscalía", remarcó. Y aclaró: "En la provincia es de aplicación la ley 13.013 por la cual el Ministerio Público de la Acusación tiene por misión el ejercicio de la persecución penal. El Arzobispo no puede publicar un canal para recepcionar denuncias de abuso sexual y encubrimiento cometidos por sus propios miembros y su posterior investigación".

La denuncia se presentó tanto en Rosario como en Santa Fe. Según indicó el abogado, la semana pasada la fiscal de Rosario, Juliana González, le solicitó a la cúpula de la Iglesia rosarina información acerca del canal creado dentro de la propia estructura eclesiástica para recibir los informes y denuncias. Ayer, se indicó desde el MPA, que la investigación está en curso, y se expresó que "en principio el Arzobispado estaría dentro de la norma dictada por su superior".