La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona rechazó apartarse de la investigación por supuesto espionaje ilegal, en la que fueron indagados el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y su exsegunda en el organismo, Silvia Majdalani. A partir de esta decisión, debe expedirse el juez federal Juan Pablo Augé, quien ya está en condiciones de resolver la situación procesal de la cúpula macrista de la AFI.

La ex subdirectora de la Agencia había recusado a Incardona y pedido su apartamiento luego de que la fiscal la imputara por ser parte de la organización que se dedicó a hacer tareas de espionaje ilegal durante el gobierno anterior. El argumento de la imputada fue que la fiscal tenía conocimiento previo de las tareas de inteligencia que se hicieron sobre el Instituto Patria y el departamento del barrio de Recoleta de la vicepresidenta Cristina Kirchner a mediados del 2018 y que en ese momento no formuló denuncia alguna: ante esa situación, Majdalani había advertido una supuesta falta de imparcialidad.

La fiscal presentó un descargo ante el juez del caso, Juan Pablo Auge, quien deberá definir si acepta o no la recusación. Incardona rechazó apartarse del caso al descartar los argumentos de la defensa de Majdalani: sostuvo que se está ante un hecho de gravedad institucional y que las maniobras que ahora se investigan se basan en una acusación sólida con gran cantidad de prueba acumulada. Además aludió a intenciones de demorar la causa con presentaciones como la que busca apartarla del caso.

En la investigación por el espionaje ilegal al Instituto Patria y a la actual vicepresidenta ya fueron indagados Gustavo Arribas, Majdalani, ex agentes y funcionarios de la AFI, entre otros imputados, y el juez tiene que definir sus situaciones procesales. La conducción macrista de la AFI negó haber realizado espionaje ilegal y afirmó que eran acciones de inteligencia avaladas por la decisión del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena para prevenir supuestos atentados. La sospecha de la Justicia, a partir de los testimonios de los agentes y otras pruebas, es que las tareas de prevención no eran tales sino que era un argumento para espiar a CFK.