La agrupación HIJOS Salta y la Asociación Pensamiento Penal cuestionaron al secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, por su defensa del decreto l255 que ya es la ley 8.191 y que otorga mayores facultades a la Policía de Salta al reprimir infracciones a las normativas sanitarias dictadas por la pandemia. Las organizaciones afirmaronq ue con sus dichos, el funcionario legitima la violación de los derechos humanos.

Estas organizaciones siguen esperando la resolución de la Corte de Justicia de Salta sobre el amparo presentado por organizaciones de derechos humanos y al habeas corpus colectivo y preventivo presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en contra del decreto ley por el que el gobernador Gustavo Sáenz otorgó facultades especiales a la Policía de la Provincia en el marco del control de las disposiciones sanitarias por la pandemia.

"Posadas dijo que el artículo 255 es constitucional y que quienes lo cuestionamos desde los organismos de derechos humanos no lo hemos leído. Sostuvo que nos invitaron a juntarnos y que decidimos ir a la Justicia en vez de construir acuerdos con el Gobierno provincial", explicó el abogado Martín Plaza, referente de la Asociación de Pensamiento Penal. "En realidad invitaron a una organización, cuando ya estaba en proceso el amparo colectivo", aclaró el letrado.

"El secretario sostuvo que no hay ningún detenido por el decreto 255, pero nosotros no solo decimos que se producen detenciones, también apremios ilegales y torturas", manifestó Plaza. El abogado indicó que denuncian la habilitación política y legal a la Policía, una "institución que ya violentaba derechos antes de la pandemia".

Plaza consideró además los dichos de Posadas como una "habilitación política a la violencia institucional". "El negacionismo legitima prácticas violatorias de los derechos humanos", insistió.

Posadas hizo estas declaraciones en el programa El Acople. "En Salta dictamos un régimen especial sancionatorio que tiene que ver con la facultad de imponer multas", sostuvo en referencia al decreto 255. Añadió respecto a la posibilidad de arrestos de 60 días que prevé el decreto: "tiene que ver con cuestiones terminológicas de la propia ley de contravenciones". 

"No hay un solo detenido en el marco del decreto 255. Quienes han planteado esto en términos jurídicos quizás no han leído toda la normativa respecto al 255, hay una reglamentación del Ministerio de Seguridad que establece que en caso de que corresponda un arresto se dé inmediata intervención al fiscal y al juez con todo el procedimiento que establece la propia ley de contravenciones. Quienes han presentado distintas acciones judiciales han tenido tropiezos procesales porque ambas acciones han sido reconducidas por la Justicia dándole la posibilidad a la Corte de resolverlas porque se habían planteado mal", sostuvo. 

Posadas se refirió al 255 como "un apéndice y una consecuencia" de las disposiciones del Gobierno Nacional respecto de la pandemia, una "herramienta para dar cumplimiento al aislamiento"lo describió. "En el país las mesas de derechos humanos han criticado el contexto de emergencia en todas las provincias. Por eso nos sorprende que solo se haya hecho presentaciones también desde Derechos Humanos de la Nación en las provincias de Salta y Jujuy", añadió sin tener en cuenta que Salta registra un listado más extenso que otras provincias de hechos de abusos policiales cometidos usando como excusa del decreto 255. 

La Asociación de Pensamiento Penal emitió un comunicado cuestionando punto por punto los dichos de Posadas. "(El decreto) Otorga facultades jurisdiccionales al Jefe de Policía para establecer sanciones de multas y arrestos sin participación de ningún fiscal o juez. Lo dicen en los artículos 2 y 3 de forma clara. No hace falta ser letrado ni tener ningún conocimiento específico más que saber leer. Decir que no hemos leído la normativa después de presentar una acción de amparo (que tuvo la participación inclusive hasta de organismos de reconocimiento nacional y regional como el CELS) de más de 80 páginas donde se han desarrollado vastos argumentos de hecho y de derecho resulta, por lo menos, una grave falta de respeto", aseguró.

Plaza señaló que los habeas corpus y recursos de amparo se deben resolver en un plazo de horas. En cambio, consideró que hay una acción dilatoria de la Corte de Justicia de Salta al evitar pronunciarse.  

HIJOS y Pensamiento Penal presentaron un informe con 17 denuncias que tuvieron relevancia pública y dan "notoria cuenta de cómo los hechos de violencia y abuso policial se han incrementado ostensiblemente estos últimos meses a partir de la sanción de mencionado decreto".  

Entre las denuncias "hay hechos que configuran tortura y apremios ilegales a las luces de las convenciones internacionales de Derechos Humanos. No es dato menor que desde la presentación del Informe todos los días tomamos conocimiento de hechos nuevos que seguimos incorporando al registro (en concreto hemos relevado 8 casos más desde el comienzo de julio a la fecha)", afirmó la organización. 

Para Pensamiento Penal decir que “no hay un solo detenido por el 255” es "desconocer un problema estructural" que ya está siendo denunciado por organismos locales, nacionales y por la ciudadanía salteña en su conjunto.

Pensamiento Penal afirmó asímismo que es falso que en todas las provincias se sancionaron legislaciones como el decreto 255. "En todo caso que nombre qué provincias y que especifique a que normativa se refiere", interpeló. La asociación explicó que la gran mayoría de las provincias, sobre todo las que aún tienen bajos índices de contagios de la Covid-19, no tuvieron que recurrir a normas inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos para poder contener la situación epidemiológica. 

Plaza dijo que siguen registrando casos y se refirió a otro hecho de violencia institucional ocurrido en Colonia Santa Rosa, donde sigue detenida una mujer. "Que estén llegando hechos cotidianos a la prensa significa que en realidad están sucediendo más casos que los que se visibilizan", sostuvo.  

El abogado dijo que hay avances en algunas causas, en particular con el cambio de fiscal de Derechos Humanos (que investiga denuncias contra policías). Contó que hay algunos avances también en la denuncia que hizo el joven Adrián Mercado, a quien policías le dispararon en la cara y lo dejaron sin ojo. "Imputaron al comisario Cruz por lesiones gravísimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque la imputación se hizo casi 3 meses después del hecho, sin prisión preventiva y todavía estamos esperando la notificación por escrito así podemos constituirnos en querellantes", explicó Plaza.  El abogado dijo que Mercado se encuentra mejor pero aún debe someterse a otra operación. Advirtió que la represión y abuso policial no solo trae consecuencias físicas sino también en la salud mental y económicas ya que este hombre no está pudiendo trabajar. 

El letrado patrocina también de Ariel Aguirre, un vendedor ambulante al que la Policía le disparó y lo dejó sin ojo.  

Plaza contó que se reunieron esta semana con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes, para solicitarle que acompañe y brinde asistencia a las víctimas de violencia policial. Dijo que la funcionaria "externamente" manifestó que tenía voluntad de atender a sus pedidos.