Una situación paradójica se vivirá hoy en la Cámara de Diputados cuando los legisladores deban tratar sobre tablas un proyecto autorizándole al Ejecutivo provincial atribuciones para refinanciar la deuda en títulos internacionales que tiene la provincia. Tras ello abordarán otra iniciativa que habilita al Gobierno a tomar el crédito del Fondo Fiduciario por 2.100 millones de pesos.

En el primero de los casos, la iniciativa ingresó ayer por la tarde a la Legislatura, y por la noche el ministro de Hacienda, Roberto Dib Ashur, vía teleconferencia dialogó con los diputados para evacuar dudas al respecto y que pueda ser aprobada en la sesión de hoy.

El objetivo del Ejecutivo es refinanciar la deuda mediante la emisión de nuevos títulos que se canjearían a los actuales tenedores de los bonos que se emitieron para constituir el Fondo de Bicentenario, y cuyos próximos vencimientos preocupan al Gobierno. Para ello deberá tener los dos tercios de los votos totales, tal como lo establece la Constitución Provincial.

Actualmente la provincia cuenta con títulos de deuda internacionales que se emitieron en 2012 para crear el Fondo de Reparación Histórica del Norte (FRH), y cuyo vencimiento en 2022 no representa mayores inconvenientes en la medida que tienen como garantías las regalías hidrocarburíferas de la provincia y cuya transferencia se hace de forma automática.

El total del crédito tomado en esa oportunidad fue de 185 millones de dólares, que tenían como objeto la concreción de obras en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

El que preocupa realmente al equipo económico encabezado por el ministro Roberto Dib Ashur es el crédito tomado en 2016 para el Plan Bicentenario por 350 millones de dólares a una tasa del 9,1%, bajo la modalidad de bonos bullets, por los que se pagan inicialmente intereses, mientras que el capital se abona al vencimiento, algo que sucederá a partir de 2021, cuando caduque el primero de los tres tramos anuales.

Ese dinero también tenía como objeto la obra pública o inversiones de equipamiento, y la manera de ejecutarse fue delegando 70 millones de dólares a los municipios para que decidan directamente su destino, y los restantes 280 millones los manejó el Ejecutivo provincial, para una serie de obras que debía incluir las que quedaron truncas con el FRH.

Según explicó Dib Ashur a los legisladores, el monto en dólares que deberá pagar la provincia en 2021 es de 102 millones, para 2022 la cifra asciende considerablemente a 194 millones, en 2023 llega a los 176 millones y finalmente en 2024 suma 136 millones.

“Los próximos cuatro años presentan un patrón de vencimientos de capital e intereses que tornan la situación en insostenible, más aún si se tiene en cuenta el impacto que una variación en el tipo de cambio podría ocasionar”, expresa el gobernador Gustavo Sáenz en el mensaje que acompaña el proyecto de Ley enviado a la Legislatura.

Además, el mandatario recalca que al momento de emitir ambos títulos la provincia contaba con un presupuesto mayor en proporción al tipo de cotización del dólar, pero que con las sucesivas devaluaciones, que no fueron acompañadas por el incremento en pesos de los recursos, la brecha se amplió a niveles insostenibles. Según los cálculos que hace el Ministerio de Economía provincial, la moneda estadounidense llegaría a cotizar en 174 pesos para 2023 y en 211 al año siguiente.

De aprobarse el proyecto enviado desde el Ejecutivo, se declarará “prioritaria para el interés de la Provincia la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial, a fin de crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de dicha deuda”.

Para ello se “autoriza al Poder Ejecutivo a disponer y llevar a cabo los actos, mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados a efectos de renegociar, reestructurar o refinanciar la deuda pública que surja de los títulos públicos emitidos por la Provincia bajo ley extranjera en el mercado internacional de capitales, todo ello a fin de obtener un beneficio económico y/o financiero, y/o una mejora en los plazos de amortización y/o en las tasas de interés de la deuda referida”.

Mientras que en el artículo tercero se lo habilita para realizar “todas las operaciones que el Poder Ejecutivo entienda necesarias y/o convenientes, incluyendo todas las emisiones de títulos de deuda o la suscripción de documentos necesarios o convenientes para instrumentar dichas operaciones, los canjes, solicitudes de consentimiento a los tenedores con el objeto de realizar modificaciones a los títulos de deuda existentes y/o cualquier otra modalidad y/o mecanismo para la reestructuración y/o refinanciación de los títulos públicos”.

El ministro de Economía expresó que toda esta operatoria cuenta con el aval de la Nación y estaría estrechamente relacionado con el éxito de la reestructuración de la deuda externa que lleva adelante el gobierno nacional.

De esta manera Salta se sumará a Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Río Negro y Córdoba, que iniciaron procesos similares de reestructuración. En tanto, La Rioja adelantó que lo hará próximamente.

Gran parte de esas deudas fueron tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que ante la falta de recursos nacionales para financiar obras públicas, las provincias debieron recurrir al mercado internacional, que concedió fondos gracias al proceso de desendeudamiento que se hizo en el país entre 2004 y 2014.

Fondo Fiduciario

En tanto, los diputados también deberán aprobar el crédito de 2.100 millones que otorgará como asistencia la Nación a Salta mediante el Fondo Fiduciario, creado para tal fin y que ya benefició con créditos a otras 13 provincias, pero que llegaría con la asistencia a los 24 distritos.

Dicho monto deberá ser reintegrado al Fondo mediante 36 cuotas que comenzarán a pagarse a partir del año próximo con un interés del 0,1%. El capital, en tanto, se actualizará mediante el índice CER, según explicó Dib Ashur, con el objetivo de que el Fondo no se descapitalice y pueda brindar asistencia a las provincias en forma permanente.

El Fondo cuenta con un capital de 60 mil millones de pesos y se complementa a otra suma idéntica que el gobierno nacional distribuye mediante Aportes del Tesoro Nacional.

Estos 2.100 millones vendrán a auxiliar las arcas provinciales, que, según informaron desde el Gobierno, sufrieron en este año de parálisis económica una retracción de 7 mil millones de pesos, que hubiesen llegado en concepto de Coparticipación Federal, la principal fuente de financiamiento estatal.

Entre las exigencias del crédito se impone en los artículos 7 y 8 que la provincia implementará en 2020 un política salarial y ocupacional compatible a las limitaciones económicas existentes, y que no emitirá bonos que sean en la práctica cuasi monedas.

Dib Ashur explicó que el convenio con la Nación no limita a la provincia a recurrir a otras herramientas financieras que pueda necesitar en el futuro como ser letras o empréstitos.