Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo), las consultas a la Comisión Argentina para Refugiadxs y Migrantes (Caref) se incrementaron en un 90 por ciento respecto del mismo período de 2019, “debido a que la población migrante y refugiada, en gran medida, quedó por fuera de las políticas de protección, fundamentalmente el IFE”, advierte el informe “Alimentación y acceso a Programas y Seguridad Social: la principal preocupación de la población migrante y refugiada durante el Aspo”. Mientras que las mujeres realizaron el 58 % de las consultas, los varones recurrieron al organismo en un 42 por ciento. En un 80 % se trata de población venezolana. El 46 por ciento de las problemáticas se relacionan con las dificultades para garantizar la alimentación y el acceso a los programas de seguridad social. El resto fue por radicación (19,4 %), vivienda (17,2), salud (7,4 %), refugio y temáticas asociadas (4,1 %), empleo (2,9 %) y frontera, ingreso al país, tránsito (1,8 %).
En estos primeros cien días de cuarentena, “quienes no lograron acreditar al menos dos años de residencia en el país quedaron excluidos del IFE”, concluye el informe. “La imposibilidad de cumplir con los requisitos a la hora de alquilar, fuerza a esta población a hacerlo de manera informal. Esto los expuso a un mayor riesgo de desalojo en este contexto. Los trabajadores/as migrantes, quienes mayoritariamente se desempeñan en el sector informal, se empobrecieron debido a la interrupción de sus actividades laborales.”
