A más de cinco años del crimen de Maximiliano Zamudio, el lunes comienza el juicio contra el prefecto Ariel Condori, y será parte de una semana de lucha contra la violencia institucional (ver aparte). El acusado enfrenta pedidos de pena de 20 y 30 años de prisión, por parte de la Fiscalía y la querella que representa a la familia del pibe de 16 años que fue baleado en barrio Tablada. El tribunal compuesto por Héctor Núñez Cartelle, Paula Alvarez y Valeria Pedrana escucharán más de una veintena de testimonios, durante los tres días que durará el debate. Se trata de uno de los casos emblemáticos en la lucha contra el llamado gatillo fácil, ya que el reclamo de familiares y organizaciones permitió que la causa llegue a juicio oral, después de haber sido archivada dos veces. 

La noche del 27 de mayo de 2015, Condori estaba en un Ford Falcon color blanco, en Patricias Argentinas al 4350, entre Ameghino y Uriburu. Zamudio se acercó al automóvil y luego de intercambiar unas palabras con el acusado, éste disparó con su arma particular. El prefecto --que estaba de civil-- intentó justificar que actuó en legítima defensa ante un hecho de robo. Testigos, en cambio, aseguran que "remató" a Maxi cuando se bajó del auto, luego de tirarle el primer disparo. 

"Valoramos sobremanera llegar a esta instancia porque tuvimos que enfrentar dos archivos de la causa y hubo que recurrir esas decisiones, por lo que finalmente nos dieron la razón", dijo el abogado querellante Guillermo Campana. "Llegamos con mucha expectativa porque entendemos que logramos conformar pruebas y material que nos habilita a discutir la responsabilidad penal de Condori, como homicida".

La calificación penal con la que Condori se sentará en el banquillo es la de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego"

Sobre las circunstancias del caso, Campana expresó: "Son las que denunciamos siempre: ellos se encontraron en cercanías a la casa de Maxi, en barrio Tablada, y después de un intercambio, una discusión, Condori le disparó un primer tiro al costado del cuerpo y cuando ya había girado, le dio el tiro mortal. Esto nos da a entender que fue una ejecución ilegal, por parte de una persona que si bien no estaba en funciones no deja de ser miembro de la fuerza, por tener un dominio en el tema de armas y que tiene la obligación de restringir el uso letal de la violencia, sobre todo porque su vida no estaba comprometida". Y aseguró: "Aunque diga que Maxi lo estaba amenazando con la culata de un rifle; incluso si fuera cierto que Maxi intentó robarle, no se justifica el disparo mortal. Su coartada no cierra. Dijo que Maxi le sacó el celular, pero hay registros de que siguió funcionando el aparato, que no fue encontrado entre las cosas de Maxi. Otra de las cuestiones que no está probada es que haya concurrido con una vecina al lugar, porque los testimonios son discordantes". Además, Campana recordó que hubo un hecho previo que no dejaron pasar: "la detención de un pibe, amigo de Maxi, al que se le preguntaba si era Zamudio. Entendemos que hay un trasfondo que no pudimos dilucidar, por el cual Condori fue al barrio y terminó con la vida de Maxi". Por todo, aseguró: "Las expectativas son buenas y sostenemos el pedido de 30 años de prisión por haber fusilado a un niño de 16 años. Esperamos que sea el cierre de una etapa de esta lucha que fue larga hasta llegar a este momento". 

La calificación penal con la que Condori se sentará en el banquillo es la de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". La querella considera que la pena debe ser de 30 años por entender que no fue un hecho que cometió una persona cualquiera, sino "un miembro de la fuerza de seguridad, que hizo todo lo contrario a lo que debía hacer". En tanto, la Fiscalía pedirá 20 años. Pese a que los querellantes solicitaron en noviembre pasado que el acusado esté en prisión preventiva, la fiscal Karina Bartocci señaló que cumplió con el proceso en libertad, y se resolvió que siga en esa situación hasta el juicio. 

Llegar a esa instancia le da orgullo a María, la mamá del adolescente cuyo rostro estuvo en cada marcha, en cada reclamo, durante estos cinco años y que permanece firme desde la imagen del perfil de WhatsApp de la mujer. En el camino de búsqueda de justicia soportó que dos fiscales le dijeran que la causa por el crimen de su hijo sería archivada. Cuando recuerda esos días pone la voz firme: "Nunca bajé los brazos", dijo a este diario. Y no deja de reclamar: "Justicia por Maxi... quiero que descanse en paz".

Desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, recordaron que fueron "5 años de arduo y sinuoso proceso de construcción de justicia que encarnó su familia junto con el equipo jurídico y las organizaciones". Y destacaron que la lucha se hizo "desde el primer momento pronunciando la verdad de lo sucedido contra las versiones policiales y judiciales, así como enfrentando los distintos reveses en la causa".