Un desarrollo urbanístico ubicado en la localidad de San Lorenzo generó malestar entre los ciudadanos y los amantes del senderismo y las actividades deportivas en los cerros, quienes aducen que aparecieron carteles indicando que la zona es propiedad privada y por lo tanto se impedirá el paso que da al Mirador.

A su vez, indicaron que ese tipo de desarrollos en reservas boscosas es contrario a lo que propugnan tanto la ley 7070, de Protección del Medio Ambiente, como la ley 7543, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que dentro del predio a lotear se encuentran dos matrículas clasificadas en amarillo, es decir, en un nivel dos de preservación, que no permite desmontes sino un plan de manejo ambiental sustentable.  

Las asociaciones de senderismo y trail runnig de Salta se alarmaron por la aparición de carteles que alertan a los caminantes que la zona es propiedad privada y que está "prohibido pasar" en uno de los caminos cercano al Mirador de San Lorenzo.

Y agregaron que la expansión inmobiliaria en toda la zona del Valle de Lerma es una constante y genera un peligro ambiental desaconsejado por la desaparición de espacios y pulmones verdes.

Entre los habitantes, la mayor preocupación radica en el uso de los servicios, sobre todo aquellos vinculados con el agua y las cloacas.

La finca, propiedad de la familia Patrón Costas, tiene 2.300 hectáreas, pero el emprendimiento de la firma Los Maitines SA prevé utilizar 125, de las cuales 71 estarán destinadas a 295 lotes y las otras 40, a espacios verdes y de recreación.

Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia subrayaron que el emprendimiento aún tiene observaciones que debe responder el municipio, y aseguraron que no fue ese organismo quien convocó a la audiencia pública del 31 de agosto, como publicó el Boletín Oficial de la provincia, sino la misma comuna. 

Pero aclararon que la opinión del órgano de control de la ley 7070 no es vinculante en estos casos, y reconocieron que la ley de Bosques tiene grises en cuanto a los desarrollos urbanísticos.

Observaciones no vinculantes

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal, aseguró a Salta/12 que no fue el organismo a su cargo quien convocó a la audiencia pública, sino el municipio, y explicó que desde las direcciones de Gestión Ambiental y del Programa de Impacto Ambiental y Social se realizaron observaciones que tanto los desarrolladores del emprendimiento, como las autoridades comunales debían contestar.

“Algunas cosas respondieron, pero todavía había pendientes, sin embargo, llamaron a audiencia pública y en los edictos figura que fuimos nosotros quienes convocamos, algo que no estamos haciendo en ningún caso por el tema de la pandemia”, expresó el funcionario.

En cuanto a las observaciones, subrayó que no son vinculantes, ya que así lo indica la ley 7070, “evaluamos el impacto, recomendamos o pedimos que se realicen cambios y emitimos el certificado ambiental, pero la autorización final la dan los municipios, son sus facultades”.

Mientras que desde las direcciones a cargo de otorgar el visto bueno, detallaron que se realizaron algunas observaciones vinculadas con un plan de manejo de bosque, el sistema de tratamiento de líquidos cloacales “y un plan de gestión en los dos catastros que están pintados de amarillo por la pendiente, porque al no haber cambio en el uso de suelo, hay que ver a qué los destinan conservando ese bosque”.

Al estar ubicado “entre una zona urbana y una boscosa” también se solicitó un plan de manejo de desarrollo sustentable, aunque reconocieron que “hay mucho bosque implantado del tipo de invasoras, no autóctono, por lo que se debería volver a pensar en una forestación autóctona”.

La jefa del Programa Impacto Ambiental y Social de la Secretaría de Ambiente, Florencia Arnal, destacó que todo lo relacionado a habilitaciones urbanísticas depende de los municipios, “son ellos la autoridad competente”.

Sin embargo, por existir terrenos en amarillo dentro del desarrollo, el artículo 20 de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques (7543) expresa que en casos de desarrollos urbanísticos, “sólo podrán autorizarse por la autoridad competente, previa emisión de la autoridad de aplicación, del certificado ambiental previsto en los artículos 48 y 49 de la ley 7070”.

Arnal dijo que no es muy usual y existe un vacío en la ley de Ordenamiento de Bosques, con respecto a la forma de actuar en casos de urbanizaciones, ya que por lo general los pedidos vienen de zonas rurales y para la explotación forestal o agrícolo ganadera.

Y explicó que a través de las reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se están trabajando algunos casos parecidos que se dieron en la zona patagónica del país “en Neuquén y Bariloche se dieron muchas situaciones similares, por lo que se está tomando nota de sus experiencias”.

No obstante ello, subrayó que todas las opiniones que emite la Secretaría de Ambiente, si bien no son vinculantes, por lo general son acatadas, y en caso que así no lo sean, “deberán justificarlas”.

La respuesta de los desarrolladores

El encargado del desarrollo urbanístico Los Maitines SA es Alejandro Cornejo, quien confirmó que los terrenos pertenecen a la familia Patrón Costas, que quiere realizar “el emprendimiento urbanístico cerrado para usufructuarlo, pero también para vivir”, ya que contó que pertenece a 10 hermanos accionistas “que a la vez tienen 44 hijos y 77 nietos, por lo que la mitad de los lotes se destinará para sus viviendas”.

Cornejo, aseguró que sólo el 5,4% del total de las tierras que la tradicional familia salteña posee en la zona serán destinadas a la construcción (125 de 2.300 ha), “y de ese aprovechamiento, el 31% serán áreas verdes y espacios de recreación dentro del barrio”.

Cornejo airmó que él mismo se comunicó con las asociaciones de trail running y senderismo para explicarles que el proyecto se desarrollará en un sector que no interviene en las zonas donde se practican esas actividades, y para ello adjuntó un mapa que indica por dónde pasan los senderos y dónde estará ubicado el barrio privado.

Pero aceptó que fue un error “haber colocado esos carteles demarcatorios, porque los que transitan por ahí ven el cartel pero no saben por dónde pasan los terrenos y se presta a la confusión”.

Por otro lado, con respecto a las observaciones que realizó la Secretaría de Ambiente, y otros reclamos relacionados a la cota máxima de construcción (delimitada en 1.470 metros a nivel del mar y un 15% de pendiente), sostuvo que “todo está por debajo de esos niveles, de hecho, dimos de baja 19 lotes que fueron observados por el municipio por ese tema de la altura”.

En cuanto a las cloacas, dijo que está previsto un sistema privado, dentro del desarrollo, de tratamiento de efluentes, “que cumple con todos los estándares”, y añadió que esos líquidos serán tratados y reutilizados para el riego de los espacios verdes.

También contó que las zonas pintadas de amarillo se respetarán y “se reforestarán con especies autóctonas para reemplazar las invasivas”, para ello, está previsto un vivero que aconseje a los propietarios qué tipo de forestación deberán tener en sus lotes.

El desarrollador enfatizó insistentemente que es un proyecto que ya lleva tres años y medio de evaluación “porque queremos hacer todo bien, queremos pedir permiso y no perdón, que es lo que hacen todos”.

Garantizó que será un proyecto “sustentable, amigable con el ambiente”, y se mostró un tanto agotado por las críticas que recibe “estar en regla a veces es hacerse visible y uno se termina desgastando por tanto requerimiento”.

La audiencia

El jefe comunal Manuel Saravia atribuyó a un error del municipio que en el Boletín Oficial figure la Secretaría de Ambiente como convocante a la audiencia pública y aseveró que hoy figurará la Fe de erratas.

En cuanto a las observaciones que realizó la autoridad competente, sostuvo que ya fueron remitidas al proponente, pero agregó que las respuestas también pasaron por el organismo provincial “aunque volvieron sin dictamen, no se porqué”.

Explicó que una vez finalizado todo el proceso de audiencia las volverá a enviar a las autoridades provinciales “para que las evalúe nuevamente y nos de su opinión antes de tomar una decisión”.

Saravia informó que se inscribieron 100 personas para participar de la audiencia pública que se realizará vía Zoom el lunes 31 desde las 10. Serán los desarrolladores y técnicos de la iniciativa quienes expondrán los detalles del emprendimiento. “Ese video se va a colgar en la página del municipio y los participantes podrán hacer consultas y observaciones a través de un correo electrónico hasta el martes de la semana que viene”.

El 7 de septiembre, a través de un nuevo encuentro, Cornejo y su equipo responderán las consultas realizadas.

Por último, Saravia explicó que será un especialista en derecho ambiental el que elaborará el dictamen final “y así poder resolver si corresponde o no el certificado”. El intendente no quiso adelantar quién será el especialista contratado “para que no reciba presiones de antemano”.