"La policía bonaerense no puede funcionar por fuera de la ley, ni cuando actúa en los territorios ni cuando genera reclamos sectoriales", advirtió la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante las protestas que llevan adelante efectivos de la Policía Bonaerense, acompañados por la "familia policial", y alertó que estas manifestaciones son "ilegales" y "agreden la democracia y el orden constitucional".
El organismo de derechos humanos denunció que las revueltas iniciadas en la madrugada de este martes "pretenden condicionar al gobierno, utilizando para ello la delegación de la fuerza que el Estado les adjudica". Las protestas ya consiguieron un anuncio oficial que responde al reclamo de aumento de sueldo, pero las protestas se mantienen en varios puntos del Conurbano, según dicen algunos de los voceros, hasta que sea publicado en el Boletín Oficial.
"No desconocemos la necesidad de recomposición salarial de todos los trabajadores estatales, pero estas acciones exceden ese reclamo", advierte el CPM, que funciona también como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura a nivel provincial.
"Las políticas de otorgar mayor poder a la estructura policial, que se vienen produciendo desde hace varias gestiones, lejos de mejorar el funcionamiento de una institución atravesada por la corrupción estructural y la desprofesionalización, le da mayor poder que luego utilizan para funcionar como grupo de presión", analiza el documento publicado por el organismo que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos.
El CPM pidió modificar la conducción policial a futuro para evitar este tipos de situaciones: "Llamamos a revertir las políticas actuales, profundizar el control civil sobre las fuerzas de seguridad y democratizar la institución. Estos acuartelamientos y manifestaciones son ilegales, y así deben ser tratadas".
