Tras un largo debate en el que se puso en tela de juicio el sistema de salud durante la pandemia del coronavirus, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa enviada por el Ejecutivo para ampliar por seis meses la emergencia sanitaria establecida en la Ley 8.188.

Con esta nueva prórroga también se modificó la composición del Comité Operativo de Emergencia (COE), pero además se deroga la Ley 8.191, derivada del decreto 255, que establece un régimen especial sancionatorio ante faltas contra lo dispuesto para prevenir la pandemia.

Dicha normativa otorgaba el poder de juez a la jefa de la Policía, dejando en manos de esa fuerza todo el proceso de sanción, sin intervención de la Justicia ordinaria tal como se prevé con las demás contravenciones, que involucran a fiscales y magistrados.

Esa suma de poder, derivó en un incremento de la violencia institucional con casos graves de abuso policial, que fueron denunciados por organismos de derechos humanos y que motivó que la propia Secretaría nacional de DDHH haga una presentación en la Justicia, además de otras presentaciones judiciales realizadas antes por organizaciones de derechos humanos y sociaes. 

La prórroga aprobada ayer explicita en uno de sus artículos la derogación de la cuestionada ley y establece un nuevo Régimen Excepcional Contravencional para la pandemia del virus SARS-CoV-2/COVID-19, el cual se regirá análogo al actual código contravencional y será un juez de garantías el encargado de sancionar las faltas.

Así como inicialmente las faltas con el régimen sancionatorio vigente se fueron generando a medida que avanzaba la pandemia y el COE iba dictando nuevas medidas, en esta oportunidad, ya con seis meses de experiencia, los legisladores pudieron dedicar un capítulo entero con las tipificaciones de los delitos y su rango de sanción.

Así, por ejemplo, la pena más grande, con hasta una multa equivalente a 500 días, será para los que ingresen a la provincia sin certificado o permisos correspondientes, o evadan controles policiales, u oculten información de síntomas sospechosos de covid-19.

También tendrá un alto valor económico la multa para quienes organicen reuniones sociales o circulen cuando esté expresamente prohibido. En tanto, se fijan sanciones para los establecimientos que incumplan con los protocolos o trabajen en rangos horarios o días que no estén permitidos.

En otro orden, el nuevo COE tendrá una conformación diferente a la que ostenta actualmente, ya que estará conformado por los Ministerios de Salud Pública, de Seguridad, de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia; el secretario General de la Gobernación y el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, más un miembro de la Dirección General de la Coordinación Epidemiológica.

Además, se invitará a dos representantes de cada Cámara del Poder Legislativo Provincial, una autoridad del Poder Judicial, otra del Ministerio Público y un representante del Consejo Económico Social.

Hubo una propuesta de los bloques opositores para incluir un representante de los movimientos sociales, pero fue rechazada por el oficialismo al considerar que se “politizaría” el organismo si se incluye a organizaciones identificadas con algún partido o referente.

Durante el debate hubo un cruce entre los diputados oficialistas y los de la oposición, ya que estos últimos, especialmente los del norte, enfocaron sus discursos en describir las dificultades que presenta el sistema sanitario en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia y dispararon duras críticas, especialmente contra el equipo del Ministerio de Salud.

Llamativamente, los legisladores saencistas reafirmaron los cuestionamientos a la ex ministra de Salud Josefina Medrano, que en ese momento todavía se encontraba en funciones, ya que la renuncia se conoció luego de votarse la prórroga.

Igualmente, no faltaron los reproches de los oficialistas por considerar que los discursos críticos tenían una finalidad política de fondo, afirmación que provocó el enojo de los opositores al sostener que era un argumento que apelaba a la mera descalificación.

Además, hubo un dictamen de minoría del Partido Obrero, en el que solicitaba se centralice el manejo de todo el sistema de salud provincial, tanto el público como el privado, para optimizar la utilización de las camas disponibles. Y también establecían una contribución extraordinaria a los grandes patrimonios para aquellas personas que superen los 100 millones de pesos. 

Culpa de los montoneros

Llamativo fue el discurso del diputado saencista Gustavo Orozco, porque inicialmente defendió al gobernador, principalmente atacando a la anterior gestión por la falta de inversión en la salud y a los diputados “que ahora hablan cuando estuvieron mucho tiempo mudos”.

Luego expresó su malestar porque lo señalaron como autor del proyecto que solicitaba dar en comodato tierras a una clínica privada, hoy cuestionada por no recibir pacientes con covid, a lo que aclaró que eso se corrigió y ahora el beneficio es para el establecimiento sanitario que presente las mejores condiciones.

También defendió a la policía, cuerpo que supo integrar antes de asumir como legislador, pero lo curioso se dio al final de su alocución: “Yo sé que lo que voy a decir a muchos lo va a golpear, pero este problema de la Argentina viene del año 74 o 75, porque muchos de esos jóvenes montoneros de esa época hoy tienen poder, son juez o periodista, por algo el general Perón les dijo en una plaza retirensen (sic)”.

Sigue la emergencia por violencia de género

Diputados también dio media sanción al proyecto que ingresó sobre tablas, autoría de la diputada Alejandra Navarro (FdT), para extender por dos años la vigencia de la Ley 7.857 que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género, que se sancionó en 2014 y que desde entonces fue sucesivamente prorrogada.

La autora señaló que después de 6 años se cumplieron algunos objetivos, pero hay otros que siguen pendientes. Hizo hincapié en la falta de presupuesto que frustró el tratamiento de algunas leyes complementarias a la emergencia.

Después reconoció que se necesita trabajar más articulando con diferentes actores de la sociedad. En cuanto a la estructura judicial expresó que hay cargos como las defensorías o juzgados de violencia que se crearon y se ocuparon con funcionarios, pero otros que están pendientes. También ejemplificó que en Anta no hay hogares refugios para asistir a mujeres que deben salir de su casa de urgencia.

Además se refirió a que con la pandemia y el aislamiento obligatorio se incrementó el riesgo a las mujeres que deben convivir con un violento y señaló que hubo un incremento proporcional de las denuncias en estos últimos meses, en los que ya se superaron las tres mil.

"Esta emergencia le da al Ejecutivo las herramientas para poder disponer de presupuesto y recursos para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer", concluyó.

A lo mismo se refirió Emilia Figueroa (PJ Sáenz), que subrayó que de los 5 femicidios en la provincia, 4 se dieron durante la pandemia y además hubo más de veinte intentos que no llegaron a consumarse.

El proyecto se aprobó por unanimidad con la abstención de Claudio Del Plá, porque entendió que esa ley no soluciona el problema, sino que lo agravó, y adelantó que van a presentar un proyecto alternativo.