Una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia denunció un "flagrante caso de corrupción" en el proceso de compra de 170 respiradores españoles y 324 chinos a manos del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez. La comisión mixta puso fin a un informe sobre varios casos de adquisición de insumos médicos en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, en el que establece que se produjeron varias alteraciones e irregularidades en los precios y en los procedimientos.

La pesquisa abarcó además la problemática falta de oxígeno, que los legisladores atribuyen a la falta de previsión y no a los bloqueos de rutas dispuestos por organizaciones políticas, sociales y sindicales, tal como denunció el régimen boliviano. Ahora, la comisión de parlamentarios presentará el informe final al pleno de la Asamblea Legislativa en la próxima semana. En paralelo, el periodista Adair Pinto presentó una investigación en la que revela la forma burda en que el gobierno de facto intenta lavar la imagen de Evo Morales de programas de salud creados durante la gestión del expresidente pero utilizados por Áñez para hacer campaña.

"Concluimos y demostramos que se cometieron muchas vulneraciones de la ley y además fueron apañadas por alteraciones en los precios y en los procesos, lo que lleva a actos de corrupción flagrantes que son muy claros", destacó el presidente de la comisión, Ciro Zabala. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que en el caso de los respiradores españoles ni uno solo funcionó. Además habrían existido varias irregularidades en la compra de esos equipos. "Ni siquiera les pidieron boleta de garantía", reveló.

Los 175 equipos fueron adquiridos en España a través de la empresa IME Consulting Global Services en una compra por un total de 4,7 millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una vez adquiridos en mayo pasado, se descubrió que no eran aptos para enfermos críticos por coronavirus y que se habían contratado con un sobreprecio de cerca de tres millones de dólares. Por este caso ya hay dos detenidos de forma preventiva y otros cinco con prisión domiciliaria, entre ellos el exministro-de-salud">exministro de Salud Marcelo Navajas y el excónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja.

El caso de los respiradores chinos es menos conocido, aunque "llegaron casi al mismo tiempo y nadie sabía de su existencia", aseguró el senador Zabala tras la reunión de la comisión de investigación. Se pudo demostrar que incluso existe un mayor sobreprecio que en el caso de los respiradores españoles: el precio total, incluido el transporte, fue de 12.963 dólares pero el Ejecutivo pagó el triple, 35 mil dólares por cada uno. 

"Bolivia ha recibido más de 350 millones en donaciones de organismos internacionales y hasta ahora no ha rendido cuentas sobre qué se ha hecho con este dinero. No se han comprado suficientes respiradores y se han detectado hechos de corrupción inauditos", sostuvo en ese sentido el periodista Adair Pinto en diálogo con PáginaI12. "Hay una improvisación total en el gobierno y la falta de dotación de implementos de bioseguridad le ha costado la vida al menos a 300 médicos y enfermeras bolivianas", agregó.

En cuanto al desabastecimiento de oxígeno que dificultó la asistencia de pacientes de coronavirus particularmente durante el mes de agosto, la comisión legislativa argumentó que el conflicto fue por la falta de previsión del gobierno y no por los bloqueos organizados por sindicatos y organizaciones de base. Además se monopolizó la venta y producción de oxigeno con la transnacional Praxair cuando existían otras empresas que podrían haber duplicado su capacidad.

El conflicto "fue utilizado en una forma que no corresponde ya que fueron otros los problemas y no el bloqueo como se hizo aparentar", sostuvo el senador Zabala respecto al problema que, según el gobierno, derivó en la muerte de más de 30 personas. La administración de Jeanine Áñez incluso presentó una denuncia contra el expresidente Evo Morales y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por delitos de lesa humanidad debido al bloqueo de caminos durante las masivas jornadas de protesta contra la postergación de las elecciones.

La gestión sanitaria del gobierno de facto hace agua por todas partes. Ocho hospitales de tercer nivel de La Paz se declararon en quiebra por falta de pago de al menos 60 millones de bolivianos (8,7 millones de dolares). Y en las últimas horas funcionarios del ministerio de Salud denunciaron que se les instruyó borrar imágenes institucionales de la gestión de Evo Morales impresas en dentífricos, cepillos dentales e insumos que eran entregados como parte del Sistema Único de Salud (SUS). El video que registra el hecho fue difundido por el sitio Bolnews.press, dirigido por Adair Pinto.

En la grabación se puede ver a los empleados del ministerio reemplazar la imagen de un niño con rasgos similares a los del expresidente Evo Morales por un sticker donde resalta una cuerda y los colores del partido Juntos que llevará a la interina Jeanine Áñez como candidata presidencial. "No es la primera vez que se utilizan este tipo de materiales para la campaña de Jeanine Áñez. La televisión pública está siendo utilizada descaradamente para promocionar su supuesta gestión de gobierno", denunció Pinto. Acechado por escándalos de corrupción y sin logros de gestión para exhibir, el régimen busca apropiarse de una gestión que no le pertenece.