Este miércoles a las 10 iba a comenzar el desalojo de la toma de Guernica, con 500 policías, según trascendió. No eran pocos los que imaginaban una "masacre" tratándose de la ocupación más grande de la provincia de Buenos Aires. Tras dos jornadas intensas de negociaciones y reuniones, el juez Martín Rizzo firmó el martes por la tarde una resolución que pone nueva fecha al desalojo. Fue luego de que se lo solicitaran el gobierno bonaerense, los abogados que representan a quienes se encuentran en el predio y organismos de derechos humanos. El operativo previsto para el 23, 24 y 25 de septiembre pasó para el 1º de octubre. Estos diez días serán "cruciales" para lograr una "desocupación pacífica", de acuerdo al gobierno de la provincia.

"La mayoría de los vecinos están contentos. Es un tiempo más que estamos acá, pero sigue siendo la confirmación del desalojo. Estaría bueno que dijeran 'ganaron, se quedan ahí'", comentó a Página/12 Damián. Un albañil, como tantos de los que habitan la toma, que se quedó sin trabajo y sin poder pagar el alquiler en medio de la pandemia, y padre de dos niñes.

El abogado Eduardo Soares, integrante de La Gremial que defiende a las familias, informó que el martes cerró con una reunión entre autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial y delegados de la toma. No fue un encuentro positivo. Las autoridades ofrecieron la inscripción a un registro y asistencia y seguimiento hasta que la situación se resuelva, "pero el planteo era váyanse y después vemos", reveló Soares, quien destacó no obstante el "esfuerzo" de Nación y Provincia en este tema hasta ahora. "Eso no va a ser aceptado: la gente no tiene adónde ir", concluyó. Se habló de una nueva reunión recién para el 2 de octubre.

No es la primera vez que se posterga el desalojo. Ya había ocurrido en tres oportunidades por intervención de La Gremial. En los últimos días el gobierno bonaerense llevó adelante un censo y apuntaba a la reubicación de las personas instaladas en el predio del partido de Presidente Perón, punto clave que justamente no se conversó en la última reunión. "Por protocolo de la Suprema Corte de la provincia no se puede desalojar sin antes resolver cuestiones específicas vinculadas con el derecho a la vivienda", dijo este martes Soares en una conferencia de prensa en el Obelisco, en un día clave en el desarrollo del conflicto.

En las tomas de la provincia se repiten los desalojos y la represión, con heridos y detenidos, y violaciones al protocolo. Y no hay respuesta habitacional. El devenir de la de Guernica podría constituir una excepción. El juez había derivado el tema al fiscal Juan Condomí Alcorta. La resolución llegó después de una audiencia judicial que se realizó el lunes con participación del juez, la fiscalía, La Gremial, el Cels, defensores oficiales y abogados de quien en el expediente aparece como principal damnificado. En esta instancia la provincia pidió la postergación, como los defensores. La Gremial lo solicitó luego por escrito. El martes también presentó un escrito ante la Justicia el gobierno bonaerense.

La resolución

"La situación en conflicto implica una tensión de derechos", define el documento al que tuvo acceso Página/12. "El plazo estipulado resulta adecuado para la protección de los derechos y garantías de las personas que se encuentran en juego, por un lado los damnificados y por el otro, aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans-travestis, personas con discapacidad y adultos mayores". El "norte" de la decisión es dar una "salida pacífica" y con respeto por los "derechos humanos".

La resolución aclara que se extenderán medidas como la prohibición de ingreso de "nuevos ocupantes" y de materiales de construcción, mobiliarios y electrodomésticos. "La información recolectada les permitió planificar (a los ministerios) distintas líneas de intervención con las que se buscará el abandono voluntario, concluyendo que una prórroga como la solicitada permitirá llevar a cabo dicha tarea", postula. La nueva fecha para la "efectivización del allanamiento para el lanzamiento masivo de los ocupantes" es el 1º de octubre, o "supletoriamente", el 2 o el 5. La fuerza pública deberá utilizarse en caso de que "resulte indispensable" y "en la menor medida posible".

El pedido del gobierno bonaerense

"A criterio de los funcionarios y funcionarias del gobierno provincial que conformamos el dispositivo interministerial abocado al caso los diez días venideros son cruciales para lograr una desocupación pacífica", planteaba el escrito con firma del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, presentado el martes ante el Juzgado de Garantías número 8.

De acuerdo al censo del Ministerio, en la toma hay 2.344 casillas. 1.904 personas accedieron a registrarse y 604 familias manifestaron ser oriundas de Guernica, mientras que el resto llegó de distritos cercanos, la mayoría de Almirante Brown. "La información recolectada permitió planificar distintas líneas de intervención con las que se busca un desalojo voluntario y una prórroga permitirá llevar adelante esa tarea", sugería el texto. En distintas oportunidades funcionarios de la cartera manifestaron que la intención es buscar tierras alternativas para reubicar a las familias. Una propuesta bajo análisis fue planteada por el Movimiento Evita al gobernador Axel Kicillof: que la provincia arme un fondo para comprar las tierras o parte de ellas y las venda en cuotas a las familias. La propuesta se difundió en algunos medios como si ya estuviera aprobada, pero la gobernación lo desmintió.

Este mediodía Larroque se reunía con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, quien siempre tuvo una postura muy dura ante el conflicto. Quedó claramente graficada cuando dijo que no había "nada que negociar" porque ya existía una orden de desalojo. Dijo que no tenía "soluciones mágicas" para la problemática habitacional, sobre la cual no manifestó preocupación. Siempre deslegitimó la toma, con distintos argumentos: porque, según ella, participaban personas de otros distritos, porque era comandada por organizaciones sociales. Porque a la noche no quedaba nadie y porque se veían camionetas nuevas alrededor.

Caso emblemático

En lo que al derecho de propiedad respecta la toma de Guernica es emblemática porque lo que choca con la necesidad de quienes no tienen techo es un emprendimiento inmobiliario. La firma Bellaco, principal demandante, impulsa en el predio la construcción del Country & Club San Cirano. Los vecinos de la toma afirman que el lugar está abandonado desde hace 40 años.

"En el expediente judicial no hay dueños, no hay titulares de dominio. Los que se presentaron fueron dos o tres vecinos y la principal empresa inmobiliaria de la zona sin ninguna documentación que acredite la titularidad ni que tenían algún tipo de dominio sobre el inmueble: animales, sembrados, depósitos. Bellaco sólo presentó un plano: con esos elementos armaron la causa las grandes inmobiliarias y la intendencia", explicó Soares en la conferencia de la que participaron organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda. Aún no se conocía la resolución y se proyectaba una resistencia "activa, pacífica y no violenta". Pablo Pimentel, titular de APDH La Matanza, recomendó: "Vayan con barbijo, estén a dos metros de distancia y rodeen el predio con su cuerpo". Nora Cortiñas envío un mensaje en apoyo, definiendo a la tierra como "un derecho" y no como "un tema de seguridad".

Les niñes de la toma

La Gremial presentó un hábeas corpus en favor de los niños y niñas de la toma. Por su parte, Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, postuló que debe aparecer "una medida alternativa" al desalojo, porque siempre es un hecho "violento" para niñas, niños y adolescentes, aún "sin exceso en el uso de la fuerza". Para ella, organismos como la Defensoría y otros encargados de los derechos humanos pueden ser "veedores" del proceso. “Se requiere flexibilidad, cooperación y predisposición para encontrar una solución que no implique medidas coactivas ni de fuerza en detrimento de las y los niños que hoy viven allí", planteó Graham, quien puso en primer plano "la pobreza y la extrema vulnerabilidad" de los chicos de la toma.