Nuevamente los estudiantes secundarios de Salta se movilizan para que los senadores salteños finalmente traten y aprueben el proyecto de ley que regula la normas para la creación y funcionamiento de los centros de estudiantes en la provincia. La iniciativa, que establece la derogación de la actual Ley 6.616 e insta la adhesión a la Ley Nacional 26.877, consiguió en septiembre del año pasado la media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto ya había sido aprobado en una primera instancia por la Cámara Baja en 2017, pero el Senado hizo modificaciónes que Diputados desestimó el año pasado e insistió con el texto original. 

Ese día los legisladores explicaron que no se puede ir contra la ley nacional vigente y que las modificaciones introducidas por los senadores tenían esas características. Por ejemplo, la Cámara Alta avanza con principios reguladores de los centros de estudiantes, cuando la ley nacional establece que serán ellos mismos quienes lo estipulen. También fija a la Subsecretaría de la Juventud de la provincia de Salta como autoridad de aplicación, cuando debiera ser el Ministerio de Educación de la Nación. Además, establece requisitos a los estudiantes para participar de los centros, por ejemplo, la condición de alumno regular de la institución, lo que no figura en la normativa nacional.

Ahora los estudiantes, exigen que los senadores suban el proyecto al recinto ante el riesgo de que continúe "cajoneado" y pierda estado parlamentario. El representante de la Federación de Estudiantes Secundarios de Salta (FESS), Aramis Padilla, dijo a Salta/12 que están a contrarreloj para que la Cámara Alta de Salta trate el proyecto. "Estamos intentando que se vote en el Senado este año porque si no, vuelve a cero", afirmó. 

De acuerdo a lo que les informaron, el 30 de diciembre el proyecto pierde estado parlamentario y por ende seguirá en vigencia la Ley provincial 6.616, que es duramente cuestionada por los secundarios dado que afirman que quita autonomía a los centros de estudiantes. 

En el artículo 8 de la  Ley que fue sancionada en 1990 se ordena que el estatuto aprobado por el Cuerpo de Delegados de la institución educativa tiene que ser remitido al Ministerio de Educación de Salta, "quien supervisará su adecuación a la legislación pertinente". Una vez que el Ministerio lo apruebe, recién podrá regir. 

Este apartado es objetado por distintas organizaciones estudiantiles, que no logran su derogación en el Senado. Padilla dijo que de continuar con esta legislación se estaría avalando el estado tutelar e impidiendo el principio de autonomía de las instituciones secundarias. 

"No podemos seguir esperando la voluntad del gobierno de turno para saber si aprueban tal o cual estatuto", advirtió. Por eso, apelan a la pronta adhesión a la ley nacional, sancionada en 2013 y que reconoce el carácter democrático de los centros tanto en su creación como en su funcionamiento. 

Padilla estuvo en representación de la Federación en un encuentro virtual de la Comisión de Educación de la Cámara Alta donde también estuvieron representantes del Ministerio de Eduación de Salta y diputados provinciales.

El senador del bloque Salta Tiene Futuro, Carlos Rosso, adelantó que el miércoles lo tratarán en una nueva reunión de la Comisión para acelerar los tiempos y que entre en el recinto. Sostuvo que el encuentro on line fue positivo porque posibilitó que distintas autoridades puedan escuchar las voces de los estudiantes.

Rosso, que tuvo participación en su adolescencia en centros de estudiantes, manifestó que como la institución democrática que son los centros, los estudiantes tienen "derechos" y "obligaciones" por ser parte del establecimiento educativo. Ante ello, subrayó que "es momento de que la provincia les de una herramienta para que sean verdaderos representantes, no sólo de los colegios, sino de temas que atañen a la juventud".

Aseguró también que el gobernador Gustavo Sáenz "no tendría problemas" de que se apruebe la ley. En esa línea, el director de la Agencia Provincial de la Juventud, Pablo Marcial, comprometió el apoyo del organismo a su cargo en la organización y armado de los centros de estudiantes en todo el territorio provincial.

Rosso advirtió que de sancionarse la ley, las autoridades del Ministerio de Educación tendrían una "gran tarea" para lograr que los supervisores y directores insten a la creación de los centros de estudiantes en los colegios y que al mismo tiempo hagan saber que los jóvenes "no sólo vienen a estudiar, sino también a ser parte de la escuela a través de una insitución democrática". 

El senador presentó en septiembre de 2018 un proyecto que deroga la ley vigente y crea una nueva ley para Salta. Sin embargo, los estudiantes impulsan que sea aprobado el que ya cuenta con la aprobación de Diputados.

Padilla dijo que esto fue expuesto ante Rosso, quien les manifestó no tener problemas en desistir del proyecto de su autoría si fuera necesario. 

Del encuentro también participaron el senador del PJ Javier Mónico, los diputados del Frente de Todos Jorgelina Juarez e Iván Mizzau, la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, y referentes de la agrupación universitaria Voces.