El almirante Marcelo Eduardo Srur, ex jefe de la Armada durante el gobierno de Mauricio Macri, será sometido a un juicio castrense junto con otros siete ex oficiales de la fuerza, imputados por “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo. Otro de los que estará en el banquillo será el contralmirante Enrique López Mazzeo, quien en la causa civil, que tramita en la justicia federal de Caleta Olivia, reveló hace unos días que el gobierno de Cambiemos tuvo información sobre el lugar del naufragio a los 20 días de la desaparición de la nave, pero la mantuvo en secreto durante casi un año.

En el juicio militar, la sanción más grave que pueden recibir es la destitución y la consecuente baja de la fuerza, lo que les haría perder todos los beneficios de que gozan hoy como personal retirado. Lo que se va a juzgar en el proceso castrense, tiene que ver con las graves deficiencias que tenía el ARA San Juan al momento de la partida. Esos problemas ya habían sido evidenciados en una misión anterior a la que realizaban el 15 de noviembre de 2017, fecha en la que se perdió contacto con la nave.

También se analizarán las irregularidades, ocultamientos y negligencias que se cree que habrían ocurrido durante las tareas de búsqueda del submarino, que se prolongaron –según la versión oficial ahora puesta en crisis por López Mazzeo—, hasta el 16 de noviembre de 2018, cuando se anunció oficialmente del hallazgo. Las posibles sanciones penales, por supuesto, seguirán siendo analizadas por la justicia civil.

El Consejo de Guerra quedará constituido el 25 de noviembre próximo en el Edificio Libertador, Azopardo 250, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. Además del almirante Srur, deberán comparecer el contralmirante Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, otros cinco oficiales que, como él, están también procesados en la causa que lleva la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y el capitán de navío Carlos Ferraro, quien estuvo al frente del Proyecto Submarinos.

Los otros cinco imputados en la causa civil y ahora también en la militar, son el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina.

A los seis oficiales procesados en la causa civil se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. Ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde ahora está la causa, el fiscal federal Norberto Bellver, se sumó al pedido de las querellas y adelantó que solicitará que se cite a declarar como imputados en la causa civil al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, y al almirante Marcelo Srur.

La convocatoria del Consejo de Guerra se hizo ahora en el marco del legajo disciplinario ordenado en su momento, luego del hundimiento, por el ex ministro de Defensa Oscar Aguad. Este primer anuncio público fue hecho por la gestión encabezada por el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, a días del tercer aniversario del hundimiento del ARA San Juan.

El Consejo de Guerra debe determinar las “responsabilidades disciplinarias encuadradas dentro de las previsiones” del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Se analizan en principio las “infracciones gravísimas” y también aquellas que, sin alcanzar el mismo nivel de gravedad, puedan surgir de la investigación de los autores navales.

Se dice que concluida la instrucción, se ha determinado a través del “Informe final” la existencia de faltas que determinan la constitución del Consejo General de Guerra. El presidente del Consejo será el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Aníbal Rossi, los vocales serán el general de brigada Juan Martín Paleo y el brigadier Pedro Esteban Girardi y será secretario el comodoro Angel Rojo. Como auditor intervendrá el general de Justicia Juan Antonio Stanchina. 

Uno de los artículos citados en la convocatoria al Consejo de Guerra, es el que sanciona al militar que “en tiempo de guerra o en operaciones” ordenadas por las fuerzas “perdiera la unidad confiada a sus órdenes, provocara daño a la tropa o al equipamiento”. Y también por no haber tomado “las medidas preventivas necesarias” para evitar que eso ocurriera. Del mismo modo se penaliza el hecho de “no solicitar con la debida antelación el auxilio requerido”, entre otros puntos.