El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío al Congreso del proyecto del Ejecutivo para la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el de “los 1000 días de protección para la infancia” esbozó un nuevo umbral posible desde el cual pensar y ejecutar las políticas públicas en torno a la salud, y al lugar de las mujeres, y de la maternidad, en la sociedad, y generó un amplio espectro de reacciones. “El presidente Alberto Fernández cumple los compromisos asumidos en su campaña electoral y ante la Asamblea Legislativa. Propone un debate respetuoso y democrático #QueSeaLey”, twiteó Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la presidencia y responsable de coordinar la redacción de la iniciativa.

Para Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el envío de las iniciativas evidencia el compromiso político del gobierno, y sigue la línea de construir “un Estado presente” que acompaña a las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantiza el acceso a la salud. “Los dos proyectos son complementarios y promueven justicia social e igualdad de oportunidades --sostuvo Gómez Alcorta--, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral”.

Su par en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad Sexual, expresó la necesidad de transformar los proyectos en ley. “Esto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, respeta la decisión de cada mujer” y responde a una política de salud, sostuvo. “Son una referencia de justicia social para quienes pertenecemos al campo nacional y popular, y defendemos el derecho a decidir”, agregó.

En eso coincidió Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, quien sostuvo: “Que el proyecto por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo haya sido enviado al Congreso, en el Día de las Militancias, es un reconocimiento a la lucha colectiva por el aborto legal”. Mayra Mendoza, fue diputada en 2018, mientras se debatió el proyecto en el Congreso, donde fue parte del grupo ‘Las Sororas’, que lo impulsó.

“Ahora trabajamos para conseguir el número necesario porque tiene que ser ley”, sostuvo Mendoza. “Es un proyecto que sabemos que tiene dificultades” señaló, ya que “para muchos es un tema complejo”. De ahí que para Mendoza “no hay que tratar este tema con anteojeras ni religiosas ni morales, y construir ese número como en 2018, hasta que sea ley”. Se refiere al paso a paso que el proyecto deberá dar en las comisiones que lo trataran en Diputados, para ser cursado a Senado en este año parlamentario.

Para la ministra de Mujeres de Nación, el objetivo se centra en la obligación del Estado “de cuidar la integridad física de las mujeres, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a quienes desean continuar sus embarazos, pero se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y sean acompañadas por un Estado presente”.

Gómez Alcorta aseguró que penalizar el aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos, solo las obliga a hacerlo clandestinamente y en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos, por año. “Es un problema de salud pública”, señaló.

Los abortos clandestinos e insalubres, se realizan en general por mujeres de bajos recursos, en condiciones inseguras y con un costo que suele ser muy alto: sus vidas. “Todas y todos sabemos que las mujeres de más altos recursos también abortan –sostuvo Gómez Alcorta--, pero pueden hacerlo de manera segura”. La ministra aporta un dato: “Por año, alrededor de 40.000 mujeres son hospitalizadas por interrumpir embarazos en forma clandestina e insegura”. Y suma una estadística estremecedora: “Desde el retorno democrático murieron más de 3.000 mujeres por abortos clandestinos”.

“Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de las personas, en condiciones de igualdad. Es una cuestión de salud pública pero también de justicia social” coincide Gómez Alcorta con sus pares de lucha militante y feminista, como también de lucha social y política. “El Estado debe prevenir la mortalidad por abortos inseguros que afecta principalmente a los sectores populares”, señaló. “Frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, debe haber un Estado que acompañe y equipare condiciones y acceso a la salud”.

“Las mujeres de los sectores populares que no tienen recursos, ni acceso a la información --define Estela Díaz-- son el sector beneficiado por estas propuestas, y en relación a la interrupción del embarazo, cuando se hace en las primeras semanas, y tal como lo evidencia esa práctica en muchos países desarrollados, la mortalidad baja notablemente, esto lo debemos tener en cuenta”. El aborto legal en los países desarrollados es uno de los procedimientos más seguros en la actual práctica médica, con mínima morbilidad y con tasas de letalidad de menos de una muerte por 100.000 procedimientos realizados.