Dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconocieron ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé que circulaba información en sus teléfonos sobre todo lo que sucedía en el penal de Ezeiza, pero negaron que fuera para hacer inteligencia ilegal sobre los presos kirchneristas, sus abogados y quienes los visitaban.

Miguel Ángel Perrotta es un hombre de pocas palabras -- o, al menos, ésa fue la impresión que quiso dejar durante la indagatoria de ayer por la mañana que condujo el fiscal Santiago Eyherabide junto con el auxiliar fiscal Claudio Pandolfi. Perrotta fue hasta hace unos meses el responsable de Asuntos Internos del SPF y estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con el comportamiento de los agentes. Para los fiscales, fue parte del circuito de información sobre presos kirchneristas que terminaba llegando a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Un cruce entre el imputado y el fiscal fue memorable. Fue referido a dos mensajes que Perrotta le envió el 6 de noviembre del año pasado al entonces director del SPF Emiliano Blanco. Perrotta le decía a Blanco: “También tengo disponibles todas las fichas de los presos políticos, en papel y en digital”. Cuando Eyherabide le quiso preguntar por ese WhatsApp, Perrotta le saltó: “Yo quisiera saber qué es para usted un preso político”. Eyherabide le dijo, palabras más, palabras menos, que el que tenía que responder era él. Perrota estaba emperrado --tal como es su alias-- e insistió. Tuvo que meterse el juez Augé hasta que finalmente el imputado terminó diciendo que, en realidad, hablaba de un archivo que había aparecido en el SPF sobre los presos políticos de la dictadura --que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional-- y que se usaban para reparaciones o que habían sido aportados al juzgado de Daniel Rafecas. A nadie le cerró la respuesta.

Perrota contó que una o dos veces al día le llegaban los movimientos más importantes en las cárceles del país. “Yo pedía toda la información en crudo, después decidía qué hacer”, dijo Perrotta. Sus dichos son importantes porque no está negando la prueba que existe en la causa. La discusión pasará entonces por la legalidad de los intercambios.

Si el clima había sido difícil con Perrotta, todo empeoró con el segundo de los imputados que debió declarar. Se trató del abogado Fernando Carra, que estaba a cargo de un área de Promoción de los Derechos Humanos en el SPF, que, según los fiscales, se usaba para recolectar información sobre los presos. Carra declaró durante casi seis horas con una única interrupción para ir al baño. En realidad fue una alocución porque la fiscal Cecilia Incardona rechazó hacerle preguntas después de una catarata de insultos que recibió por parte del imputado. Carra insistió durante la indagatoria que se trataba de una causa armada contra él porque era candidato a ocupar la dirección nacional del SPF.

Eso sí no negó la existencia de mensajes que intercambiaba con el exdirector de Análisis de la Información (DPAI, inteligencia) del SPF Cristian Suriano, sino que dijo que le reportaba cuando se enteraba de cuestiones que hacían a la seguridad de las cárceles. Suriano ya declaró el miércoles y lo hizo en una línea que justificaba conocer todo lo que sucedía en los penales, casi en una caracterización de la estructura carcelaria como una institución totalizante.

“Lo cierto es que todos los mensajes que me imputan no solo prueban mi lícito y sublime accionar dentro del SPF, sino que demuestran que nunca violé ningún reglamento penitenciario y menos aún la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia)”, dijo en un escrito de 72 carillas que presentó también ante el juzgado.

La ronda de indagatorias sobre el espionaje penitenciario --que los fiscales entienden que se desplegó en el penal de Ezeiza, pero también se buscó extender al Servicio Penitenciario Bonaerense-- continuará el lunes con la que quizá sea la jornada más esperada: la presentación del exdirector de Jurídicos de la AFI macrista, Juan Sebastián De Stefano, y el exdirector del SPF Blanco.