Luego de la detención de la dirigente mendocina de la Tupac Amaru Nélida Rojas, junto con su esposo y sus dos hijas, la Justicia de esa provincia redobló la ofensiva contra la organización social y detuvo al hermano de Nélida por supuesta coacción agravada. La defensa de los acusados denunció a la fiscal del caso por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad.
La detención de Ángel Osvaldo Rojas fue solicitada por la fiscal de la Unidad Nº 2 Las Heras-Lavalle, Gabriela Chávez, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas, en el departamento mendocino de Lavalle. La organización social enmarcó los cinco apresamientos en la “persecución política” que se inició en enero del año pasado, en Jujuy, cuando la dirigente Milagro Sala fue detenida tras un acampe frente a la sede de la Gobernación provincial.
En el caso de Mendoza, entre los imputados están Nélida Rojas, arrestada el viernes junto con su marido Ramón Martínez, y sus hijas Carla y Leonela Martínez (ambas con prisión domiciliaria), todos acusados de asociación ilícita, usurpación y coacción agravada a partir de un informe televisivo que se difundió en noviembre pasado.
Tras la detención de Ángel Osvaldo Rojas, el abogado Alfredo Guevara presentó un hábeas corpus y denunció "por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad a la fiscal”. “Pocas veces he visto tanta falta de respeto a la libertad de las personas. Todo un mensaje a las organizaciones populares mendocinas”, concluyó el letrado.
La persecución a la familia de Rojas comenzó poco después de que Nélida y sus hijas denunciaran, en 2015, que una de las viviendas construidas por la organización, lista para ser entregada, había sido ocupada por una intrusa, causa que derivó en una acusación contra las denunciantes por asociación ilícita.
