El 10 de diciembre de 1983, Argentina recuperó la democracia tras siete años de dictadura cívico militar. 37 años después, la media sanción de la ley de IVE explotaba en redes y medios mientras a más de 3 mil kilómetros, un esperanzado grupo de santacruceñxs aguardaba por el tratamiento de un proyecto de ley que les iba a permitir ejercer derechos y libertades.

En marzo, el frente de organizaciones Diversidad Santa Cruz comenzó a reunirse de manera virtual. Trabajaron sobre un texto base de la FALGBT, a veces entre lágrimas y otras hasta quedarse dormidxs, logrando un proyecto reparador y abarcativo: integral. En agosto, fue presentado a la diputada Rocío García (FdT) y debatido en 8 comisiones.

El día del tratamiento en el recinto, Rocío, quien hace un año compartió la felicidad de estar en pareja con una mujer, expresaba minutos antes de la votación: “Quiero para mis hijos, sobrinos y todas las generaciones futuras que puedan vivir en una Santa Cruz libre de prejuicios y con igualdad de oportunidades. No quiero llegar tarde como llegamos a muchas de las historias que hemos escuchado”.

Es que en el sur del país, el homolesbotransodio está agazapado y a veces, ataca con virulencia. Empieza con los comentarios despectivos sobre los putos o las lesbianas, pasa a una violencia más cruda como la que vivió Jorge Astorga a manos de policías homoodiantes en mayo, hasta las torturas y muerte de Fabián Gutiérrez en julio de este año o el transfemicidio de Marcela Chocobar en 2015.

En la misma provincia donde sucedieron estos violentos hechos, a las 15:16 del 10 de diciembre, por unanimidad se sancionó la Ley Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos Humanos a las Personas Trans.

Minutos después, “Roxy” Rodríguez, la mujer lesbiana que encabezó la elaboración del proyecto, les señalaba a 24 legisladores cisgéneros de Santa Cruz cómo la 334/20 afectará la vida de personas travestis y trans como así también a quienes se autoperciben o expresan un género no binarix. “Quizás en este momento no se den cuenta que están haciendo historia, quizás para ustedes sea un simple trámite”, decía.

En los conversatorios previos con “mucho asombro” lxs diputadxs escucharon las experiencias de la comunidad LGBTIQ+. “Hubo un diputado que pidió disculpas, decía que hacía mucho tiempo estaba en política y desconocía esa realidad específica. Él se animó a expresarlo, a otres les veía la cara o decían ‘¿Pero, dónde pasó esto?’”, señala “Roxy”, directora en Diversidad y Género dependiente de la Subsecretaría de las Mujeres de Santa Cruz, a Soy.

Salud y trabajo

Un relevamiento realizado por Diversidad y la FAGLBT indica que en la provincia viven alrededor de 90 personas trans en tanto que hay unas 15 “golondrinas”.

“Estos derechos que estamos pidiendo lo puede tener cualquier persona cis, nosotros siempre hemos estado a un costado. Ahora, Santa Cruz se volvió como el edén para la comunidad ”, explica Dennise Romero (33), una mujer trans riojana que hace tres años llegó a Río Turbio.

Destaca los aportes de la ley en cuanto a salud y trabajo, sostiene que “es lo que te dará un futuro y una calidad de vida” y reconoce que aún existe “un trato bastante despectivo en el ámbito de salud”. En ese sentido, se prevé la formación de profesionales especializados y la creación de los Centros Especializados de Identidad de Género en los hospitales públicos, los cuales podrían tener como base los consultorios inclusivos de El Calafate, Puerto San Julián, Caleta Olivia y Río Gallegos, actualmente sin actividad por la pandemia y en el caso del último desde fines de 2019.

En cuanto a trabajo, la ley establece un cupo laboral del 1% en el ámbito público y programas de formación profesional. “La sociedad te lleva a la prostitución porque es la única salida para poder vivir. El cupo laboral es lo que va a cambiar nuestra realidad, nos va a cambiar el futuro”, afirma la estudiante de Trabajo Social y colorista a Soy.

También se establece un cupo del 1 % en becas educativas, un registro de postulantes para acceder a la casa propia y una asignación permanente para personas trans, con cambio registral (mayores de 40 años) que corresponde una categoría de la administración pública que ronda en los 30 mil pesos.

La 334 incluye la prohibición de tratamientos de inversión, explica Roxy “que hay un montón de cuestiones que parece que no pero sí pasan”. Al menos en dos localidades estas “terapias” existieron y la “gran preocupación”, señala, es que no les pase a otras personas.

En la sesión, luego de la sanción de la ley, Uriel Céparo, un varón trans de Puerto San Julián expresó lo que muchxs sienten desde la aprobación: “Tengo la satisfacción de poder sentir y a mis 40 años decir que tengo derechos que realmente hoy tengo derechos. Gracias por darme dignidad y ver que realmente somos personas”. Reconociendo su personalidad combativa, cerró: “Hoy no voy a renegar, hoy voy a disfrutar”.