Con algunas variables en proceso de recuperación, la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) va camino a escindirse de la posibilidad de una mejora económica en el corto y mediano plazo. Quizás por los tiempos de la política y un año electoral en el que el Frente de Todos se juega parte importante de su futuro parlamentario, en el Ejecutivo ya no hablan del arreglo con el organismo internacional como un sujeto central para enderezar el barco de la post pandemia. 

"Cuando tenés el dólar moviéndose, te preocupas por el acuerdo, cuando está tranquilo, no te importa tanto", es una frase que subyace en conversaciones en la Casa Rosada, y sintetiza la idea antes planteada: de la crisis, el Gobierno piensa salir con estabilidad cambiaria y actividad creciendo, aún cuando las discusiones por la deuda continúen, incluso, hasta agosto o septiembre. 

Así las cosas, la evolución de las charlas con el organismo que comanda Kristalina Georgieva tienen algunas particularidades que son más bien políticas. Un primer punto que demora algo los plazos es ver quién estará en la silla caliente del gobierno de Joe Biden en lo referente a la relación con los países. Si bien el electo presidente ya adelantó que Janet Yellen será la secretaria del Tesoro, no se sabe aún quien reemplazará al subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Brent Macintosh, el designado por Donald Trump. 

Para el Ejecutivo y el ministerio de Economía, esa posición no es "una bala de plata", pero siempre hay que tener un cuadro con comprensión de la situación. Cuando en febrero haya una misión a Washington que hoy está casi confirmada, se avanzará en la toma de contacto político con la nueva adminstración. 

Donde sí parece haber certezas es en lo que pedirá el FMI. Mientras el Gobierno está -obligado por el corto plazo y la necesidad de ganar las elecciones- inmerso en una lógica menos fiscalista y al parecer más centrada en atar la inflación en base a regulaciones de precios, se debatió internamente si Georgieva pediría más ajuste o retoques al plan económico. Observan en el Frente de Todos que lo que habrá, sí, es un pedido de mantener un sendero fiscal previsible, pero lejos de modificaciones de fondo. Lo último que definirá son los plazos para el pago, que pueden ser hasta de siete años, pero eso, hoy, es casi el sexo de los ángeles si se observan los tiempos del convenio.  

Algunos se entusiasmaron con las declaraciones de la búlgara respecto a que los países, más que ahorrar, deben gastar más para salir de la crisis. Como si estuviese justificando el libre juego de soltar flujos. Pero los que tienen el mercurio de las charlas en mano, les bajaron la expectativa. En Economía saben que el llamado fue a que gasten los que pueden gastar. 

Esta velocidad crucero en la negociación con el FMI, que el propio ministro Martín Guzmán adelantó como posible, puede incluso tener un empalme temporal en las charlas que se deberán iniciar con el Club de París, último capítulo de la deuda externa. Aunque en el Gobierno lo niegan, Argentina tiene ventajas geopolíticas en la relación con los accionistas de París, un frente que le traerá menos complicaciones que el FMI. Tanto que fuentes en el exterior consultadas por Página I12 aseguraron que "no está tan claro que los accionistas, los países del Club, tengan ganas de acelerar contra Argentina en el frente de deuda".  

Si la foto del 2020 fue la de un gobierno centrado en ordenar la macroeconomía con el acuerdo con el FMI como centro, este 2021 se inscribe en la lógica de potenciar la economía interna para encaminar el plan con la deuda corriendo en paralelo. Las dudas, dos: si se podrá ordenar el frente inflacionario, con números que preocupan; y si el mercado cambiaria puede, en año político, sostener la estabilidad y la recuperación de reservas del último mes y medio.