En los remotos comienzos de la pandemia proliferaron diagnósticos precoces, voluntaristas. Consignas para noquear en los debates, imaginar tatuajes o estampados de remeras. “Te salva el Estado, no el mercado”. Tras un año de recorrido, “el mercado” o “los privados” imponen condiciones, son huesos duros de roer. Las patentes les van ganando a los derechos humanos, la solidaridad internacional, las gestiones de gobernantes. Capitalismo versus democracia, un nuevo y decepcionante episodio, aún en los países centrales.
La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, verbaliza “profundo descontento” por los retrasos en la entrega de vacunas de AstraZeneca y problemas de distribución de Pfizer/BioNTech. Las campañas europeas de vacunación tropiezan o se frenan. La funcionaria parece estar rezongando, más como comentarista que como autoridad. No amenaza con medidas “del siglo XX” (expropiaciones, estatizaciones, socialización de las patentes), con sanciones drásticas, con llevar empresarios a tribunales. Los Estados y la Unión Europea parecen limitados. Con mirada profana, desde lejos, con el partido disputándose, uno imagina que las grandes empresas farmacéuticas replican “mirá como tiemblo”.
La politóloga María Esperanza Casullo tuitea: “Para mí, no hay historia más central en este año que la incapacidad de los países de coordinar internacionalmente para expandir y maximizar la eficiencia de la producción/distribución de vacunas”. Y añade, poco rato después: “Qué poco están queriendo/pudiendo hacer los Estados”. Muy poco, tendencia general que reconoce honrosas-contadas excepciones.
En su visita de Estado a Chile, el presidente Alberto Fernández abordó el problema desde un ángulo semejante: “Si hubiéramos estado juntos, estaríamos en mejores condiciones de negociar una vacuna contra el coronavirus”. Interesante la introspección de AF aunque quizá el ejemplo europeo sugiere que la unidad de los hermanos no garantiza la eficacia.
El gobierno nacional divulgó fechas de vacunación y cantidades de dosis en base a datos imperfectos, desvirtuados por los hechos. Anunciar objetivos es necesario, cuantificarlos o fecharlos, un albur excesivo o una temeridad. Se derrapa al error porque todos los jugadores improvisan sobre la marcha. O macanean, vaya uno a saber.
Las necesidades sociales, las premuras políticas corren a una velocidad mayor que la producción. El transporte, la logística… todos desafíos sin precedentes lo que dificulta o imposibilita la confección de cronogramas certeros. Mejor hacer conocer las tratativas con diferentes laboratorios, ubicados en variadas comarcas, las perspectivas generales, las hipótesis de trabajo. Las hojas de ruta, digamos.
Cuantificar depende de “n” factores, cuya mayoría es ajena a la voluntad o la acción del gobernante… un camino de ida a la crítica opositora, a la desilusión de la fuerza propia, a la incredulidad ciudadana y al fortalecimiento de los negacionistas o antivacunas.
Podría sorprender pero el reinicio de las clases, presencialidad incluida, plantea cuitas similares, hasta cierto punto. Arranca de discusiones dicotómicas, con argumentaciones blindadas. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, “roba cámara”, eclipsa las realidades de 23 provincias, exaspera el debate, lo simplifica al extremo. El maniqueísmo del PRO, el sesgo unitario de la polémica, no dejan ver el bosque federal. Impiden razonar, matizar.
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Regresar a las escuelas: El año pasado hubo clases, laburo a destajo a menudo, con magros sueldos. Horarios impiadosos casi sin descanso del personal docente. Aprendizajes de maestros, alumnos y familias. No es menester, pues, el regreso de las clases. Sí la vuelta, tranqui, escalonada y segura a la escuela, a la presencialidad, el modo normal de transmitir conocimiento, sociabilizar, juntarse.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra Acuña no están solos en ese afán pero se ingeniaron para colocarse como paladines de la demanda ciudadana. Eligieron como enemigos a los gremios docentes, los malos de su película: por esencia y porque son “K”. La segunda parte ni siquiera es plenamente cierta. No importa, los funcionarios cambiemitas encaran: “nosotros garantizamos lo que pide la gente, los sindicalistas hacen politika”. El eslogan pega, se adecua a la etapa: esquemático y maniqueo. Un enemigo irrecuperable combinado con una pobre descripción de las circunstancias. Escondiendo las dificultades, mitificando a los “protocolos” no como medio para atenuar el riesgo de contagios sino como panacea para impedirlos, tout court.
En realidad, todas las autoridades concernidas de la Argentina quieren y promueven un retorno a la presencialidad, en condiciones sanitarias seguras. Alberto Fernández tras enunciarlo lo plasmó en el Decreto que prorroga el Dispo. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, lo subraya en reportajes o reuniones con colegas provinciales.
El sistema educativo, tupacamarizado y desfinanciado por el menemismo, articula un esquema federal mistongo. La Nación da directivas, tira líneas maestras, algunos recursos, Las provincias deciden y administran. Las asimetrías entre ellas perviven mitigadas por algunos mecanismos y resortes económicos compensatorios, bien intencionados, insuficientes de ordinario.
El Consejo Federal de Educación fijará los parámetros para los comienzos de ciclos lectivos, entre mediados de febrero y principios de marzo. Se congregó muchas veces durante el primer año de la peste, lo hará en la primera quincena del mes que viene. Las tratativas se llevan con un tono distinto al que promueve Acuña: más diálogo, menos beligerancia.
Si coexisten 24 distritos, olvídense de la uniformidad. Pero los representantes de los gobernadores esquivan el conflicto frontal por dos motivos básicos, distintos. En principio se llevan bien con Trotta y valoran aportes e iniciativas de Nación. Además, si tienen divergencias prefieren callar a ventilarlas a los gritos, De ese modo sostienen un trato pacífico con la Casa Rosada y se reservan el derecho de las medidas finales que se toman puertas adentro de las provincias y, aún, de las escuelas. El modus operandi lleva décadas de uso.
La conflictividad frente a los sindicatos recorre una vasta gama, el promedio es muy inferior a la porteña aunque, insistimos, cada terruño es un mundo.
Como sucede con las vacunas, las nuevas metas resultan imprescindibles. De su concreción depende que este año sea mejor. Hay un horizonte, tareas a ejecutar. Marcar el rumbo, las herramientas constituye un deber pionero de los ministros, con Trotta a la cabeza. Pero, como Alberto en lo atinente a las vacunas, las autoridades deberían morderse la lengua antes de fijar plazos perentorios, cuantificar porcentajes de alumnos que volverán. Lo cualitativo es beautiful, lo cuanti indigesto. Se hará camino al andar.
El ministro de Educación cordobés, Walter Grahovac, veterano como pocos, al mando de una provincia muy poblada y muy diversa, charló informalmente con este cronista. Detalló requisitos imprescindibles en cada escuela para empezar a volver. Sencillos, ineludibles, ninguno puede faltar. En combo configuran una exigencia elevada para muchos territorios. Tiene que haber agua potable, baños en cantidad suficiente y en buenas condiciones, ventilación-aireación, señalización clara. Provisión y suministro cotidiano de barbijos para personal docente y no docente, alcohol para les pibes y los grandes. Las familias proveerán barbijos para sus hijos e hijas. En caso de carencia, tal como se hace con los guardapolvos, el Estado provee. Las directoras son, si se permite ese giro amable, el órgano de aplicación.
Con los recaudos básicos garantizados, es viable empezar a volver. Cabe entonces calcular cuántas personas pueden convivir en la superficie existente. Afirmar que “tienen que ir” el x por ciento de los alumnos a todas las escuelas es una compadrada. Demarcar dead line para el 17 de febrero, otro tanto.
Por motivos comprensibles mas no deseables, la inversión para reforma o mantenimiento de edificios escolares resultó muy exigua en 2020. Arcas públicas exhaustas, prioridades en gastos de salud y salarios agotaron las cajas provinciales o municipales. Los niveles de arranque se parecerán demasiado a los legados por la presidencia de Mauricio Macri, angurrienta en materia de gasto social.
La controversia focalizada en “presencialidad sí o no” peca de reduccionista: hace a un lado cuestiones fundamentales. Entre muchos enfoques recomendables en ese sentido destacamos un artículo del historiador docente Federico Lorenz en Anfibia. Glosamos intuiciones propias. Tras un año sin cercanía se torna imperioso discutir contenidos, enfoques, modos de armonizar educación remota y cercana.
La provisión masiva de notebooks para chicas y chicas sin recursos familiares se torna imprescindible y subraya qué necio fue Macri al suspender el programa Conectar Igualdad.
Los docentes son parte de la solución, jamás los causantes del problema. Se han especializado en pilotear crisis, como la de 2001. Ocuparse de los comedores atentos a las urgencias de las criaturas y de las familias. Tampoco son novatos en enseñar mientras se combaten enfermedades: en bastantes provincias cooperaron en campañas contra el dengue.
De nuevo: los propósitos compartidos deben prevalecer sobre la ansiedad. Para ser serio, se debe discernir conforme se vaya avanzando. Con previsibles logros y retrocesos. Sin triunfalismos ni “enemigos internos” útiles para acumular en las encuestas pero disfuncionales para la gestión.
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Moderar la inflación, otra premura: El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) figura en la agenda presidencial, puede esperar a abril o mayo aunque es sensato no explicitarlo. El regreso a las escuelas, los progresos en la vacunación son necesidades urgentes. Tanto como moderar la inflación, sobre todo la de alimentos. Los aumentos de 2020 conspiran contra (o imposibilitan) la recuperación del valor adquisitivo de los salarios. Las herramientas elegidas por ahí contuvieron subidas peores… apenas eso. No bastaron los mecanismos de control de precios, los congelamientos de tarifas. La ley de Góndolas se reglamentó tardíamente. Tampoco bastó tranquilizar la economía, impedir el ataque devaluatorio, tampoco.
El Gobierno encara una solución política: organiza un acuerdo de precios y salarios entre representaciones empresarias y de trabajadores. Movida ambiciosa, importante en la coyuntura. Vale distinguirla del Consejo Económico Social (CES), prometido en campaña y en discursos inaugurales de AF pero no concretado. El CES anunciado en el Congreso se implantaría por ley, sería un organismo consultivo, para debatir medidas de mediano plazo. Dictaminaría sobre proyectos de ley, con resoluciones no vinculantes. Fernández quería que lo comandara el ex ministro Roberto Lavagna quien siempre se negó al convite. Ahora la Casa Rosada trabaja en un proyecto similar, un poco menos ambicioso. Un CES creado por Decreto y no por ley, posiblemente presidido por el secretario Gustavo Beliz.
Organismo de debate, caja de resonancia y visibilización un buen diseño del CES presuponía representaciones variadas, multicolores y fuertes, como cualquier organismo parlamentario. Institucionalizar el debate, someterlo a la luz pública, uno de sus méritos-designios.
Un acuerdo sobre precios y salarios persigue otros resultados. Concretos, inmediatos o próximos. Gremios y centrales empresarias tienen que tener antes que nada, capacidad de incidir en los mercados y en las demandas de los laburantes. En criollo: si se acuerdan valores, estos deben regir en una cantidad apreciable de casos.
La segmentación de representaciones alza un escollo a la eficacia. En Trabajo y la Rosada distinguen: “el panorama sindical es relativamente más sencillo, hay tres o cuatro grupos. Las Pymes se diseminan en unas cuantas centrales y tienen relativo poder para garantizar precios. Las grandes empresas se organizan un poco mejor”. “Pero están intratables”, glosa este cronista del otro lado de la línea obteniendo silencio como respuesta. Estudios de abogados Hood Robin se aprestan a judicializar el aporte solidario a las grandes fortunas, en defensa de un puñado de multi-multi millonarios. Por añadidura amenazan ir a los tribunales arguyendo la inconstitucionalidad de la prorrogada prohibición de despidos incausados. Nobleza obliga; frente a esta norma, se tomaron más tiempo. Pero se muestran incorregibles.
De cualquier modo, el Gobierno se tiene fe para una variante criolla de acuerdo marco.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, aprueba, chimentan sus pares, pero despotrica cuando se hacen trascender números. Tanto por ciento de tope a aumentos paritarios, tanto por ciento de salarios ganándoles a los precios…. las versiones circulan, seguramente inducidas por algún sector… Guzmán suspende su tranquilidad zen; le interesan los resultados, tarifarlos de antemano le suena como pelotazo en contra, un condicionante. En el contexto, un acuerdo eficaz entre representantes de clases y el Estado constituiría un avance. Tan necesario como dificultoso… el signo de los tiempos.
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La crisis causó nuevos conflictos: A los 99 años el académico francés Edgard Morin rememora y predica: “Yo me he sorprendido por la pandemia, pero en mi vida, tengo la costumbre de ver llegar lo inesperado (…) Yo no he vivido más que para lo inesperado y la costumbre de las crisis (…) Hace 20 años, un proceso de degradación comenzó en el mundo. La crisis de la democracia no ocurre solamente en América Latina, sino también en los países europeos. El predominio del lucro ilimitado que controla todo está en todos los países. Igual con la crisis ecológica”.
Combinemos para el cierre estas frases con las de la argentina María Esperanza Casullo: "Impresiona la impericia de tantos gobernantes, tanto como la debilidad relativa de los Estados frente a los ganadores del siglo XXI en todo el planeta. Acentuada en esta época atroz."
Los tres desafíos que hemos reseñado contienen conflictividad. La más artificial es la referida a la educación, exacerbada por el egoísmo e, intuye quien les habla, una dosis elevada de irresponsabilidad del gobierno porteño. En los otros, los intereses contradictorios están a la vista.
Solo los representantes elegidos por el pueblo, la sociedad civil, las organizaciones populares, los sindicatos expresan (ora mejor, ora peor) a los intereses mayoritarios. Las corporaciones, las empresas de cualquier calibre o bandera defienden los propios. El indigesto deber de quienes comandan al Estado es negociar o pulsear con ellas sin perder de vista quiénes son sus mandantes.
Olvidar datos tan sencillos incita al error, a deprimirse, a equivocarse de enemigo o de adversario. Podría sonar obvio o redundante subrayarlo a cada rato. Resulta, cree uno, imprescindible dentro del cuadro de incertidumbre, brutalidad de la derecha mundial y bulimia de los grandes jugadores de la economía.
