Una pareja y el hijo de uno de sus integrantes, residentes en la ciudad de General Güemes, a 50 kilómetros de la capital salteña, fueron imputados por hurto agravado, acusación impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Casos complejos de la Unidad Fiscal Salta

Eduardo Francisco Avilés, su pareja, Estela Verónica López, y el hijo de esta, Rodrigo Cuellar, fueron acusados por el robo sistemático de combustible de una estación ferroviaria de General Güemes, que está a cargo de la firma Belgrano Cargas y Logística SA. Avilés es empleado de esa empresa.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, realizada el pasado 25 de enero y dirigida por el juez federal de Garantías Julio Bavio, el fiscal dejó abierta la posibilidad de que la acusación se agrave a través de la figura de “asociación ilícita”.

Toranzos informó que el caso se inició el 29 de septiembre del año pasado cuando la Delegación local de la Policía Federal recibió una llamada anónima denunciando la operatoria e incluso aportando el domicilio donde se acopiaba el combustible, que era vendido a comerciantes y finqueros de la zona, tanto de Salta como de Jujuy.

Los investigadores Pablo Carraro y Facundo Saravia establecieron que hasta el momento se habían sustraído 19.800 litros de gasoil, lo cual significó un perjuicio para el Estado que rondaría la suma de $1.568.160.

Si bien el fiscal imputó por el momento por hurto agravado, que tiene una escala penal excarcelable, dejó latente la posibilidad de que la acusación se agrave acusándolos de integrar una asociación ilícita. En ese sentido, señaló las conversaciones entre los tres acusados, que también abonarían para probar la existencia de una organización. Asimismo, reseñó que falta determinar si Avilés, que era el encargado de la descarga de combustible en la estación ferroviaria, era un trabajador del área privada o si revestía la calidad de funcionario o empleado público, con lo cual la acusación también podría agravarse. 

Según relató el fiscal en la audiencia, en la investigación se determinó que en la noche, desde la casa de estas personas, sobre la calle 20 de Febrero al 1000 de Güemes, los acusados salían en una camioneta For Eco Sport e iban a la estación ferroviaria, a la que ingresaban con excusas y mientras Avilés entretenía a los guardias, López y Cuellar cargaban bidones de combustibles, los llevaban a la vivienda, donde los almacenaban en los mismos recipientes o en tachos de 200 litros.

“Aunque la investigación aún está en curso, se pudo establecer que la conducta de los acusados consistió en el desapoderamiento del combustible, accionar que se ejecutaba a partir de la confianza que la empresa le había dado a Avilés, quien tenía a su cargo la descarga del combustible”, resaltó el fiscal. Ese combustible “era transportado a Belgrano Cargas y Logística SA, mediante un convenio con YPF, para la provisión en cada una de sus dependencias”.

Se realizaron dos allanamientos, en la casa de la calle 20 de Febrero y en otra vivienda, donde recuperaron parte del gas oil y se secuestraron teléfonos y otros elementos.

Las escuchas de la venta 

Como parte de la investigación, se hicieron escuchas telefónicas, que confirmaron la sustracción del combustible y también su venta, que sobre todo hacía López. El fiscal destacó que surgió abundante prueba sobre la responsabilidad de los acusados en la sustracción del gas oil. 

Como muestra, dio detalles de comunicaciones que mantuvo López con clientes. Señaló que el 9 de enero la mujer llamó a un comprador y le ofreció tres tachos de combustible, el cliente aceptó la oferta y acordaron que se los iban a llevar. 

El 11 de enero López ofreció gasoil a otro comprador, “los 200 litros a 10 mil pesos”. El cliente aceptó la oferta y la operación se concretó. 

El 13 de enero, Avilés y López conversaron sobre bidones de combustible, “de esos chiquitos, de 5 litros”, dijo la mujer, y acordaron que los iba a dejar "en la pieza del fondo nomás”. También hablaron de una nueva incursión para hurtar gasoil; el comentario del hombre muestra que percibían que no podían seguir mucho más sin ser descubiertos: “Yo calculo que mañana… Si no, hoy día a la noche, capaz que se nos dé la última”, dijo. 

El juez consideró que “el hecho está probado, pues hay elementos contundentes sobre la calificación. No obstante, aún resta saber si uno de los acusados es o no empleado público, razón por la cual y por el momento, la acusación es más favorable a la de hurto”. Sin embargo, el magistrado reconoció que es posible que se agregue la acusación de asociación ilícita, si bien “con el resultado de los allanamientos la acusación de la fiscalía se fortaleció, aún resta determinar si las condiciones no descartan la comisión de una asociación ilícita o delito continuado”, afirmó Bavio.