El diputado sanjuanino Eduardo Cáceres (JxC), procesado judicialmente por “lesiones leves agravadas por el vínculo” luego de que su ex pareja lo denunciara por violencia de género, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para funcionarias y funcionarios del Estado. La iniciativa, que ingresó formalmente a la Cámara con avales de otres 14 diputadas y diputados macristas, recurre al término “perspectiva de diversidad de género” para hilar algo más de 20 artículos. Al proyecto, ingresado formalmente con el número de expediente 7042-D-2020 y que el diputado procesado hizo circular por redes sociales tras asegurar que “la violencia no distingue géneros”, lo sustenta la noción de que “la violencia que sufren los hombres como los travestis, transexuales y transgénero, se presenta como un fenómeno distinto al de violencia de género”, por lo que, según fundamenta, “debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiestan”.
El proyecto es el primero que anuncia el diputado procesado desde su regreso a la Cámara, el 12 de este mes, cuando se venció la licencia de dos meses iniciada cuando su ex pareja, la vicepresidenta del Pro sanjuanino, Gimena Martinazzo, lo denunció ante la justicia por violencia de género. Entre otras cosas, el texto busca tipificar “falsas denuncias o escraches sociales”, y “juzgamiento de su rol paterno o de pareja, acciones de distanciamiento e impedimento de contacto con sus hijos, y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación”.
Proyecto en defensa propia
Cáceres, a quien en diciembre el juez Federico Rodríguez procesó tras valorar peritajes médicos, psicológicos y también otros realizados sobre el teléfono de su ex pareja, además de la declaración de la denunciante, se reincorporó a la Cámara de Diputados el viernes de la semana pasada. A mediados de esta semana, acompañado por colegas de bloque alineados habitualmente en la oposición a iniciativas en favor de la diversidad, la ESI y los derechos de mujeres y minorías, hizo correr la versión de que presentaría un proyecto para modificar la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en perspectiva de género para agentes del Estado, ya que esa capacitación, objetó, suele estar encarada desde “la perspectiva de las mujeres”. Declaró que se llamaría “Ley Alejo”, en referencia al joven Alejo Oroño, apuñalado por su pareja la semana pasada; el texto es el primero que el diputado propone desde el 3 de noviembre de 2020, cuando ingresó un proyecto de resolución para “expresar pesar por el fallecimiento de periodista y locutor Mario Pereyra”.
El proyecto, ingresado finalmente en Diputados con el número de expediente 7042, y como parte de la labor del período de sesiones extraordinarias, reúne firmas de un pequeño dream team antis de la Cámara, que intentan construir sus perfiles en base a la agenda de oposición a derechos. Entre ellos, se encuentran el pastor evangélico neuquino David Schlereth (defensor de la injerencia religiosa en el espacio laico, e íntimamente vinculado al fundador de “Jesús es Rey” y la Asociación Mutualista Evangélica de Neuquén, Hugo Márquez), el también sanjuanino Marcelo Orrego -autor de un proyecto para derogar la ley de IVE-, y la correntina Estela Regidor Belledone -conocida porque en 2018, durante el debate en recinto sobre legalización de IVE, comparó a las personas gestantes con “perritas”, y que también es autora de una iniciativa de “adopción de la persona por nacer”-.
El listado de avales se completa con Sebastián García De Luca, Gisela Scaglia, Gabriela Lena, Alicia Terada, Lidia Ascarate, Domingo Amaya, Gabriel Frizza, Juan Aicega, Gustavo Hein, Hernán Berisso y Gerardo Cipolini.
