Después de que en enero pasado la Cámara Penal ordenara reabrir la causa por contaminación ambiental en la exPetroquímica Bermúdez, que había sido cerrada por orden del exfiscal regional Patricio Serjal --actualmente preso en la causa de juego ilegal-, hoy se harán las imputaciones en los Tribunales de San Lorenzo. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery imputarán a parte del directorio de la empresa por delitos ambientales, a Serjal por omitir la persecución penal en la que había mérito para acusar, y al entonces fiscal de Estado adjunto de la provincia "por participar de la maniobra para cerrar la investigación".

 

La Fiscalía de San Lorenzo tenía una investigación penal abierta en contra de la exElectroclor, que funcionó hasta 2013 en Capitán Bermúdez, por el grave daño ambiental y contra la salud que provocó la empresa. Según se indicó en su momento, las irregularidades se dieron en el marco del plan de cierre de las instalaciones, donde quedó un peligroso pasivo ambiental. 

En 2019, Serjal, que era jefe de los fiscales de la regional Rosario, ordenó que esa investigación fuera archivada. Ahora, en prisión por cobrar coimas a un empresario del juego, la Fiscalía avanzará con la nueva acusación sobre su accionar. En ese sentido, esta mañana será imputado junto a los empresarios Sergio Tasselli, su hijo Máximo, y Matías Gallego, los tres integrantes del directorio de la petroquímica; y el entonces fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini. 

"En 2018 había informes de evaluación del nivel de contaminación de la petroquímica, que confirmaban daño en el agua, el suelo, el aire, el medio ambiente, con una situación previa de pérdida de gas cloro en 2016. En 2017 se sacó un decreto provincial para que se investigue, se hace la denuncia, pero al año siguiente se presentó un principio de oportunidad para desistir de la investigación, cuando había una contaminación flagrante", señaló el fiscal Schiappa Pietra. "Lo que nosotros decimos es que ese acto que llevó adelante el entonces fiscal de Estado adjunto con el Ministerio Público --que estaba a cargo de Serjal-- tuvo por objeto permitir que la petroquímica evite los costos y gastos que tenían que ver con la relocalización y cierre seguro de la planta, además del tratamiento de residuos peligrosos", señaló. 

El fiscal indicó que a ambos exfuncionarios se los va a imputar "por incumplimiento de deberes de funcionario público y por cubrir los delitos cometidos por los referentes de la petroquímica". A Serjal "se le sumará la omisión de persecución penal, que era su deber", indicó.

En tanto, los empresarios serán acusados porque "como dueños compran el predio sabiendo que había residuos peligrosos, fruto de la producción que tenía Electroclor y que después tuvo Petroquímica; y en segundo lugar, la responsabilidad que tienen por producir residuos peligrosos a partir de la producción de gas cloro. Ese círculo productivo genera un residuo peligroso, el asunto es el tratamiento que se le da", indicó. 

Sobre los motivos o intereses que tuvieron que ver con el cierre de la causa, Schiappa Pietra indicó que "no hay ningún motivo razonable porque no tiene que ver con la legalidad y no había más que avanzar con la investigación".

La audiencia se iba a realizar en diciembre, pero el juez de San Lorenzo, Eugenio Romanini, consideró que el caso de contaminación ambiental ya era cosa juzgada. Sin embargo, ante un planteo de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, el camarista Daniel Acosta resolvió el mes pasado que la audiencia debe desarrollarse. “Los niveles de contaminación son patéticos y flagelantes. Y una vez determinado un riesgo ambiental, debe decirse que cuando hay un daño, son delitos prácticamente contra la humanidad. No sólo la decisión es equivocada y alejada a las normas de derecho, sino que expone a la Argentina a un juicio internacional”, rezaba el fallo del camarista sobre el tema que será debatido en la audiencia de hoy ante el juez Carlos Gazza.