A partir del primero de abril, los alquileres dejarán de estar congelados, y volverán a habilitarse los desalojos, dado que finaliza el decreto que estableció su supensión durante un año por la pandemia. Inmobiliarias, propietarios y asociaciones de inquilinos consultados por este diario coincidieron en que la situación más complicada está en quienes tenían sentencia de desalojo previa a la pandemia, o quienes no pudieron pagar durante la emergencia, dado que se les generó una “bola de nieve” de deudas que deberán pagar con intereses.
Contratos, deudas y aumentos
A partir de abril del 2020, el decreto le permitió a los inquilinos congelar el alquiler, esto es, seguir pagando lo mismo, aun cuando en el transcurso del año hubieran caído actualizaciones semestrales que figuran en el contrato. Las deudas que se fueron generando mes a mes por la diferencia en el precio podrán pagarse en hasta 12 cuotas, sin interés. Distinto es el caso de quienes desde abril del año pasado no pagaron el alquiler. Aquellas deudas por falta de pago también pueden pagarse en hasta 12 cuotas, pero con intereses compensatorios, no punitorios.
Además, desde el primero de abril volverán a habilitarse los desalojos. Estaba habilitado realizar el procedimiento judicial, pero lo que dejará de estar suspendido es el proceso para los que tenían una sentencia firme y durante un año pudieron mantenerse en la vivienda. Durante el año de la pandemia, se iniciaron nuevos procedimientos debido a las dudas impagas. “No me imagino una situación de desalojos masivos. Para las deudas impagas, tiene que haber todo un proceso para obtener una sentencia, no es de lo más ágil y puede dar un poco de respiro”, anticipó Jose Luis Griselli, presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos (ADI).
En los casos en los que se hubiera terminado el contrato durante todo el año transcurrido, el decreto permitía la prórroga automática, con el mismo precio. Ahora, a partir de abril deberán renegociar un nuevo contrato o buscar una nueva vivienda. Fuentes del sector inmobiliario afirmaron que se pedirá más de 40 por ciento para la renovación.
Sin embargo, en cuanto a los precios, Griselli afirmó: "No pueden tirar mucho de la soga, porque va a llegar un momento en que la familia no va a poder pagar". En los últimos 5 años, las familias destinaron en promedio entre el 32 y el 37 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler. A fines del año pasado, saltó al 47,1 por ciento, según el economista Federico González Rouco.
Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios, reveló que desde la entidad fomentan a que los propietarios realicen prórrogas del contrato vencido y no contratos nuevos. Según explicó, de esta manera no tienen que registrar el contrato en AFIP, y pueden incluir aumentos semestrales, porque lo que se prorroga es el contrato con las reglas vigentes previo a la ley de alquileres. Ante la consulta de este diario, Abatti afirmó que esta forma de evitar la nueva ley es “legal, porque está en el código civil, y se puede hacer por hasta 20 años”, aunque desde las asociaciones de inquilinos condenan estas prácticas.
Versiones cruzadas
Hay distintas versiones entre propietarios e inquilinos sobre cómo se verán impactados los inquilinos cuando termine el decreto, el 31 de marzo. Desde la Federación Nacional de Inquilinos aseguraron que el 40 por ciento se endeudó para poder pagar. Además, el 35,7 por ciento afirmó no haber podido pagar enero o hacerlo parcialmente y el 57,1 por ciento informó que hizo uso del decreto. Los datos surgen de la última encuesta mensual de enero.
“Familias que acumulan deudas no tienen dinero para la mudanza ni para pagar un nuevo alquiler, y menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle”, sentenció Gervasio Muñoz, presidente de la federación.
Desde el sector inmobiliario se manejan con otras cifras. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios informaron que casi el 90 por ciento pagó en término el alquiler, y sólo el 5 por ciento se adhirió al decreto para prorrogar el pago mensual. “El DNU permitía no pagar por lo que para los que tuvieron que dejar de hacerlo, se les generó una verdadera bola de nieve que ahora será impagable”, indicó a este diario Abatti, de la Cámara de Propietarios. Griselli, de la Asociación en Defensa de Inquilinos (ADI), explicó que las cifras de morosidad pueden ser bajas, pero alertó que hay que seguir de cerca el crecimiento de morosidad en el pago de las expensas. Datos oficiales de morosidad no hay.
“Si la persona se adhirió al decreto por no poder pagar su canon de manera íntegra, nada hace pensar que ahora va a estar en condiciones de hacerlo y menos con la deuda acumulada”, agregó Griselli, quien criticó que no se implementara algún plan de salida gradual del congelamiento. Desde Inquilinos Agrupados acercaron un plan de desendeudamiento y desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios propusieron una “tarjeta alquilar” para subsidiar el salto en los precios.
