Alrededor de 50 personas de la Comunidad Lules de Finca Las Costas se manifestaron en la Ciudad Judicial a raíz de una prohibición dispuesta por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial María Guadalupe Villagrán, para ampliar sus hogares o criar animales. 

La intervención de la magistrada comenzó porque la Administración Pública Provincial interpuso un amparo por impacto ambiental. El presidente comunal, David Torres, manifestó que hay intereses inmobiliarios y económicos en las tierras que habitan desde tiempos ancestrales. Formalizó una denuncia en la Fiscalía penal de San Lorenzo contra el administrador estatal de la Finca, Enrique Clement Fernández, por amenazas y aprietes a miembros de la Comunidad. 

Torres denunció que el martes Clement Fernández junto con personal policial se presentaron en las casas de siete integrantes de la Comunidad y les manifestaron que era obligación firmar la notificación de la orden de no innovar del Juzgado, con la amenaza de que si no lo hacían, en el futuro podían ser desalojados. El referente sostuvo que la mayoría de sus vecinos advirtieron que debían asesorarse antes de firmar un papel ya que las tierras están relevadas como de uso comunitario tradicional por la Ley 26.160 a través de la resolución 1.020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

"Hubo quienes hicieron constar que firmaban bajo protesta. Estos aprietes son constantes ya que (el administrador) recorre la finca con intenciones de que los habitantes le firmen un contrato de arriendo, lo cual implicaría desconocer la resolución del INAI", dijo Torres. Añadió que eso sería "Volver atrás con el tema de la pertenencia de las tierras y reconocer a la provincia como propietaria, amenazando a quienes no poseen luz y agua corriente con que si no firman el contrato de arriendo, no les conectarán los servicios".

Asimismo, dijo que el malestar en la Comunidad es general, por la forma en que se maneja Clement Fernández, "ya que irrumpe en las casas sin autorización de los moradores, sin tocar las manos, simplemente ingresa como si fuera su casa de manera prepotente". 

En la Ciudad Judicial los manifestantes se reunieron con la jueza Villagrán. "Nos dijo que ella solamente había ordenado una medida cautelar con respecto a lo ambiental, frenaba las construcciones para averiguar e instruirse y saber qué está pasando", contó Torres a Salta/12. 

Después "fuimos a la Fiscalía (de San Lorenzo), no estaba (el fiscal Ramiro) Ramos Ossorio. Así que le hicimos la denuncia a Clement", contó. 

Ramos Ossorio interviene en una causa iniciada en 2016 para investigar una supuesta usurpación en la Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas, por parte de particulares e integrantes de la Comunidad originaria del Pueblo Lule. El Ministerio Público Fiscal informó que se presentaron más de 200 denuncias en torno al conflicto. 

Por otro lado, Villagrán interviene ante una supuesta contaminación de aguas. Torres insistió con la explicación de que el agua ya viene entubada desde más arriba y que no está cerca de las casas que habitan. Sostuvo que les acusan por una supuesta sobrepoblación y porque estarían ensuciando el agua por los pozos ciegos. Respecto a esto explicó que agua de más abajo está contaminada con efluentes cloacales que salen de La Almudena y El Tipal (barrios privados vecinos), "pero el agua entubada no toca eso". 

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que hay una mediación abierta. Y respecto a la denuncia hecha por Torres a Clement Fernández, se dijo que Ramos Ossorio debe determinar si hay posible comisión de delito o no y para ello se ordenan distintas diligencias.