Temas de debate. Ley de financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología

Iniciativa clave para promover el desarrollo

La norma establece un aumento progresivo de los fondos del presupuesto asignados a la función Ciencia y Tecnología. El actual 0,28 por ciento debe llegar al 1 por ciento del PBI en 2035.

Producción: Florencia Barragan

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Una ley necesaria

Por Eva Sacco y Lionel Stiglitz (*)

La crisis sanitaria y la pandemia dieron impulso y aceleraron cambios cualitativos y cuantitativos en las formas de producción, el trabajo y el consumo. Las empresas de base tecnológica y aquellas que están logrando readecuar su actividad, serán líderes de la nueva economía. Para Argentina, con una economía periférica y una estructura productiva heterogénea que deriva en la denominada restricción externa como principal limitante al desarrollo económico, se abre una ventana de oportunidad para impulsar a sectores, proyectos y empresas competitivos. La ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación resulta una herramienta fundamental para la reconstrucción del país tras 4 años de macrismo y el impacto de la pandemia por la covid-19.

La ley establece un aumento progresivo de los fondos del presupuesto asignados a la función Ciencia y Tecnología. El actual 0,28 por ciento debe llegar al 1 por ciento del PBI en 2035. Asimismo se garantiza que nunca podrá ser inferior al presupuesto del año anterior y faculta en esos casos al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para cumplir con los objetivos de la ley. Postula que debe promoverse el federalismo, asignando un mínimo del 20 por ciento del incremento en el gasto que debe distribuirse en las provincias. Plantea propiciar la igualdad real en la participación de personas LGBTI+ en los ámbitos científicos. Señala la necesidad de mejorar y estabilizar las remuneraciones de los trabajadores del sistema científico, que fueron severamente castigadas bajo el macrismo.

Estado e innovación

La cantidad de investigadores cada millón de habitantes dedicados a I+D es un indicador que muestra tanto el volumen de recursos humanos altamente calificados en tecnologías y áreas de frontera, como el nivel de capacidades existentes para desarrollar innovaciones. En nuestro país el número de investigadores era de 1972 en 2017 (el dato más reciente informado en la UNESCO). Para ponerlo en contexto, países líderes en innovación como Israel, Corea del Sur o Estados Unidos tienen 8250, 7514 y 4356 respectivamente. Inclusive España cuenta con 3000 investigadores cada millón de habitantes. Lejos de la mirada que el pasado gobierno pretendió instalar sobre el “exceso” de científicos, no sólo estamos debajo del promedio mundial de los 66 países con más investigadores (2500), sino también muy lejos de los países líderes en innovación.

Por otro lado, el rol del financiamiento público queda de manifiesto en un estudio realizado por los economistas Natalia Petelski, Darío Milesi y Vladimiro Verre en 2019 sobre empresas manufactureras en Argentina: “Financiamiento Público a la Innovación: Impacto sobre Esfuerzos Tecnológicos en Pymes Manufactureras Argentinas”.

Las firmas que recibieron financiamiento público en I+D realizaron también mayores inversiones privadas en innovación, en comparación a aquellas que no lo recibieron. El financiamiento estatal funciona como organizador e impulsor de los esfuerzos en actividades de innovación.

En definitiva, en contraste con los discursos liberales tan presentes en medios de comunicación vernáculos, el análisis de casos exitosos demuestra que el rol del Estado es central para impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos sectores económicos. En este sentido, es que la ley constituye un intento de institucionalización y transformación de los impulsos al sistema científico en Políticas de Estado a largo plazo.

(*) Economistas.

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Innovación y educación

Por Agustín Claus (**)

Hace más de setenta años Aldo Ferrer nos enseñó que el entramado de la ciencia y la tecnología con los sectores productivos resulta clave para el crecimiento y el desarrollo económico. No obstante, la histórica concepción del crecimiento basado en la sustitución de importaciones generó una prolífera evidencia empírica que iluminó sus limitaciones e insuficiencias. En la actualidad, se incorporó la innovación como la variable clave para el desarrollo de la economía en un mundo globalizado y multipolarizado.

Desde una concepción post-estructuralista, la innovación, no es un fenómeno que se da aislado del conjunto social, sino que hacen falta condiciones que incluyen la inclusión social, la existencia de líderes que tengan vocación de atesorar poder para generar conocimiento y acumular capital dentro de las propias fronteras, ampliando los márgenes del desarrollo nacional.

Para promover las condiciones institucionales es clave el rol estratégico del Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Una de las economistas actuales más brillantes, Mariana Muzzaccato, derrumbó el mito que los agentes privados son los que promueven la innovación en el desarrollo económico. En efecto, evidenció que son las políticas del Estado las que promueven los mecanismos sistémicos que posibilitan el desarrollo de la CTI, en el cual el sector privado se apropia como ¨free rider¨, vinculándolo a los sectores productivos y la sociedad posteriormente.

En este marco, es importante celebrar que nuestro país sancionó una nueva ley de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que apunta a constituir una política de Estado para la próxima década. Así, se establecieron los lineamientos estratégicos que orientan el accionar del Estado en base a cinco objetivos: 1) Federalizar la CTI, en un país tan desigual, es la base que permitirá construir las capacidades estatales para el cambio de la matriz productiva. 2) Generar empleos de calidad con alta calificación y la promoción de formación de profesionales y técnicos especializados. 3) Mejorar las condiciones institucionales de infraestructura y equipamiento. 4) Generar incentivos para la inversión del sector privado en actividades que involucren la investigación, el desarrollo y la innovación. 5) Incorporar la perspectiva de género y la igualdad en la inclusión en todos los niveles del sistema científico-tecnológico.

Estos objetivos se sustentan en un mecanismo de financiamiento que protege el incremento de la inversión en la función ciencia y técnica del Estado nacional, de manera progresiva y escalonada, hasta alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto en el año 2032.

El ecosistema de CTI en nuestro país permite identificar grandes hitos consagrados en sectores productivos bien diferentes (Satelital, Software, Medicinal, Farmacéutico, Alimentario, Agropecuario, entre otros). Sin embargo, este desarrollo se generó en un marco de profundas desigualdades federales con grandes desequilibrios estructurales y desarticulaciones entre la formación técnica de los trabajadores, profesionales, investigadores y los sectores productivos que se perpetúan como barreras para un desarrollo nacional con inclusión social.

En este contexto de desigualdades entra en juego la necesidad de vincular la Educación con el sistema CTI y los sectores de la producción en nuestro país. Las demandas y necesidades del sistema tecnológico nacional tienen una oportunidad potencial de incidencia en el sistema educativo que exige innovarse. La lógica sistémica de la educación en Argentina permanece inmóvil desde el Siglo XX y requiere ser transformada para atender estas necesidades junto a aquellas que surgen de una sociedad cada vez más plural y diversa.

La educación argentina exige incorporar la perspectiva de un modelo de desarrollo nacional en su compleja arquitectura institucional que potencie la formación técnica y profesional vinculada al mundo del trabajo y los sectores de la producción. No implica formar para el mercado, este es un falso dilema persistente. Se requieren políticas de Estado que orienten la educación hacia los trabajos del futuro con formación de los docentes y estudiantes como ciudadanos plenos con habilidades y competencias que les permitan ejercer sus plenos derechos en un mundo cada vez más complejo.

En definitiva, se requiere celebrar y conceptualizar la importancia de proteger y sostener el capital del Estado, en el que ciencia, tecnología e innovación se vinculen con la educación para integrar eslabones de una misma cadena que permitan potenciar el desarrollo económico con igualdad, con soberanía política y justicia social.

(**) Especialista en políticas públicas y Docente de FLACSO.

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