La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) demandará penalmente a la gobernación de Gerardo Morales por el accionar ilegal de la policía jujeña, que ingresó sin orden judicial a la Facultad de Ciencias Agrarias y detuvo a dos dirigentes estudiantiles, a quienes luego golpeó y maltrató en una comisaría. La decisión fue tomada por unanimidad en una sesión especial del Consejo Superior, que rechazó las disculpas del mandatario enrolado en Cambiemos “hasta tanto no se observen hechos concretos congruentes con esa actitud”. Los consejeros de la UNJu también reivindicaron la autonomía universitaria y decidieron pedirle al Congreso que se expida sobre el episodio.

El jueves pasado a la madrugada una docena de policías con armas largas y sin identificación patearon un portón y entraron a un campus universitario donde se hacía un asado de bienvenida a nuevos alumnos. Joaquín Quispe, presidente del centro de estudiantes, fue el primer detenido, por preguntarles a los incursores si tenían orden judicial. Ya en la seccional primera, por negarse a sacarse la ropa para ser requisado, lo asfixiaron levantándolo del cuello y cuando notaron que lo ahorcaban, esposado por la espalda, lo tiraron al piso y lo dejaron a la intemperie. Lo liberaron a las 10 de la mañana, sin permitirle hacer un llamado.

El episodio trascendió por la denuncia inmediata y la difusión de los videos que muestran a Quispe pidiendo que no lastimen. Frente al descargo del Ministerio de Seguridad jujeño, que sugirió que habían actuado para constatar una contravención por “ruidos molestos”, se produjo un repudio generalizado que incluyó a organismos de derechos humanos, universidades de todo el país, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y hasta la agrupación radical Franja Morada, que pidió sanciones para “el o los responsables de este irregular accionar”. Finalmente, el sábado Morales pidió disculpas y dijo que como ex militante de Franja le avergonzaba que esto hubiera ocurrido bajo su gobierno. “Llegaré hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía”, prometió, al tiempo que anunció la separación de los responsables del operativo.

El Consejo Superior de la Universidad de Jujuy reafirmó en su declaración “la autonomía como valor innegociable de la universidad pública, abierta y gratuita, siendo su vigencia un principio que está por encima de cualquier coyuntura y/o proyecto político que atente contra un valor elemental de la sociedad democrática”. Repudió como “una grave afrenta a la comunidad académica” los intentos de instalar “desde las más altas esferas de gobierno y los medios de comunicación que nuestra casa de estudios no es más que un lugar de expendio de bebidas alcohólicas”, por lo que reivindicó su “aporte académico y social”. Rechazó las expresiones de Morales porque “estigmatiza a la juventud y a nuestros estudiantes”, destacó que “una forma de opresión y subordinación es menospreciar al otro”, y rechazó también sus disculpas “hasta tanto no se esgriman explicaciones contundentes sobre la violación de la autonomía universitaria, la detención y apremios ilegales” a los dos estudiantes. En los últimos párrafos, le encomendó al rector efectuar una presentación ante el Congreso, como “autoridad a la cual le compete garantizar la autonomía universitaria”, e iniciar una acción penal contra el gobierno jujeño.

“Aparentemente hay una acción de oficio de la fiscalía federal de Jujuy, con la que estamos en contacto, por lo que posiblemente nos sumemos a ese expediente”, informó ayer el rector Rodolfo Tecchi, quien dijo no haber recibido ninguna explicación por parte del gobierno local. Consultado sobre el rechazo a las disculpas de Morales, respondió que la aceptación “está supeditada a que se aclare el asunto”. “Una vez que el gobernador explique claramente la situación supongo que se aceptarán”, dijo el actual presidente del CIN, y apuntó que no tuvo ninguna noticia concreta –más allá de las declaraciones públicas– sobre la separación de los policías que participaron del operativo.

El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo Slavutsky, sugirió que “aparentemente piensan que esto fue un accidente o un exceso de algún policía” y agregó que a su entender se trató de un hecho “más grave: acciones independientes de grupos policiales que no responden a ninguna autoridad”. “Por acción u omisión –destacó–, el gobierno provincial es responsable de lo sucedido.”