Desde Santa Fe

“Esto es un escándalo”, planteó ayer la diputada peronista Matilde Bruera apenas terminó el pleno de la comisión de Juicio Político que resolvió seguir el operativo contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y citar a sus dos denunciantes: la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann y su segundo, Sebastián Pinasco Julierac -quien oficia como “diputado provincial electo”- para que amplíen la denuncia. Bruera impugnó la decisión y reclamó que el escrito de la legisladora -de sólo dos páginas-, se  mande al archivo. “La Constitución de Santa Fe es muy clara. El juicio político sólo se puede hacer a un ministro y Sain ya no es ministro, renunció”. Por lo tanto, “no puede seguirse con esto", que es “escandaloso”. “Es inconstitucional e ilegal”, advirtió.

Bruera impugnó todas las decisiones de la comisión: la convocatoria a Lehmann y Pinasco Julierac, pero también el llamado a la auditora general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich. El presidente de la comisión Joaquín Blanco dijo que Vranicich será citada a la Legislatura porque “en uno de los escritos que remitió a la comisión de Juicio Político se declara incompetente y le otorga competencia a la comisión. Queremos conocer su opinión y entender este proceso”, explicó el socialista. En el escrito -que mencionó Blanco- Vranicich dice que no tiene potestad para investigar a Sain por su gestión como ministro y por lo tanto mandó su dictamen a la comisión de Juicio Político. El legajo gira en redondo: 22 diputados del Frente Progresista –entre ellos el propio Blanco y sus colegas Pablo Farías y Clara García que también integran la comisión- le pidieron al fiscal general Jorge Baclini que impida que Sain reasuma su cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA –lo que ya ocurrió el lunes-, Baclini le corrió vista a Vranicich y ésta dictaminó que no tiene competencia para investigar al ex ministro y devolvió el trámite a la comisión de Juicio Político.

“El artículo 98 de la Constitución de Santa Fe es muy claro acerca de los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Sain ya no es ministro, renunció. Por lo tanto, no puede hacerse un juicio político” para removerlo de un cargo que ya no ocupa. “Lo que están haciendo es escandaloso. Es inconstitucional e ilegal”, insistió Bruera.

“Las medidas que se tomaron –como citar a Lehman, Pinasco Julierac y Vranicich- son para cuestionar a Sain como ministro y ya no es ministro. La verdad que es ridículo. Si no lo quieren como director del Organismo de Investigaciones del MPA lo tienen que cuestionar en esa instancia, y por esa función y no como ministro. Acá se está mezclando todo. Esto no es más que una persecución política y fuera de los márgenes de la ley. La verdad que es un escándalo”, planteó Bruera.

“Ellos van por la inhabilitación (de Sain) para que ejerza como director del Organismo de Investigaciones del MPA. Pero Sain está designado desde 2018 en ese cargo que ganó por concurso y en su momento (en 2019) le otorgaron la licencia para ser ministro. A la licencia se la dieron ellos (Baclini). Entonces, ¿qué es lo que cuestionan?”, se preguntó Bruera. “Ahora no tienen más remedios que aceptar que vuelva”, como sucedió el lunes. “Y si hay otros cuestionamientos en esa función, serán en esa función, pero no como ministro”.

Las decisiones de ayer en Juicio Político se aprobaron por 5 a 2. Los cinco son Blanco, Farías y la diputada García, a quienes se sumaron sus colegas Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) y Nicolás Mayoraz, del bloque celeste. Y se opusieron los diputados del PJ, Bruera y Oscar Martínez.

Blanco dijo que recibieron copia de la denuncia del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti contra Sain y que pedirán informes al Poder Ejecutivo. Ya se sabe que Arietti tiene una enemistad manifiesta con Sain. Según el socialista, solicitarán a la Casa Gris y al Tribunal de Cuentas “copias certificadas de las licitaciones y contrataciones durante la gestión de Sain” en el Ministerio de Seguridad. “Arietti nos dijo que está en curso la investigación por el intento de compra de armas en una licitación a todas luces amañada. Queremos tener todos los elementos, para saber si es un caso aislado o si formaba una conducta en la gestión Sain respecto a las licitaciones y compras”, chicaneó.

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