El Gobernador de la Provincia anunció la creación de un fuero especializado en materia de violencia familiar y de género con competencias múltiples. Feministas consultadas por este medio expresaron que la idea de un fuero único no es novedosa, que es parte de las demandas de los feminismos, pero también señalaron muchos déficits en la actuación del Estado provincial respecto de la implementación de políticas públicas para la erradicación de desigualdades y violencias de género. 

O sea, como lo interpreto, puede ser una buena medida siempre y cuando, en primer lugar se concrete, y luego que su implementación parta de la base que se trata de una de las medidas en uno de los tres poderes del estado involucrados en este asunto. Y esto porque, por su complejidad, los hechos de violencia de género requieren abordajes integrales (multidisciplinariedad, intersectorialidad y articulación, anclaje territorial, participación de les beneficiares), en definitiva un plan provincial que integre acciones de los distintos organismos de los poderes del estado y organizaciones sociales con perspectiva de género. Volviendo entonces a una medida de uno de los poderes, será por lo tanto condición necesaria pero no suficiente. 

Un plan provincial, como establece la “Ley de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género” (2014) y que nunca se formuló, requiere además de los supuestos técnicos mencionados, voluntad política, diálogo entre poderes y organismos, especialistas, presupuesto, instituciones -gubernamentales y no- y organizaciones sociales en el territorio, verbigracia policía, iglesia, escuela, fiscalía, mujeres y diversidades participando para que las políticas públicas se sustenten en la situación real de sus destinataries. 

Por supuesto que hay opositores a esta idea. Y ellos no quieren eso. Divide y reinarás podría resumirse la consigna opositora. Una tobillera por aquí, un refugio por allá, y seguimos con una institucionalidad en cabeza de la seguridad y el desarrollo social, con varios juzgados que juzgan muchas veces según los tiempos de otros conflictos como por ejemplo los civiles, penales, laborales y de familia, cuando hablamos de situaciones que probablemente requieran medidas de todos los nombrados pero en un contexto de violencia y peligro de las propias vidas de las víctimas.

La cuestión, de una vez por todas, sería consensuar un sistema provincial para prevenir, erradicar y sancionar las violencias de género, con criterios político-técnicos (de política pública con sustento técnico) que articule los organismos/servicios que ya existen e integre los que se vayan creando –como el fuero que nos ocupa- en el abordaje integral requerido.

Algunos antecedentes para considerar:

*La Provincia de Buenos Aires había creado hace más de una década el SIP –Sistema Integrado Provincial- en contexto de la sanción de la ley de violencia familiar; al crearse en 2020 el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual se le asigna competencia para revisar y actualizar ese sistema, derivando así la creación del SIPP, Sistema Integrado de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género. 

El Decreto 997/2020 crea ese sistema como “propuesta metodológica para el abordaje de la gestión pública en violencia por razones de género, el que estará integrado por la Mesa Intersectorial Provincial –MIP-, las Mesas Locales Intersectoriales –MLI-, las personas Acompañantes (para nosotres aquí Promotoras territoriales de género) y otros espacios existentes como Trabajo con Varones que Ejercen Violencias y un Fondo de Emergencia en Violencias por Razones de Género. Es decir, una actualización de lo ya existente con motivo de la sanción de la Ley 26485 y nuevas obligaciones del estado, posteriores a la creación del primer SIP.

*Por su parte la Nación, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, estableció que con el “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022) buscamos fortalecer otro paradigma en la forma de concebir, planificar y ejecutar las políticas públicas, porque las propuestas que aquí presentamos son el fruto de la articulación de acciones con los demás Ministerios y poderes del Estado y de un proceso de co-construcción de esas políticas con organizaciones de la sociedad civil… Necesitamos un Estado presente…”

*Finalmente, en el año 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó a una Mesa de Expertos/as (en género y derecho, derecho procesal civil, procesal penal, niñez y adolescencia, penal, familia y en gestión judicial) para discutir y elaborar una Ley Modelo para la Creación del Equipo Judicial Especializado en Violencia Doméstica, Sexual e Institucional, coordinada por la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Dra. María Fernanda Rodríguez. En 2018 se presentó un Dossier que contiene la mencionada Ley Modelo y materiales muy importantes como una investigación sobre las principales barreras al acceso de justicia que experimentan las víctimas, una propuesta arquitectónica de Modelo de Atención Integral (MAI) donde se insertaría el Equipo Judicial Especializado (todos los caminos nos llevan a Roma parece…), una crónica del drama de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar frente al estado en busca de hacer valer sus derechos, una exposición de motivos por los cuales esta ley modelo implicaría un cambio de paradigma en la respuesta del Estado ante las violencias de género.

Nada se logra de una noche a la mañana… pero menos aún si los esfuerzos no se van integrando como partes de un todo que le otorga sentido a cada una de ellas. No existen soluciones mágicas ni cambios sin tiempo y trabajo. Las mujeres y diversidades lo sabemos muy bien. Pero es tiempo de empezar a construir, para abordar las violencias por razones de género, un sistema que integre las políticas en el ámbito provincial. Lo que ya existe y lo que seguiremos conquistando.

*Integrante de la Multisectorial de Mujeres de Salta, ex presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta