Desde que el jueves a la tarde un joven de 25 años persiguió, atropelló y mató a dos hombres que, a bordo de una moto, le robaron una mochila con dinero, en Fisherton, se generó una fuerte polémica social alrededor del caso. Tras escuchar los argumentos del fiscal Patricio Saldutti, que en la audiencia del domingo le imputó homicidio simple --cuya pena en expectativa es de entre 8 y 25 años de prisión--, familiares, allegados y personas que apoyan al muchacho protestaron en el Centro de Justicia Penal contra la acusación y la prisión preventiva por 60 días que ordenó el juez Román Lanzón. Como novedad, ayer el defensor Pablo Rajmil adelantó que presentará apelación para que lo liberen y pedirá modificar la figura penal, por entender que se trata de un hecho culposo (no intencional). Una de las voces de defensa del imputado fue la de Patricia Bullrich, titular del Pro y exministra de Seguridad: "Las leyes protegen a los delincuentes mientras las víctimas están en la cárcel", lanzó. El titular del Colegio de Magistrados de Rosario no se refirió al caso, pero sí analizó la reacción de la sociedad.

Tras dos jornadas de movilización para reclamar la libertad de Diego y después de la decisión judicial de que permanezca en prisión preventiva, su abogado adelantó cómo continuará su intervención en la causa: “Vamos a interponer un recurso de apelación, consideramos que la resolución judicial nos agravia e insistiremos con el cambio de figura y el pedido de libertad, o una medida alternativa a la prisión preventiva”, dijo. En relación al video que muestra cómo la camioneta atropelló la moto, consideró que “de ninguna manera es determinante, porque tampoco está clara la mecánica del hecho. Esto parte de un robo calificado por el uso de arma de fuego en la puerta de la casa de los padres de Diego; fue abordado por dos personas y posteriormente se inicia el procedimiento con este resultado”, dijo sobre la otra pata del suceso, que investiga la participación de una tercera persona que habría "marcado" a la camioneta para el robo.

Rajmil descartó la intención de Diego de matar, como se le imputó, y dijo que plantearon “un homicidio culposo por accidente de tránsito, y la hipótesis de exceso de la legítima defensa”. Incluso, una pericia psiquiátrica evalúa si hubo "emoción violenta" u otras circunstancias que puedan resultar atenuantes de la calificación penal. En la misma audiencia, al resolver, el juez expresó que ante la intencionalidad que se le imputó del hecho "habrá que profundizar cuál era su estado anímico, emocional y cognitivo para llevar a cabo ese comportamiento".

Frente a las críticas por la decisión judicial, el camarista Gustavo Salvador, al frente del Colegio de Magistrados local, dijo en LT8 que “una cosa es manifestar el descontento y el repudio, porque nosotros al ser funcionarios públicos estamos expuestos a las críticas de la sociedad; pero otra cosa es un escrache, o envalentonarse con exponer a magistrados y fiscales e incitar a tener una respuesta hacia la persona por una decisión. En el marco de una convivencia democrática, no puede aceptarse”. Si bien no habló del caso en concreto, ya que por ser juez de segunda instancia podría tocarle intervenir en el mismo, señaló que "lo que están haciendo un fiscal y un juez es interpretar las leyes”. 

Bullrich también se hizo eco del tema: "Diego se defendió. Las víctimas son víctimas y no victimarios", dijo sobre el acusado a quien le imputaron la muerte de Diego Quiroga, quien quedó debajo de la camioneta; y de Luciano Escudero, que sobrevivió menos de 24 horas en el Heca. 

Tras la resolución del domingo, también se organizó una junta de firmas online "por la liberación" y surgió el reclamo de los juicios por jurado. La madre del joven dijo ayer en Radio2 que su hijo “estaba en shock, creo que no midió las consecuencias. En ningún momento quiso lastimar a nadie".