El Gobierno Nacional ha dispuesto la suspensión de la presencialidad educativa por 15 días. La medida es de aplicación compulsiva en el AMBA y opcional en el resto del país. Ellas se justifica por el rebrote de la covid-19 y por el incremento de casos de niños y adolescentes en edad escolar.

Los opositores a la medida argumentan que los espacios educativos debidamente protocolizados pueden controlar los comportamientos, neutralizando la posibilidad de contagio. Las autoridades de la CABA han sostenido que los contagios registrados en el ámbito escolar han sido mínimos: 1 por ciento del total de población educativa, entre alumnos y personal. Dicen que el posterior seguimiento de los casos muestra una difusión muy baja: menos de 0,1 por ciento de nuevos contagios a partir de los originados en el sistema escolar.

Veamos ante todo los hechos. Es indudable que hay un rebrote. Si lo que resta de abril mantiene el ritmo de contagios al 14 de Abril, se llegará a más de 500.000 nuevos casos en el mes, 25 por ciento más alta del anterior pico de octubre de 2020. Con relación a enero el aumento ha sido de 70 por ciento en todo el país. Los testeos aumentaron cerca de 50 por ciento en abril respecto del trimestre anterior. Pero la incidencia de casos positivos lejos de bajar ha pasado de 20 a 28 por ciento. No puede haber dudas en cuanto al acelerado aumento de casos. Por lo tanto urge tomar medidas.

En segundo lugar, está fuera de discusión que los contagios han sido mayores en la población en edad escolar. El gráfico indica el crecimiento porcentual entre enero y abril (estimado) para CABA, Provincia de Buenos Aires y resto del país. Se compara lo ocurrido con la población en edad escolar (6 a 19 años) con la población fuera de esta franja. Los contagios son claramente superiores, en términos porcentuales, para la franja escolarizada sobre todo en CABA y el resto del país. La comparación es con enero sin escolaridad con abril (estimado a partir de la primera quincena). Los datos sugieren  -no implican- que hay una asociación entre escolaridad y crecimiento de casos.

El gobierno de CABA sostiene que los contagios de la población en edad escolar se producen fuera de la escuela. Esto no es tan fácil de aseverar, entre otras cosas porque los niños muchas veces son transmisores asintomáticos. Además, se debe reconocer que estamos bastante a oscuras acerca de cómo se transmite el virus. Artículos científicos consignan nuevas investigaciones al respecto. Esto no debe sorprender dada la corta existencia de esta enfermedad.

Pero no hay dudas en cuanto a la contundencia de estas cifras. Como mínimo es razonable plantear un comportamiento precautorio: si la enfermedad afecta diferencialmente a la población escolar, tarde o temprano las escuelas serán fuente de contagio. Esto parece inevitable: los comportamientos están protocolizados pero una escuela no es un quirófano.

Si la decisión de suspender la presencialidad es correcta o no se sabrá más adelante luego de las dos semanas de virtualidad. La enfermedad no se manifiesta en forma inmediata. Si resultara que no se alteró la tendencia al contagio, la experiencia habrá aportado un dato importante a un costo moderado en términos de actividad escolar. Y si se nota un impacto habrá sido una medida plenamente justificada y podrá fundamentar otras decisiones.

En definitiva, en cualquiera de los dos casos la medida es atinada. Quizá se debería haber anunciado claramente que la presencialidad retornará en dos semanas, más allá de lo que ocurra durante la virtualidad a fin de brindar certidumbre. Lo cierto es que la pandemia se deberá enfrentar con medidas intermitentes.

No se menosprecia el impacto de estas intermitencias. Ellas demandan reorganizar la vida familiar en forma periódica quitando el horizonte de estabilidad tan apreciado. Se debe asumir que la pandemia plantea un escenario distinto a la normalidad y se debe enfrentarlo de manera adulta. Esto no es fácil porque comporta modificar los hábitos propios de una sociedad entrenada para el disfrute inmediato más que para la épica.

El problema es más de los adultos. Es conocida la capacidad de adaptación propia de la edad de los niños y niñas. Quince días de virtualidad no van a producir efectos catastróficos. Si los padres y madres, además de los docentes, son los que más sufren estas circunstancias, no es correcto que atribuyan ese sufrimiento a sus hijos. En una emergencia no caben protestas, sino respuestas.

El debate sobre esta cuestión se desarrolla en un clima enrarecido. Esto no permite que la razonabilidad -primo pobre de la racionalidad- pueda brindar su contribución. Ante la explosión de casos en población en edad escolar detener la presencialidad por un plazo breve, en una discusión serena, no debería desatar la furia que vemos en estos días. Éste es un muy mal indicio al que se debe atender. A la vuelta de la esquina, en estas situaciones, siempre anidan proyectos autoritarios.

* CESPA-FCE-Universidad de Buenos Aires.