La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados se reunió ayer para abordar la producción pública de medicamentos con criterios sanitarios y solicitar al Poder Ejecutivo que disponga que los laboratorios públicos elaboren coordinadamente con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) aceite de cannabis para uso terapéutico y de investigación. Se hizo hincapié también en la necesidad de proveerse de materia prima, para lo cual se consideró imprescindible el cultivo de cannabis por el INTA para garantizar la cantidad y calidad de las plantas a usar. 

La puntana Berta Arenas (Compromiso Federal) presentó su proyecto de modificaciones de partidas presupuestarias para financiar los laboratorios públicos. Propone que se les destine el uno por ciento de lo obtenido por la venta de cigarrillos y lo mismo de la venta de cerveza. “Igual que cuando uno daña el medio ambiente debe pagar una multa o una compensación por ese daño, el consumidor de esos productos, que dañan la salud humana, debe contribuir a la salud mediante los impuestos”, justificó la legisladora.

Y luego presentó su propuesta el misionero Jorge Daniel Franco (Frente para la Victoria) para impulsar la implicación del INTA, el Conicet y la Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) en lo tocante al aceite de cannabis. 

El presidente de la Anlap, el doctor Adolfo Sánchez de León, esbozó los lineamientos de su gestión, que planteó como un plan estratégico para los próximos cinco años. Los ejes serán: la creación de un sistema de información centralizada; incrementar la participación de la producción pública de medicamentos en el presupuesto del Ministerio de Salud; organizar la producción para que los laboratorios no se superpongan; fomentar y financiar la investigación asociada entre los laboratorios y las universidades.

Representantes de varios laboratorios públicos, invitados a la reunión, dieron un panorama. 

Roberto Ganin, gerente general de LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico, de Santa Fe), contó que en su provincia rige una ley, ya reglamentada, y que ya están en condiciones de trabajar con el Conicet en la investigación y la elaboración del aceite de cannabis. Sólo esperan la autorización de la Anmat para proveerse de la materia. Y le respondió por elevación a Sánchez de León (había dicho que en muchos casos es más caro comprar un medicamento a un laboratorio público que a uno privado) al preguntar con qué deben compararse los costos y precios de los laboratorios públicos. Toda vez que no se conoce y no es transparente la estructura de costos de los laboratorios privados, éstos falsifican los datos y muchas veces publican precios pero es imposible conseguir los remedios. 

La doctora Noemí Raffo, de los Talleres Protegidos de Buenos Aires, también discrepó con Sánchez. Contó que ese laboratorio fue creado por Ramón Carrillo y que producía remedios contra la tuberculosis para todo el país. La falta de apoyo y financiamiento por parte del Gobierno de la Ciudad provoca que pierdan capacidad de producción, lo que se traduce, por ejemplo, en el faltante de medicamentos a fines del año pasado y la necesidad de recurrir a otros laboratorios para proveerlos. E hizo un planteo más que interesante, que luego fue retomado por otros expositores: los laboratorios públicos no deben limitarse a producir remedios baratos y masivos; también deben producir los de alto costo y baja incidencia, ya que los laboratorios son un instrumento de salud pública.

Los sanitaristas Carlos Gollán y José Carlos Escudero se refirieron a la necesidad de una política pública de medicamentos para abaratar costos, garantizar el acceso a la salud de la población de menores recursos y poner u límite a la rentabilidad de los grandes laboratorios privados.

Carolina Gaillard manifestó, al cierre de la sesión: “Fue muy importante porque estuvieron todos los actores implicados. Hay que insistir con que la producción de medicamentos es una política de Estado, garantiza la soberanía en Salud, por eso no puede cambiar con los gobiernos. Los remedios no son bienes de mercado”.