El hijo de los desaparecidos Iris García Soler y Enrique Bustamante acaba de recuperar su identidad. Es ya un adulto y hace pocos días supo el nombre de sus padres, que fueron secuestrados durante la última dictadura y que están desaparecidos. Con el tiempo procesará de una u otra forma esa información y tomará distintas decisiones en base a ese hecho. Proceda como proceda, lo hará sabiendo la verdad sobre su historia y que, como dijo su tía Elena Bustamante en la conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, tiene una familia que lo está esperando y lo quiere abrazar. Estela Carlotto aseguró ayer que “esta nueva restitución es la demostración de que la verdad y la justicia vencen al olvido y el silencio”.  

  Pero para que la verdad y la justicia venzan se necesita bastante trabajo. Las Abuelas lo saben bien. En este caso, por ejemplo, se necesitaron los testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos El Atlético y la ESMA. Se necesitó que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que depende del Poder Ejecutivo, investigara las pistas de dos embarazadas que sus compañeras identificaban como “Tita” y “Lobita” y pudiera concluir que se trataba de la misma mujer: Iris García Soler, una mendocina que estudiaba sociología en la UCA. Y se necesitó el juicio sobre los crímenes de la ESMA, que se está realizando desde hace más de cuatro años, cada vez más lentamente. 

  Para poder restituir la identidad del hijo de Iris y Enrique fue necesario primero recuperar la identidad de sus padres, militantes de la organización Montoneros. En 2004 la Conadi logró identificar a Iris, pero Enrique Bustamante no figuraba como desaparecido. Sus padres, que no habían hecho la denuncia en la Conadep, habían muerto. En 2010, una prima se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar información sobre Enrique y así se pudo incorporar su caso y su grupo familiar al Banco Nacional de Datos Genéticos. Reconstruir la historia involucró a las Abuelas, los sobrevivientes, al Poder Judicial y al Ejecutivo. Y llevó tiempo. Sumar el nombre de un desaparecido más, recién en 2010, permitió que un hombre pudiera recuperar hace unos pocos días su identidad. Una prueba más que refuta a los que gustan de exigir a las víctimas un número final y definitivo de desaparecidos y asesinados durante la última dictadura. Demuestra que la historia no es sólo pasado ni es estática y que no puede recaer en los familiares la responsabilidad de aportar la información o “las cifras” que dejó el terrorismo de Estado. Porque a más de cuarenta años, los juicios siguen sumando datos, así sea a cuentagotas; y hay familiares que recién se animan a hacer o completar denuncias.  Demuestra que, como explicó el escritor Martín Kohan cerca del último 24 de marzo, cerrarse al “número comprobado” de desaparecidos es entrar en la lógica de los victimarios y suprimir la dimensión clandestina de la represión ilegal.