A nueve años del inicio de la investigación por desvío de fondos de cuentas judiciales inmovilizadas, dos exjueces civiles, un martillero y un empleado bancario llegan hoy a una audiencia preliminar al juicio. En su requisitoria, el fiscal Carlos Covani solicita penas de entre 4 y medio y 8 años de prisión. "La expectativa es llegar a fin de año con el juicio realizado y los imputados condenados", señaló sobre la causa por asociación ilícita en la que ya fueron sentenciados --en juicio abreviado-- dos abogados y el secretario de uno de los juzgados civiles implicados, a tres años de prisión en suspenso. 

El caso fue un escándalo a fines de 2012, en los Tribunales provinciales. Luego de la investigación que comenzó con la denuncia del Banco Municipal, el fiscal Covani imputó a media docena de acusados. Los primeros condenados, en 2013, fueron los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter, a tres años de prisión de cumplimiento condicional más siete y cinco años, respectivamente, de inhabilitación para ejercer la abogacía. En 2019, también cerró juicio abreviado Ricardo Lavacca, que era secretario del juzgado de Martín.

En tanto, quienes fueron convocados a la audiencia de hoy, en una instancia previa al juicio, son los exjueces Alejandro Martín y Jorge Scavone, el martillero Oscar Kovalevski, y el empleado bancario Tomás Martínez Etchenique, quienes con diferentes roles realizaron "estafas reiteradas" y fueron acusados de conformar una asociación ilícita.

El pedido de pena del fiscal Covani solicita para Kovalevski, por ser considerado organizador en 80 hechos de defraudación, 8 años de prisión y 10 de inhabilitación. En tanto para Martín, acusado como jefe de la asociación ilícita, prevaricato y abuso de autoridad, por 55 hechos de defraudación y 120 de falsedades de instrumento público, pidió también 8 años, inhabilitación perpetua como magistrado y multa de 75 mil pesos. Para Scavone, por 33 hechos de defraudación y falsedades, prevaricato y abuso de autoridad, solicitó 5 años y medio de pena y 75 mil pesos de multa. En tanto, para el empleado bancario, pidió 4 años y medio.

Según la evidencia que se debatirá hoy para ir a juicio, habrá unos 90 testigos y más de 250 documentos como elementos de prueba contra los acusados. "Las demoras fueron consecuencia del cambio de sistema procesal penal, ya que se tuvo que 'oralizar' un procedimiento que estaba previsto en forma escrita. Si hubiera seguido su curso dentro del procedimiento escrito, ya tendría sentencia", consideró Covani, quien continuó a cargo del expediente, luego del traspaso de causas, y que espera llegar a juicio antes de fin de año.

A fines de 2015, Covani solicitó que se eleve a juicio la causa, cuando aún eran cinco los implicados en el desmanejo de fondos de cuentas inmovilizadas del Banco Municipal. En su momento, el fiscal señaló que se trata de "un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para apropiarse ilegítimamente de dinero que se encontraba depositado en cuentas judiciales, en relación a distintos litigios, y que aparecía como ocioso o inmovilizado. No todo el dinero apropiado revestía el carácter de inmovilizado, ya que también se apropiaron de remanentes de juicios terminados recientemente a la sustracción". Para el fiscal, "estas maniobras se pusieron en práctica por poco más de dos años, y se vieron frustradas por la intervención del Banco Municipal, que primero le reclamó las irregularidades advertidas al juez Martín y su secretario, y luego hizo la denuncia penal".

En la primera requisitoria, Covani señaló que "la modalidad de comisión era doble: un grupo de hechos consistía en detectar fondos ociosos, y desde el juzgado que tenía a disposición los depósitos se libraban órdenes de pago a favor de algunos de los integrantes de la asociación delictiva; mientras que otro grupo de hechos son los que una vez detectados los fondos judiciales ociosos a disposición de otros juzgados, necesitaban desarrollar una mecánica más compleja: crear una causa judicial falsa, invocar una conexidad para recayera en el juzgado cómplice, y la disposición del embargo de los fondos". En tanto, el rol del empleado bancario, según expresó la Cámara Penal en uno de sus pronunciamientos, se advertía como una de las "patas" para cometer los delitos.