Es habitual que quienes dicen que discrepan con la mirada conservadora de fenómenos políticos, económicos y sociales caigan en la trampa de utilizar los mismos conceptos regresivos. Un aspecto no menor es que ni se dan cuenta de semejante torpeza analítica y, cuando se les menciona ese comportamiento, terminan descalificando esa observación.
Un ejemplo en relación a la pandemia es bastante ilustrativo: medidas de protección y cuidado de la salud son presentadas como "restricciones", en línea con la apropiación del sentido de "libertad" por parte de la derecha política que postula el sálvese quien pueda.
Una referencia concreta en otro ámbito de la convivencia en comunidad sirve para que ese concepto sea todavía más claro: ¿por qué la utilización del cinturón de seguridad, la señalización de la senda peatonal o la instalación de semáforos en el cruce de vías de tránsito no son mencionadas como "restricciones" a la libre movilidad? Porque son medidas indispensables de seguridad vial para proteger a las personas que manejan, a sus acompañantes y a los peatones. Igual concepto de protección debería ser incorporado cuando se habla de medidas de cuidado de la salud.
Esta alusión a una situación sanitaria tiene que ver con la forma de apropiación del lenguaje para una mejor comprensión de la población acerca de cuál es el sentido de la política oficial. Sucede lo mismo en el debate económico donde se reitera la dominancia de conceptos distorsivos voceados por el mundo conservador.
Puede parecer un aspecto menor en el análisis específico de determinadas cuestiones económicas pero, en realidad, repetir acríticamente términos de la ortodoxia sólo colabora a incrementar la confusión en la interpretación de aspectos básicos. Además, impulsa a orientar el debate hacia el terreno político de la derecha.
Resulta notable que en tiempos de pandemia, acontecimiento extraordinario y fulminante para la estabilidad global, el análisis conservador no se inhiba en afirmar que se está aplicando un ajuste de la economía sin mostrar datos concretos que lo avalen, o en sentenciar la ausencia de un plan antiinflacionario, como si la simple enunciación de lugares comunes de economistas fuese la magia necesaria para frenar los aumentos de precios.
Existe una definición esencial: el ajuste económico es una política deliberada de reducir la calidad de vida de la mayoría de la población con el objetivo de beneficiar a núcleos privilegiados. Los impactos de una crisis, en este caso provocada por la pandemia, no corresponden a la categoría de ajuste, puesto que el deterioro socioeconómico no es buscado.
La evaluación de la política económica debería apuntar entonces a si es lo suficientemente intensa para conseguir la máxima amortiguación de costos ineludibles de una crisis. Pero esto no implica considerarla de ajuste.
Vale reiterar que no es sólo una cuestión semántica puesto que, si no se tiene la capacidad de diferenciar la esencia de la política económica, todo es lo mismo, escenario preferido del mundo conservador para imponer la prepotencia de los poderosos.
Confusión
Una referencia histórica permite exhibir esa confusión intencional de algunos e ingenua de otros. A casi 20 años del inicio del gobierno de Néstor Kirchner, el cual presumía de los superávit gemelos (fiscal y comercial), ¿se calificaría su gestión de ajuste porque gastaba menos de lo que recaudaba?
La respuesta es negativa. Las cuentas fiscales y las monetarias no son indicadores absolutos para la definición de ajuste para una política económica. Lo relevante es cuáles son los objetivos de esa política y si consigue alcanzar las metas propuestas, entendiendo además cuál es el momento del ciclo económico en que se encuentra.
Kirchner administró el comienzo de un ciclo en alza luego del estallido dramático de la convertibilidad, que estuvo favorecido por un contexto internacional amigable (gobiernos populares en la región) y económico externo positivo (tasas de interés bajas y precios de las materias primas de exportación elevados).
Esta mención del pasado reciente y este cuadro conceptual colaboran para analizar el actual estado de situación. Como no es suficiente el dispositivo conservador afirmando que el gobierno de Alberto Fernández está aplicando un programa de ajuste económico, sectores autopercibidos progresistas dicen lo mismo.
El análisis riguroso de las medidas económicas y sociales, las cifras de esas iniciativas, la orientación del gasto público, las fuentes de la recaudación de impuestos y el estadio del ciclo económico, lo desmienten. Existen tres factores que si no son señalados al momento de la evaluación de la economía local sólo muestran que existe una evidente intencionalidad de confundir:
1. La pandemia que arrojó a la economía mundial –no sólo a la argentina- a la peor crisis de, por lo menos, los últimos cien años, con devastadoras consecuencias en el empleo y en las condiciones de vida de millones de personas.
2. La política económica local arrastra décadas de estrechos márgenes de autonomía y el desastre dejado por el macrismo los redujo aún más.
3. El rasgo bimonetario de la economía que se agudiza ante cada nueva crisis que agrega mayor tensión estructural en el mercado cambiario y, por lo tanto, en el sector externo, fuente principal de cada una de las grandes debacles.
Negociación con el FMI
El argumento contorsionista sostiene que la simple negociación con el FMI ya se traduce en ajuste económico. O sea, el gobierno de Alberto Fernández estaría haciendo un ajuste preventivo para sellar un acuerdo que aún no ha definido ninguna de sus metas macroeconómicas. Resulta insólita esta línea de análisis, que de tan desvariada sorprende que pueda ser enunciada sin la mínima reflexión crítica. Sería el primer caso en la historia de que un país estuviera haciendo un ajuste económico anticipado para negociar con el FMI. Un absurdo.
El Fondo, principal acreedor del país, no está pidiendo a los países los tradicionales ajustes, como se puede comprobar en discursos de su titular, Kristalina Georgieva, y en varios artículos de sus economistas. Lo que reclama es que las políticas expansivas –que promueve en pandemia- sean consistentes en cuanto a transparencia, duración y hacia qué sectores están dirigidas.
Exhibir en la negociación un programa fiscal, monetario y cambiario sólido de corto y mediano plazo, luego del cocoliche macrista de reducción del déficit fiscal, de la emisión monetaria cero y de la rifa de miles de millones de dólares de reservas, no significa que haya ajuste económico.
La evolución de las cuentas fiscales y monetarias desde el último trimestre del año pasado hasta abril pasado responde a ordenar un frente que se ha convertido en germen de inestabilidad en la economía local, luego de una política ultraexpansiva en la primera etapa de la pandemia. Expansión fiscal y monetaria que ha jugado al límite por las fortísimas restricciones dejadas por el desastre económico de la alianza macrismo-radicalismo.
Red de emergencia
El escenario de discusión sobre la economía ciertamente es complejo porque la situación social y laboral es crítica. Si bien el Gobierno está realizando bastante es insuficiente ante las inmensas carencias. Pero esas limitaciones no implican el despliegue de un ajuste.
La tradicional jugada política de la derecha en afirmar que existe un ajuste cuando no lo es, que durante los años del kirchnerismo era permanente, se reitera con mayor cinismo ahora puesto que hasta hace poco fue gobierno aplicando un deliberado ajuste económico.
El paquete de medidas para atender el impacto de la segunda ola de coronavirus supone un gasto público, por encima de lo establecido en el Presupuesto 2021, superior a los 480.000 millones de pesos, equivalente a 1,3 por ciento del PIB. Está abierta la discusión acerca de si este monto podría haber sido más abultado y, en ese sentido, sería un debate interesante acerca de cuál es el margen fiscal de la economía argentina sin acceso a financiamiento externo y dificultades de conseguir con fluidez financiamiento en moneda local.
Este tipo de análisis conserva espacios de reflexión crítica sobre la posibilidad de profundizar la red de protección económica. Pero otra cosa es asegurar que, pese a las evidencias de la orientación del gasto público y el mayor sesgo de progresividad de la estructura tributaria (aporte de grandes fortunas y retenciones, por ejemplo), calificar la política económica de ajuste.
La red de emergencia económica y social es amplia al alcanzar a empresas, trabajadores formales e informales y a sectores sociales vulnerados. El último paquete de auxilio incluye medidas adicionales a las vigentes:
* Se amplió el Programa de Recuperación Productiva (Repro) con 52.000 millones de pesos.
* Se incrementó el salario complementario para trabajadores de sectores críticos, que pasó de 18.000 a 22.000 pesos, que implica recursos por 6000 millones de pesos.
* Se incorporó al sector gastronómico al Repro y se redujeron las contribuciones patronales a sectores críticos, que significan recursos públicos por 8500 millones de pesos.
* Se extendió la Tarjeta Alimentar hasta alcanzar a 3,7 millones de niños, niñas y adolescentes que involucra a 2,5 millones de familias incrementando el monto de las transferencias. La inversión comprometida sube de 10.000 a 30.000 millones de pesos por mes.
* Se transformó el Programa Potenciar Trabajo para asociarlo con distintas actividades productivas de la economía popular. Los 920.000 trabajadores incluidos en el plan cobran 12.204 pesos mensuales, un poco más del monto del IFE, ingreso que subirá a 14.040 pesos hacia fin de año. Los recursos involucrados suman 167.000 millones de pesos anuales.
Modelo o proyecto
La corriente conservadora tiene obsesión analítica para encapsular la cuestión económica en modelos o planes. La muletilla que utiliza es que no existe un plan económico cuando, en realidad, se opone a una política económica que desprecia con la definición de populista.
Como no son sinceras esas observaciones y para no quedar enredados en debates circulares sobre tipos de modelos o cuál es el plan económico, es más sencillo hablar de procesos políticos en la economía.
La política económica entonces plantea objetivos dentro de un proyecto político. Por ejemplo, impulsar el crecimiento para generar condiciones de más empleos e inclusión social, privilegiando primero a los de abajo, como expuso en más de una oportunidad el presidente Alberto Fernández.
El concepto de proyecto político con objetivos económicos desacomoda a los denominados economistas profesionales, dedicados a hechizar a sus clientes (empresas y bancos) con pronósticos y vulgares análisis políticos. Están incómodos con esa idea porque no es un catálogo de medidas estándar ni un compendio preestablecido para aplicar por gobiernos. Es la proyección de un rumbo para el país, donde se identifican los principales problemas económicos y sociales de cada momento histórico, como las diferentes posibilidades para superarlos, de acuerdo a las necesidades coyunturales, valores y prioridades definidas en la acción política.
Así planteado el debate y desarmado el mito del ajuste económico, la tensión política se dirige a identificar los complejos problemas a enfrentar, lo que exige conducción y coordinación en la gestión.
