En diálogo con Catamarca/12, Luis Muñoz y Pérez, abogado de una de las denunciantes por abuso sexual contra el intendente Elpidio Guaraz, contó que desde la Fiscalía de Instrucción de la causa los apercibieron con quitarles el patrocinio letrado de la denunciante “si seguimos hablando públicamente. Este tipo de cosas me hacen cosquilla", dijo. 

"No hay ningún artículo en el Código Procesal Penal que permita sanciones por hablar con la prensa de un caso puntual sin dar detalles de la instrucción o de los decretos y mucho menos cuando se defiende a una víctima de violencias. Además, de las veces que hablamos, jamás se dieron detalles o información, o prueba que se presentó”, afirmó.

“La denuncia por un caso de violencia sexual no forma parte de la vida privada de una persona pública -y más aún cuando ha decidido ser una persona pública por decisión propia- pues, de acuerdo con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, es del más alto interés público conocer si los posibles candidatos que, en su caso, van a representar a los intereses de la ciudadanía, han sido acusados por la comisión de delitos”, fue la conclusión del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Para, citó Muñoz y Pérez al referirse a la notificación que les hicieron firmar el martes para no hablar con la prensa sobre el caso.

El abogado analizó que esta notificación que les hicieron firmar tanto a él como a la abogada Yanina Mohaded, le pareció “seria”. “Nos intiman a nosotros pero el denunciado anda por la calle, hablando y deshaciendo con el uso de su poder a posibles testigos. También hace declaraciones a la prensa como hoy -por ayer. Necesitamos del apoyo público. Estamos prácticamente los tres solos en esto”, aseguró.

Por otra parte, resaltó: “No sé qué información no quieren que dé, si hasta el momento no se decretó nada. Lo único que supe fue por la radio y es que vino la madre de la denunciante a testificar”, ironizó.

En este contexto, recordó que “estamos ante dos cuestiones tajantes, una víctima de abuso y de violencia y del otro lado un hombre poderoso y con muchos recursos económicos. Eso hace que el fiscal se vea envuelto y abrumado porque no creo que toda la prueba sirva, sobre toda la presentada por la defensa de Guaraz, para que el fiscal encause el caso”.

Respecto de la imputación, explicó que “este tipo de casos amerita celeridad. Deben ser tratados con su debida correspondencia, donde la que tiene que ser cuidada y resguardada es la víctima. No podemos revictimizarla, no podemos estar a 14 días de hecha la denuncia viendo lo que le puede pasar a este señor”, dijo y agregó: “Una apreciación personal mía, es que por la magnitud de la denuncia, que en casos similares donde hay otros hijos de vecinos se los convoca, por lo menos en este caso ya deberíamos comenzar a pensar en indagarlo. Qué estamos esperando, que le prometa cosas a medio Bañado de Ovanta para que no hablen”, resaltó.

“Para mí es un caso que está muy claro. Obviamente, teniendo en cuenta que el relato es concreto y verosímil. Tengo fe y estoy seguro de que vamos a llegar a una imputación y posteriormente elevemos a juicio a una persona que le produjo traumas a nuestra defendida y fue violentada tal como lo dice la Cedaw y la Convención de Belém Do Para. Si hay algo que nos asiste es la verdad”, concluyó.

Por su parte, Natalia Páez, la abogada de la otra denunciante contra el intendente de Bañado de Ovanta, aseguró que ella no fue notificada de una prohibición para hablar con la prensa. En este sentido, explicó que lleva adelante una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la jueza de Ejecución Penal, Alicia Cabanillas, que le ordenó “Abstenerse de entregar copias a la prensa (escrita, digital y/o radio televisión local o nacional) de las actuaciones y/o resoluciones que violen el derecho a la intimidad de un condenado”.

En este sentido, la abogada argumentó que además de impedirle el normal ejercicio de su profesión como parte, se violaba el derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, consultado por este medio, el fiscal que lleva a cabo la investigación del hecho, Ezequiel Walther, aseguró que “están en pleno trámite esas causas” y que no daría más detalles “por la temática en cuestión y (para) evitar revictimizaciones innecesarias”. Además, aclaró que “hay que tramitar muchas pruebas y eso lleva tiempo, sobre todo en pandemia”.