En Metán una mujer de 40 años denunció públicamente que el juez de Violencia Familiar y de Género Carmelo Paz la envió a ver vidrieras, a relajarse y dejar de hacer denuncias contra su exconcubino porque éste ya está detenido. También le habría dicho que resultaba "poco creíble" con sus denuncias. 

La mujer relató que todo esto ocurrió en presencia de la defensora de género Mónica Dahud, sin embargo, ninguno de estos hechos quedó asentado en el acta de la audiencia, a la que tuvo acceso Salta/12.

El Poder Judicial informó a Salta/12 que lo manifestado por la víctima "no se ajusta a lo dicho en la audiencia". En el acta de Defensoría dice que la víctima fue "bien atendida" en la oficina de Violencia Intra Familiar y de Género, "como así también al concurrir al Juzgado de Violencia acompañada por la defensora de víctimas de violencia, Dra. Dahud", aunque la mujer relata lo contrario respecto del juez Paz. 

En el documento también se asentó que la mujer acudió a la Oficina de Violencia Familiar y de Género para realizar un descargo, que lo necesitaba "para quedar tranquila con su conciencia de saber que dijo todo lo que sentía y todo lo que había vivido en ese tiempo", sin embargo, no hay detalle de lo relatado por ella ante las autoridades.

En el acta de la Defensoría se hizo constar que la mujer solicitó a Paz "que le ayude a percibir el salario familiar de sus hijos como corresponde". Ese ingreso estaría siendo cobrado por el exconcubino, Mario Santillán, detenido desde hace cuatro meses. 

Por ese pedido, figura en el acta que enviaron a la mujer a pedir turno al Centro Comunitario de Mediación para que la asista un defensor civil porque la OVIFG y la Defensoría de Género solo la asesorarían en lo que respecta "a temas que corresponden al fuero familia". 

Ese documento fue firmado solo por la secretaria de la defensora de género, Patricia Viñas, y por la psicóloga del Ministerio Público de la Defensa de quien no se consigna la aclaración del nombre. La mujer no suscribió el acta.

Frondoso prontuario

La mujer y el acusado tienen 6 hijxs en común. El hombre fue condenado por abuso sexual en perjuicio de una hijastra, que tiene una discapacidad, cuando tenía 6 años y que en la actualidad tiene 24 años. Santillán estaba excluído del hogar, sin embargo, entró el pasado 29 de marzo y se llevó a esta chica, a la que golpeó e intentó abusar. El hecho no se consumó por que su hija, de 20 años, que había ido en busca de su hermana, lo sorprendió con los pantalones bajos en un "intento de abuso sexual". 

Según relató esta joven a Salta/12, su progenitor siempre ejerció violencia contra lxs hijxs y contra su madre. Luego de haber cumplido una condena por abuso sexual, "salió en libertad en el 2011 o 2012", volvió a buscarlos y terminaron viviendo juntos de nuevo. La hermana mayor que había sido víctima de abuso vivía en ese entonces en otro domicilio, con una tía, por disposición judicial. "Fue un calvario, él salió peor de la cárcel, muy violento, manipulador, ejerció mucha violencia contra mi madre y mis hermanos", indicó la joven. 

Añadió que su progenitor fue denunciado desde la escuela: "porque mis hermanos iban marcados o faltaban varias semanas, él los golpeaba". 

La joven dijo que su madre es revictimizada por las instituciones de la Justicia y consideró que es porque su padre la manipulaba para levantar las denuncias que le hacía y a sus hijxs, para rectificar sus testimonios. Estas situaciones son propias del ciclo de violencia de género.

"Mi mamá fue a verlo (al juez) Carmelo Paz y contó que él dijo que no hacía falta denunciarlo porque estaba preso y no iba a tener credibilidad su testimonio porque ya nosotros habíamos hablado". "El juez la hizo citar y ella la fue a buscar a la doctora Dahud para que esté acompañándola. Ahí es donde Carmelo le dice que no haga más denuncias porque ya no iba a tener credibilidad. Le dijo que vaya al psicólogo (...) que no la estaba viendo bien y que lo mejor que puede hacer es que se despeje, vea vidrieras y no esté preocupada por algo así", relató.

La joven dijo que Santillán cobra las asignaciones familiares por lxs 6 hijxs, los salarios escolares, y la pensión por discapacidad de uno de los niños más pequeños. Señaló que su madre ya fue con un mediador, que también se dirigió a la Anses y a la municipalidad, pero no le brindaron soluciones hasta el momento. Mientras, la madre está desempleada y estudia una carrera terciaria para mejorar sus condiciones de vida. La joven manifestó que requieren asistencia jurídica para tramitar los alimentos y también para la querella en la denuncia penal.

La secretaria de derechos humanos del CIC que depende de la municipalidad, Yamila García, dijo a Salta/12 que entrevistaron a la mujer y que le tramitaron la asistencia económica que brinda el programa nacional Acompañar por 6 meses, beneficio que aún no fue aprobado. Además, indicó que desde la semana pasada están brindándole asistencia psicológica y que también se la brindarán a la hija víctima de abuso sexual.