El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, y el director del Indec, Marco Lavagna, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas para la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en alquiler, que viene llevando adelante la Secretaría de Desarrollo Territorial. El protocolo tiene como objetivo sistematizar toda la información sobre hogares en situación de desalojo, de tal manera de poder diseñar políticas públicas que ayuden a esas personas. 

A pocos días de que se aplique por primera vez la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central (BCRA), que toma en cuenta las variaciones mensuales de precios al consumidor y de salarios promedio, se estima que el incremento anual que se podrá aplicar en los contratos de locación estará cercano al 40 por ciento.

Actualmente, la mediana de los monoambientes ofertados en Capital Federal es de 28.000 pesos mientras que el salario mínimo vital y móvil es de 24.408 pesos y solo alcanza a pagar el 87 por ciento del alquiler de un monoambiente medio. La mediana de los departamentos de dos ambientes es de 30.000 pesos y de los de tres ambientes 45.000 pesos, según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO). Estos precios no incluyen expensas, las cuales suelen representar en promedio un 18 por ciento del costo de alquiler.

En comparación con el mes de mayo de 2021, el valor de la mediana de las ofertas de departamentos de 1 y 2 dormitorios se mantuvo igual, mientras que para el caso de los monoambientes se observó una suba de 7,7 por ciento.

“Si hacemos una comparación rápida entre salario mínimo vital y móvil y el valor de la mediana de las ofertas de los monoambientes que estimamos desde el CESO, lo que vemos es que hasta abril de 2020, el salario era suficiente para pagar el alquiler y algunos otros gastos. Ahora bien, en los últimos 14 meses esta relación se invirtió y en algunos casos el costo de un monoambiente ha llegado a estar hasta 12 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil. En plena crisis, para quienes alquilan, ese aumento sólo puede ajustarse disminuyendo la calidad de vida que tienen, ya sea compartiendo la vivienda o renunciando a otros gastos, en el mejor de los casos.” explicó Virginia Brunengo, economista de CESO.

Con la suba de los alquileres y el problema de los desalojos, el gobierno se encuentra implementando protocolos como el mencionado para poder obtener mayor información sobre la situación actual de los inquilinos. El protocolo trabajará en conjunto con diferentes ministerios como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Defensa para contar con información y cooperación técnica sobre las instancias de mediación y/o desalojo y el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de lograr coordinar acciones de asistencia social directa.

El protocolo tambien prevé la posibilidad del acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas. Esto estará determinado por la disponibilidad de unidades y las capacidades socioeconómicas de los hogares. Para logar esto, se preverán mecanismos de priorización de acuerdo al grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger a través del protocolo. Esto se dará en conjunto con la unidades ejecutoras de programas de viviendas nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto, Scatolini destacó que "la firma del convenio permitirá, entre otras cosas, un trabajo mancomunado para que próximamente se puedan realizar estudios más detallados sobre el universo de familias inquilinas y así desarrollar políticas de Estado específicas hacia ese sector”.

El Ministerio de Desarrollo Territorial viene implementando medidas como el Plan Nacional de Suelo Urbano y además una política de ciudades con criterios de acceso justos a los territorios. Todas estas acciones buscan resolver a corto y largo plazo los problemas habitacionales, entendiendo que la vivienda es un derecho humano.