En una sesión con mucho debate y controversias entre los concejales y en donde no faltaron las críticas al Ejecutivo municipal por la decisión de rubricar un contrato con una firma de Buenos Aires para ejercer el control de velocidad y fotomultas en las principales arterias de la ciudad, se aprobó un proyecto de ordenanza que adhiere a la ciudad a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (27.275).

Pero antes que comience el tratamiento, el presidente del Concejo, Darío Madile, acompañado de la intendenta, Bettina Romero, tomaron juramento a los nuevos ediles que reemplazarán a Frida Fonseca y Jorge Altamirano, que renunciaron para asumir en la municipalidad al frente de la Secretaria de Gobierno y Protección Ciudadana respectivamente.

En su lugar, ingresaron hasta diciembre Nicolás Kripper, que viene justamente de ocupar la Secretaría de Protección Ciudadana y reemplaza a Fonseca, mientras que Silvana Sánchez lo hizo por Altamirano.

Ya en la sesión, se aprobó el proyecto de José Gauffín para adherir al municipio a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública que data del 2016 y que busca promover la participación ciudadana en el control del Estado en todos sus aspectos, publicitándolas o brindando la información requerida en formatos digitales y abiertos.

El concejal resaltó que en la provincia y la ciudad “se torna muy difícil a veces cuando remiten copias de documentos con planillas que son ilegibles”, por lo que consideró que su digitalización y publicación “le dará transparencia a los actos públicos, así como al acceso a un derecho ciudadano de solicitar y acceder a la información de los actos del Estado”. La Ley ya tiene la adhesión de la provincia desde diciembre del 2019, aunque aún no cuenta con su respectiva reglamentación.

Separación de residuos

También se aprobó, no sin discusiones, una ordenanza de autoría del concejal Santiago Alurralde que propone crear el Programa de separación de residuos en Polos Gastronómicos. Su autor argumentó que busca contribuir a una mejor conciencia ambiental, disminuir la contaminación y lograr un mayor aprovechamiento en materia de reciclaje.

Para ello, el proyecto establece que se deberá garantizar la instalación de recipientes recolectores de residuos en las zonas de mayor concentración de locales gastronómicos dentro de la Capital de Salta. Consignando las características de los contenedores, y el pedido al Ejecutivo para la realización de campañas de concientización.

Alurralde reconoció que es una iniciativa que tomó el Ejecutivo con la campaña Salta Separa, “lo que busca es acoplarse y llevar el mensaje a todos los actores de la sociedad”. En cuanto al programa municipal de separación de residuos, indicó que lo celebraba pero que no se logra cambiar hábitos culturales de un día para el otro y “con un slogan y una campaña de uno o dos meses”, sino que es un trabajo continuo.

Más adelante aseguró que no es un proyecto que genere grandes erogaciones, ni tampoco busca sanciones, “sino asumir buenas prácticas, queremos que se sumen a la campaña y dejar un mensaje que en nuestra ciudad se separa y se recicla, de esa manera el mensaje se replica”.

Susana Pontussi y Raúl Córdoba objetaron el proyecto y pidieron que para ser aprobado se debía primero modificar otra ordenanza, la 15.415, sobre Manejo integral de residuos urbanos, que acompaña a la ley Nacional 25.916, que define a los Generadores Especiales de residuos, como aquellos grandes establecimientos gastronómicos, la hotelería, servicios penitenciarios y todos los que producen considerable volúmen de residuos y se encuentran obligados a separar y garantizar por sus propios medios el retiro, tal como sucede con el Mercado Cofrutos. 

“Necesitamos compatibilizar este proyecto con la ordenanza 15.415 para que sean compatibles y no se contrapongan”, esgrimió Pontussi.

Pero Romina Arroyo y otras concejalas como Laura García y Rosa Herrera le señalaron que para eso el proyecto había pasado ya por tres comisiones del Consejo y todas le habían dado dictamen positivo sin observaciones. Y aclararon que el artículo quinto plantea expresamente que el Ejecutivo municipal será el que reglamente la disposición y su uso para que sea compatible con las demás ordenanzas y se pueda ejecutar sin complicaciones. El proyecto fue aprobado con el voto negativo de Susana Pontussi.

Más polémica por el contrato de las fotomultas

Las críticas que realizó el cuerpo la semana pasada, cuando aprobó de manera unánime una resolución que pide se suspenda la ejecución total del convenio suscripto entre el municipio y la firma Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) para instalar un sistema de fotomultas, continuaron esta semana con el aditamento que el Tribunal de cuentas municipal emitió un informe objetando muchos puntos de ese convenio y la manera en que los funcionarios lo presentaron.

La edil Romina Arroyo informó que ese documento emitido por el Tribunal de Cuentas, reconoce que todos los convenios de colaboración que celebre la administración pública con Asociaciones sin fines de lucro “como supuestamente presentan a Cecaitra, los debe autorizar el Concejo”. Y se apoyó en una resolución de ese mismo organismo de mayo de este año, “a pesar de eso, en junio la municipalidad firmó el contrato y lo sacó por decreto”, manifestó.

También subrayó que el informe reconoce que el convenio y sus detalles “no fue nunca publicado en el Boletín Oficial”, y que no se puede desconocer que hay en el contrato compromisos pecuniarios que “dejan un impacto económico fijo y constatable como es el cobro de multas”. Según la concejal, del texto se desprende que el Convenio es un negocio jurídico por lo que la categorización que utilizó el municipio es errónea, “no es de colaboración, sino un negocio”.

En ese mismo informe del Tribunal, prosiguió Arroyo, “dice que el decreto debió ser girado para su control previo, algo que no se hizo y se pasó por encima todas las instituciones del Estado". Por lo que afirmó que el coordinador Jurídico Daniel Nallar, con quien mantuvieron un encuentro la semana pasada, “nos mintió en la cara, violando todos los procedimientos de transparencia".

Y concluyó asegurando que, "es un negocio entre la empresa y el municipio, en dónde los rehenes somos los vecinos", y agregó que el objeto de la firma del documento con la Cámara de fotomultas “de ninguna manera constituye una actividad privada, porque el control del tránsito le corresponde al Estado, es decir, es una actividad pública”.

Angel Causarano a su turno pidió que la intendenta remueva a los funcionarios que estuvieron al frente de la elaboración de dicho contrato: "tiene la posibilidad para demostrar que no va a dejar que las cosas se hagan mal y que por eso debe remover a los funcionarios que intervinieron”.

Mientras que José Gauffin, pidió que se aclare cómo y porqué se había decidió que la firma responsable de instalar las cámaras recibiría el 45% mensual de lo recaudado, y sostuvo que los funcionarios municipales no cumplieron con su palabra de enviar la documentación correspondiente.

Por último Fernando Ruarte, no dudó en calificar al contrato celebrado de “anticonstitucional” y rogó que no se avance en su concreción. A su vez, planteó que “las prioridades son otras, no solo las calles están rotas, hay barrios que no tienen servicios y hay gente que no come las cuatro comidas diarias, y todo esto no tiene nada que ver con una Salta inclusiva”.