No está en juego el cambio de gobierno a otra fuerza política ni se trata de una elección crucial ni se esperan grandes sorpresas en los resultados. El ciclo kirchnerista no tuvo buena performance en casi todos los comicios de medio término, excepto en el de 2005, e igual avanzó con los objetivos económicos de su proyecto político. Este, en síntesis, era crecimiento sostenido con inclusión social y ampliación de derechos.
Gestionar la administración pública para alcanzar esas metas es lo relevante para evaluar cuál es la orientación de un gobierno fuera de más o menos de votos en una elección legislativa que, obviamente, es importante para ampliar la base política, pero no es lo único.
En ese sentido, en el primer mandato, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que gobernar sin la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2011 (continuó con el 2010 con las respectivas actualizaciones en cada partida) porque la oposición de entonces lo bloqueó, luego de conformar el denominado Grupo A a partir de las elecciones de medio término 2009.
Con esa oposición desestabilizadora, o precisamente por esa característica, fue que la gestión CFK avanzó en una impresionante ampliación de derechos sociales, económicos y políticos, cuyo saldo fue contundente en términos electorales en las presidenciales 2011.
Esta referencia permite neutralizar la persistente estrategia de la conducción política del poder económico para influir en la construcción de expectativas económicas, políticas y sociales negativas para el 15 de noviembre próximo, día después de las elecciones.
La receta conocida y repetida del poder económico
Los escenarios poselecciones que plantean analistas y economistas del establishment son los siguientes:
1. La inevitable devaluación del tipo de cambio oficial para contrarrestar un supuesto atraso cambiario.
2. La necesidad de instrumentar un ajuste fiscal y monetario para mejorar las perspectivas económicas.
Alguna de esas opciones o las dos juntas, en caso de aplicarse, sería el camino más seguro para la creación de una nueva crisis, que se montaría en la que dejó el gobierno de Macri y la que precipitó la pandemia.
Esa orientación de la política económica sería un despropósito en términos políticos, económicos y sociales. Si se instrumentaran, dejarían al gobierno de Alberto Fernández en una situación de extrema fragilidad en la segunda mitad del mandato. Es, en realidad, lo que pretende la conducción política del poder económico para dejar allanado el regreso de otro período neoliberal.
Como parte central de esa misión política se encuentra la permanente prédica acerca de los peligros que acechan desde el mercado cambiario y de la exageración sobre desequilibrios macroeconómicos que obsesionan a la secta de la ortodoxia.
No entender que la economía es un espacio de poder y no simplemente ecuaciones matemáticas con variables económicas deriva en la elaboración de análisis vulgares de mercaderes de información económica, conocidos como gurúes de la city con bastante presencia en medios de comunicación.
Con la peor parte de la pandemia superada, lo que permitirá ampliar márgenes de acción de la política económica, el gobierno de Alberto Fernández tiene el desafío de avanzar en medidas para acelerar la recuperación económica y sociolaboral, independientemente de conseguir más o menos votos en las elecciones de medio término.
Ese camino es, precisamente, el opuesto al postulado por fanáticos del ajuste permanente que, a esta altura, no se trata sólo de una controversia teórica-ideológica sino que es eminentemente política porque el saldo de esas experiencias ha sido desastroso en términos de estabilidad y bienestar social.
¿Qué es la "enfermedad holandesa"?
La paridad cambiaria es uno de los principales terrenos de esa disputa con el poder económico. El nivel del tipo de cambio real es una decisión política que tiene influencia en el patrón distributivo.
Se sabe que un shock externo por alza de precios internacionales de las materias primas de exportación provoca una apreciación de la paridad cambiaria. Sin embargo, la fragilidad del sector externo local por la escasez relativa de divisas, que deriva en el necesario control de cambios, a lo que se le suman las presiones políticas y financieras sobre la paridad por el rasgo bimonetario de la economía, neutraliza el impacto de lo que se conoce como "enfermedad holandesa".
Este concepto económico surge en la década del '60 cuando los ingresos de los Países Bajos aumentaron repentina y considerablemente a partir del descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural cerca del Mar del Norte. La explotación de esas riquezas provocó un fuerte incremento de las exportaciones de esa materia prima, con la consiguiente entrada de divisas en cantidad. Ese flujo positivo derivó en que el florín, moneda holandesa, se fortaleciera en relación a otras divisas.
La apreciación del tipo de cambio puso en riesgo la competitividad externa del resto de la producción de bienes y servicios que exportaba ese país. Esto derivó además en que las importaciones resultaran más convenientes para los agentes económicos. Sin una intervención activa para contrarrestar la apreciación, los efectos hubieran sido la caída del nivel de actividad interna y pérdida de empleos. Se ha denominado entonces “enfermedad holandesa” al impacto adverso que sufren diversos sectores de una economía por la apreciación de la moneda.
Abordar este fenómeno económico con las particularidades de la economía local implica debatir sobre el nivel de la paridad cambiaria, las tensiones inflacionarias, el tipo de crecimiento y la dinámica del empleo y distribución de los ingresos.
¿Quiénes presionan por un ritmo de devaluación más acelerado?
Como se explicó, la tendencia a la apreciación proviene de la mejora de los términos del intercambio por el alza de los precios internacionales de los principales productos de exportación. En el caso de la economía local, esa dinámica es compensada por la tradicional tendencia a la dolarización del ahorro doméstico.
De todos modos, por este último factor que provoca reiteradas perturbaciones en el mercado cambiario, el tipo de cambio real no está atrasado en términos históricos, a lo que se le agrega el fuerte aumento de los precios internacionales de las materias primas, que deriva en una adicional de rentabilidad importante para el complejo agroexportador.
O sea, un ritmo de depreciación más acelerado de la paridad implicaría una mayor transferencia de ingresos hacia un sector que está disfrutando de la bonanza del sector externo. A la vez, generaría presiones inflacionarias que afectarían el poder adquisitivo de la mayoría de la población.
El fabuloso ciclo por la suba de los precios internacionales de exportación queda en evidencia con el record de liquidación de divisas del complejo agroexportador. El mes pasado fue el mejor agosto de este siglo con ventas de dólares por 3000 millones, acumulando poco más de 23 mil millones de dólares en lo que va del año.
¿Cuál sería el objetivo, entonces, de acelerar la pauta de devaluación? Teóricamente para aflojar las presiones sobre las reservas del Banco Central y fomentar la inversión productiva privada. Lo cierto es que, con o sin más ajuste del tipo de cambio, seguirán esas presiones, como se puede observar en el recorrido del mercado en las últimas décadas.
Contra esta evidencia empírica, los autodenominados economistas profesionales afirman que se tiene que apurar el ritmo de devaluación porque existiría atraso cambiario. Como hay brecha cambiaria, consecuencia inmediata de una estricta administración oficial de divisas escasas, el análisis convencional plantea que hay que subir el tipo de cambio hasta el nivel de las paridades paralelas.
La paridad cambiaria es una variable política no sólo económica-financiera
No se requieren pergaminos de experto en finanzas para deducir que en caso de devaluar para equiparar esas paridades, además del shock inflacionario inmediato que pulverizaría los ya castigados ingresos de los sectores populares, seguirá habiendo brecha, sólo que con una nominalidad más elevada.
Es una evaluación simple que requiere conocer el histórico comportamiento del mercado local, recordar la dinámica de crisis pasadas e identificar quiénes son los protagonistas que intervienen en la plaza cambiaria.
Minimizar que la paridad cambiaria es una variable política, además de financiera y económica, es un riesgo que puede derivar en un desorden macroeconómico general con costos sociales muy elevados.
La presión por la dolarización de excedentes en meses previos a las elecciones es una prueba de ese componente extra, que tiene su razón en las varias crisis pasadas y en la consiguiente profundización, a partir de los impactos traumáticos de las fuertes devaluaciones, de rasgos bimonetarios de la economía. Enfrentar esa tensión con un ajuste cambiario sólo derivará en más de lo mismo de crisis pasadas.
La inevitable convivencia con la brecha cambiaria requerirá, además de la sintonía fina sobre los mecanismos de control del mercado, del diseño de beneficios sectoriales para fomentar la inversión productiva –local y extranjera- y medidas específicas de fomento del ahorro en moneda nacional. No existe mucho misterio para alentar las colocaciones financieras en pesos: ofrecer una tasa de interés en términos reales, o sea que el ahorrista le gane a la evolución esperada de la inflación.
La clave poselecciones: fortalecer el crecimiento económico
La carga de la deuda, el lastre del acuerdo con el FMI, la debilidad relativa de las reservas del Banco Central y la persistente presión en el mercado de cambio seguirán siendo límites potentes al crecimiento.
A esta altura no existe mucha controversia de que los dólares disponibles tienen que estar destinados a financiar el crecimiento, o sea facilitar las importaciones necesarias para el entramado productivo.
Pese a la campaña de miedo del dispositivo de derecha, datos duros muestran que la economía está transitando una etapa de recuperación. Economistas del establishment afirman que se trata sólo de efecto rebote luego el desplome provocado por la pandemia. Sin embargo, la mejora de indicadores económicos no fue espontánea. Fue consecuencia de políticas públicas implementadas durante la pandemia para crear una red de protección del trabajo y la producción.
Como se decía hace pocos años, no fue magia la estrategia económica defensiva para protegerse de la pandemia, sino la instrumentación de una serie de medidas que permitió preservar bases materiales para comenzar una rápida recuperación. Entre esas iniciativas se destacan las siguientes:
* Más de 15 leyes económicas sancionadas para ordenar la macroeconomía luego del desastre macrista y para apoyar empresas y trabajadores.
* La reestructuración de la deuda externa con acreedores privados que permitió el ahorro de 35.000 millones de dólares
* Se diseñó una amplia red de emergencia socioeconómica para atender a los sectores vulnerados.
* Se aprobaron leyes que modificaron rasgos regresivos del sistema tributario para hacerlo más progresivo.
* Se definieron medidas que beneficiaron a la clase media en relación al Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y en el régimen de Monotributo.
* Se mantuvo el programa Repro para sectores críticos.
* Se reconstruyó el mercado de deuda pública en pesos que permitió cumplir vencimientos sin la necesidad de emitir moneda en la misma proporción.
La recuperación se puede comprobar con indicadores que muestran exportaciones record, incremento de la actividad económica empujada principalmente por la industria, el comercio y la construcción, y una mejora sustancial de la recaudación y de la actividad industrial que ya se ubican por encima de los niveles prepandemia.
La clave económica poselecciones no es el dólar ni el ajuste, sino el fortalecimiento de ese sendero de recuperación. Para conseguir ese objetivo es necesario ahuyentar a los falsos profetas que proponen una fuerte devaluación.
