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Australia no es todo lo que parece. Una nación multicultural, estable y sin cortocircuitos que causen alarma internacional. Pero la diáspora chilena que la habita – la cuarta detrás de Argentina, EE.UU y España – está atravesada por un conflicto que ya lleva 48 años. Desde que el dictador Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende. Muchos de esos migrantes esperan un gesto del gobierno local que nunca llega: la desclasificación de documentos sobre la intervención australiana en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El secretismo de esta monarquía constitucional todavía subordinada a un gobernador que representa a la reina de Inglaterra les impide saberlo. Exigen una respuesta convincente sobre el papel que cumplieron los servicios de inteligencia en el derrocamiento del presidente socialista. Quieren saber por qué prestaron asistencia a la CIA en un país ubicado a casi 13 mil kilómetros de distancia. No les resulta fácil porque les niegan la información. Pese a todo, lograron pequeños avances gracias a la presentación judicial de un académico y ex militar llamado Clinton Fernandes, a filtraciones que difundió el Archivo Nacional de Seguridad - una entidad privada con sede en Washington-, ), y a periodistas que investigaron el caso como pudieron.
Informes esporádicos
Los perseguidos políticos de la dictadura chilena no fueron los primeros de esa nacionalidad que llegaron a Australia. En 1837, a un prócer de la Independencia trasandina, Ramón Freire - Buenos Aires tiene una calle con su nombre-, lo desterraron a Sydney.
La historia que une a los dos países comenzó a escribirse en el siglo XIX y en los años ’70 del XX vivió su capítulo más convulsionado. El 7 de octubre de 1974 el diario Sydney Morning Herald tituló un artículo del periodista Ian Frikberg: “Espías australianos ayudaron a la CIA a planificar el derrocamiento de Allende”. Fue el primero entre otros tan esporádicos que no llegaron a mover el amperímetro informativo.
Cierran la ASIS
Un año antes, cuando se produjo el golpe, el gobierno del laborista Gough Whitlam cerró la agencia de la ASIS – que hasta hoy se ocupa de la inteligencia en el exterior – en Chile. Al menos tres espías habían estado en Santiago conspirando contra Allende desde 1971. El primer ministro liberal, William McMahon, había aprobado en diciembre de 1970 el contubernio con la CIA para deponer a Allende. Su sucesor Witlam, más contradictorio, condenó la asonada militar pero su gobierno reconoció a la dictadura de Pinochet el 11 de octubre de 1973. Hacia adentro de su partido Laborista hubo tal revuelo que quedó dividido en dos.
Fernandes, un especialista en Inteligencia y profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur que sigue el tema, obtuvo documentos del Archivo Nacional de Washington. En ellos se demuestra la complicidad del gobierno de Canberra con la agencia de inteligencia de EE.UU. Dos periodistas en Australia también investigaron el caso y aportaron testimonios para la cadena SBS que le dieron una mayor visibilidad: Claudianna Blanco y Florencia Melgar Hourcade. La primera escribió el 11 de septiembre pasado, en el aniversario del bombardeo al Palacio de la Moneda: “Un telegrama enviado por el jefe de ASIS, William T. Robertson, en mayo de 1973 al personal en Santiago para informarles de la decisión de cerrar las operaciones, explica además que a Whitlam le costó mucho tomar la decisión de clausurar la estación, dada su preocupación sobre cómo esto sería recibido por la inteligencia estadounidense”.
El golpe a Witlam
El temor del primer ministro era fundado. En 1975 fue depuesto por un golpe palaciego que pergeñaron entre la CIA, su homólogo el M15 británico y el gobernador de su majestad, John Kerr. La salida de la ASIS de Santiago, la amenaza de cierre de la base satelital estadounidense de Pine Gap en el desierto australiano y algunas demostraciones autónomas en política exterior, predispusieron mal a los enemigos de Witlam. El laborista había retirado a las tropas australianas de Vietnam, se opuso a las pruebas nucleares de Francia en el Pacífico y restableció relaciones diplomáticas con la China de Mao. Falleció en 2014 a los 98 años.
Melgar Hourcade se enteró de la participación de los servicios de ASIS en el golpe de Pinochet cuando investigaba en Uruguay a los represores de la dictadura en su país. Es montevideana. Un día entrevistando al coronel Gilberto Vázquez en la cárcel, éste le sugirió que siguiera la pista australiana en Chile. En 2013, a 40 años de la caída de Allende y con un equipo de la SBS, recogió los testimonios de varios exiliados chilenos que viven en Australia desde la década del ’70. La mayoría coincidió en que deben desclasificarse los documentos.
Víctor Marillanca es uno de ellos: “Debería haber una investigación porque algunas personas que estuvieron directamente involucradas, aún están por aquí, algunos de los que hicieron el trabajo sucio. Y creo que se debería investigar por lo que se hizo en Chile; miles de personas fueron asesinadas, miles fueron torturados. Australia, como una democracia y como el país democrático que decimos que es, debería hacerlo porque esto es una marca negra en su política internacional. Creo que el gobierno debería aclarar esto”. En el sexto país más grande del mundo hay cerca de 25 mil chilenos y varios miles más si se cuentan a sus descendientes.
Diáspora
La colectividad en Australia y dentro de ella el grupo de exiliados que empezó a llegar en los ’70, es una porción pequeña de las víctimas que ocasionó el régimen cívico-militar entre 1973 y 1990. Hubo 3.227 asesinados o que continúan desaparecidos y alrededor de 200 mil se vieron forzados a escapar de Chile durante el régimen que duró casi 17 años, según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o Comisión Valech.
Los sobrevivientes que siguen en Australia exigen reparación. El grupo más activo le envió una carta a la actual ministra de Relaciones Exteriores Marise Payne. En el tramo más crítico del texto describen la “más profunda decepción y repugnancia absoluta” con la participación de los servicios de inteligencia en el derrocamiento de Allende.
Documental
En el documental Allies (Aliados) de Marian Wilkinson estrenado en 1983, el ministro de Inmigración australiano en aquella etapa, Clyde Cameron, comentó que al asumir su cargo descubrió que había entre veinte y veinticuatro puestos con agentes de inteligencia distribuidos por el mundo y que se hacían pasar por funcionarios de su ministerio. “Cuando descubrí el papel que había jugado la inteligencia australiana en el derrocamiento del gobierno de Allende en Chile en 1973, me horroricé al pensar que mi propio departamento estaba involucrado en este tipo de trabajo, y que nuestros agentes de inteligencia actuaban como el intermediario de la CIA, si se quiere, que no podía operar en Chile en ese momento. Entre la CIA y la junta de Pinochet”.
El ex militar Fernandes, de origen indio pero nacionalidad australiana, consiguió en EE.UU lo que no pudo en su propio país. En el Archivo Nacional de Seguridad de Washington se topó con los primeros documentos que hasta ahora le niega el Estado que dirige el liberal Scott Morrison y por los que ha recurrido al Tribunal Administrativo de Apelaciones (AAT) local.
“El gobierno australiano insiste en el secreto para evitar tener que admitir ante el público australiano que ayudó a destruir la democracia chilena”, explicó mientras espera hacerse de las pruebas. Se las ocultan bajo el argumento de que ponen en peligro la seguridad nacional casi medio siglo después.
