La policía de la Ciudad desalojó a las mujeres y niños que acampaban en un sector de la Villa 31, en la toma bautizada La Fuerza de las Mujeres. A las siete de la mañana, decenas de efectivos entraron al barrio sin previo aviso, mientras la mayoria de la gente todavía dormía, para desarmar las precarias casillas y pasar con la topadora. 80 mujeres y 175 chicos permanecían en el lugar -un antiguo basural- desde el mes de julio, reclamando un lugar donde vivir. Muchas de las mujeres venían de sufrir violencia de género, y estaban reclamándole al gobierno de la Ciudad la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones a la situación de vulnerabilidad que atraviesan junto a sus chicos.


"No les importó nada. Tiraron todo lo que había adentro. Vinieron a las 7 de la mañana y nos echaron a la calle peor que a un perro", contó una de las desalojadas.

La toma estaba por cumplir tres meses. Había nacido en los días más fríos del invierno, a raíz del aumento que tuvieron los alquileres en la salida de la pandemia: por una pieza, en la villa hoy se están pidiendo 10 mil pesos mensuales. 


Alicia estaba con sus tres chicos en una de las casillas cuando escuchó llegar a los policías. "Llegaron a las 6, a leernos algo que no sabemos si es válido o no. Yo pedí que estuviera presente alguien de la Defensoría de los Niños, porque tenemos criaturas; tardaron una hora en traer a un señor que dijo que era de la Defensoría, no sabemos si es cierto, no lo conocíamos. El Ministerio de la Mujer de la Nación no vino, siendo que muchas de las mujeres estamos acá porque sufrimos violencia de género. Igual pasaron la topadora, quemaron casas, fue algo inhumano, de violencia al 100. Venimos de escapar de que nuestras parejas nos peguen y ahora sufrimos la violencia del gobierno". 

Bernardino Avila

Ramiro Geber, abogado de las familias, denunció que “ni la fiscalía (a cargo de Valeria Messaglia) ni el gobierno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”. Geber, que es integrante de la APDH, asegura que desde el estado nunca hubo voluntad de intervenir para garantizarle a las familias de la toma sus derechos mínimos. “Lo único que querían hacer era un censo. Les pedimos garantías de que el censo no fuera utilizado para imputarlas, pero la fiscalía no accedió. El gobierno de la Ciudad no dió ninguna solución pese al estado de vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las familias. Sacaron a todo el barrio, con un dispositivo más lamentable en la medida en que había mujeres y niños”.

Las desalojadas, con las pocas pertenencias que lograron salvar del operativo,  permanecen cerca del lugar del acampe, donde otras vecinas de la 31 se acercaron para darles su apoyo. "No te alquilan con chicos", explicó una de ellas. "En eso tienen que fijarse. Tendrían que ayudar a las mamás solteras. Así está la justicia: dejan al hombre en la casa y la mujer con sus hijos terminan en un parador".

El Gobierno de la Ciudad defendió el operativo. A través del Ministerio de Desarrollo Humano, difundió el argumento de que se trataba de una “toma ilegal",  que los ocupantes “nunca aceptaron ser censados ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció” y que “los vecinos del barrio están en contra de la toma”. 

Bernardino Avila

Sin embargo, Walter Córdoba, referente de Somos Barrios de Pie, detalló que "el subsidio que Horacio Rodríguez Larreta a las familias es de 6 mil a 8 mil pesos, es decir que que no alcanza para cubrir un alquiler dentro o fuera del barrio, y caduca a los 6 meses". El problema se agrava porque la mayoría de los propietarios no acepta inquilinos con niños. 

El desalojo fue repudiado por legisladores y organismos de derechos humanos. "La policía de Larreta rompiendo todo en vez de dar respuesta al reclamo de vivenda. Feroz imagen en una ciudad con gente sin casa y casas sin gente", tuiteó Myriam Bregman, diputada de la Ciudad por el FIT, y se preguntó si a "la Legislatura de Larreta le va a dar la cara para votar los convenios urbanísticos que planeaban aprobar hoy". Se trata de la habilitación para construir 16 nuevas torres en la Ciudad, a través de convenios firmados con empresas privadas. Para la oposición, estos proyectos favorecen la especulación inmobiliaria e incrementan el valor del suelo, lo que repercute directamente en los precios de los alquileres. 

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que "en todo este tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se negó a crear la mesa de diálogo que pedían las familias para encontrar una solución al conflicto. No había ningún apuro por recuperar esas tierras. No eran de ningún privado. Eran un baldío que las familias limpiaron para instalarse".