“La mayoría de los conflictos se registran en Salta y Jujuy”, indicó la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), María José Castillo, al ser consultada por los nuevos conflictos de tierras que se hicieron públicos tras las resoluciones judiciales que afectan la posesión de familias campesinas en Salta.

En una caso la jueza de primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal, Griselda Nieto, reconoció la titularidad de las tierras al hermano del expresidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, y a Ana Bracaglia en otro. La decisión afecta a las familias Segovia y Soraire respectivamente, cuyos integrantes viven y trabajan sus tierras en el departamento Rivadavia, en el Chaco salteño. Se sabe que hay otras resoluciones que estarían al salir desde los tribunales provinciales.

Castillo afirmó que cuando iniciaron un relevamiento de los conflictos, según se desprendía de publicaciones en medios de difusión o las denuncias que llegan a la Dirección a su cargo, se pasó de 60 conflictos de tierras relevados en 2020 a unos 153 que se pudieron contabilizar hasta la semana pasada en todo el país.

En Salta, donde las resoluciones judiciales pusieron en alerta al campesinado, la funcionaria nacional reconoció que las dependencias estatales que debieran recolectar pruebas de la posesión de los pobladores rurales están “llegando tarde porque hay casos en donde ya se perdió el juicio”. Sin embargo, se espera poder entablar negociaciones, dado que pese a la disposición judicial, aún rige en la provincia el artículo 9 de la Ley 7658, por el cual se suspenden los desalojos de las familias campesinas.

Por el momento se inició una negociación sobre las tierras que disputan Gianfranco Macri y la familia Segovia en el paraje Pluma de Pato, aunque ya en una situación de desigualdad para la familia campesina. Es que el ofrecimiento del empresario del 10 por ciento de las hectáreas que ocupa actualmente la familia y su relocalización implicaría prácticamente un desalojo forzado. Las condiciones del Chaco salteño no permiten pequeñas unidades productivas, de hecho, se calcula que en esta geografía una vaca necesita 5 hectáreas como mínimo para poder sobrevivir; los Segovia tienen actualmente 200 cabezas de ganado vacuno y ocupan para ello 1500 hectáreas. Si la familia solo pudiera retener 150 hectáreas, perdería la producción vacuna, que es su sustento. 

“Lo que debemos generar es el marco de negociación desde un equilibrio en el diálogo con presencia estatal para tener un soporte que eleve la posición de la familia vulnerable”, explicó Castillo a Salta/12 al sentar la posición del estado nacional frente a estas tensiones. Pues lo que se busca, afirmó, es que se pueda pensar en una superficie mínima que permita al campesinado un uso productivo y sustentable de la tierra. “Si se reducen las hectáreas a ofrecer, que entonces sea viable para la vida en el campo”, y no se los obligue “a migrar a la gran ciudad”, afirmó.

Frente a las controversias sostuvo que se hará un relevamiento que pueda dar cuenta del marco general que atraviesan las familias campesinas “porque nos llega ya cuando está el conflicto”, y es necesario adelantarse a esa situación.

Agronegocio: leyes vs intereses

“Nunca se creó la Unidad Ejecutora”, dijo a Salta/12 el titular de Tierras y Bienes del Estado de la provincia, Esteban Carral, al referirse a la aplicación de la Ley 7658 que crea el Programa de Regularización Dominial para Pequeños Productores, sancionada y promulgada en 2010. Se había indicado que la regularización estaba bajo la órbita de esta dependencia pero Carral lo negó al sostener que solamente interviene en la regularización que atañe a ocupaciones de tierras fiscales.

La falta de aplicación de la ley fue debatida en la sesión del 28 de septiembre pasado en la Cámara de Diputados, cuando se trató la prórroga del artículo 9 de la Ley 7658, que es el que hasta ahora pone una barrera a los desalojos que se ordenaron desde la Justicia provincial. Desde 2010 el artículo se prorroga y tiene vencimiento el 31 de diciembre de este año. La prórroga hasta 2023 ya tiene media sanción y espera el tratamiento del Senado provincial. El tratamiento del proyecto de la prórroga tuvo lugar tras hacerse público el conflicto de tierras entre Gianfranco Macri y la familia Segovia.

El voto unánime a favor de la prórroga incluyó el aporte de un párrafo para incluir “una partida especial en el Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2022, con fundamento en la Ley N° 7.658, con el objeto de que la Autoridad de Aplicación lleve a cabo el registro, relevamiento y asesoramiento de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta contemplados en la mencionada norma”. También se sostiene que hasta el “31 de julio de 2022, la Autoridad de Aplicación deberá elaborar un informe con el resultado detallado de las acciones a las que se refiere el párrafo anterior. Se remitirá copia de dicho informe a ambas cámaras legislativas”.

El diputado Santiago Godoy afirmó durante la sesión que la responsabilidad de los diputados fue impulsar la normativa. “Creamos la ley extraordinaria”, dijo, pero apuntó al “gobierno de turno” (el de Juan Manuel Urtubey), porque “la reglamentó ex profeso mal para que tampoco se la pueda aplicar. O sea que estamos en un callejón sin salida”.

“La idea es que la Cámara de Diputados por lo menos esté atenta porque sabemos que si esto se vence –dentro de 2 ó 3 meses– la Justicia de Salta nos demostró que los van a desalojar sin piedad”, advirtió el legislador al mencionar también el antecedente de la jueza (ya jubilada) Ana María de Feudis, que en su momento dispuso desalojos desconociendo la ley. Luego, recordó Godoy, por la intervención y advertencia de la Cámara de Diputados la magistrada suspendió las ejecuciones de sentencia. La jueza se jubiló con la anuencia del exgobernador Urtubey, cuando se había planteado la posibilidad de iniciarle un jury de enjuiciamiento.

El diputado por Anta, Pedro Sández, reseñ{o los avances del agronegocio desde los 90 y la necesidad de sancionar la Ley Provincial de Protección del Medio Ambiente N° 7070, ante el “atropello y el desmanejo” de las tierras en la provincia. Pero como sucedió y sucede con la Ley 7658, “se la pasó por encima”, al igual que lo acontecido con la ley que enmarca el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). “Me llevo una gran preocupación porque creo que si seguimos de esta manera, para los criollos y la comunidad aborigen no va a haber futuro y será un tema terminal, ya que las grandes multinacionales que están instaladas en el interior (…), no tienen piedad ni les interesa nada, lo único que les importa es terminar la cosecha, trasladar miles y millones de toneladas por los caminos y llevarse los dólares a los paraísos fiscales para enriquecerse”.

“En el año 2020 esta Cámara aprobó un proyecto de resolución referido a la problemática de los desmontes y al tema de la tierra en esa zona (de la ruta nacional 81 en el Chaco salteño); en el 2021 volvimos a hacerlo, pero nadie contestó (…), acá lo que necesitamos es una respuesta por parte del estado provincial, pero no llega porque hay grandes intereses relacionados con los desmontes y el agronegocio”, apuntó por su parte la diputada Silvia Varg.